28 de enero de 2009, 5:26
Esta semana, en el seno de la Unión Europea, representantes de los ministerios de Cultura de los países miembros se han reunido para hablar de la piratería. Pocos días antes una nueva página web recibía una notificación de la Federación Anti Piratería (FAP) avisando a su creador de que el contenido ofrecido allí vulneraba los derechos de autor, e instándole al cierre. La página en cuestión ofrecía subtítulos, en muchos idiomas, para series y películas. Subtítulos creados por internautas registrados en la web. Subtítulos que, al parecer, y según la FAP, permitían “modificar una obra sin consentimiento de su autor".
Cada poco tiempo aparece en los medios una noticia así. Procesos penales y civiles, cierres cautelares de páginas, denuncias, avisos... Y cada poco tiempo la opinión pública se divide en dos bandos: aquellos que quieren criminalizar una nueva forma de transmitir cultura y aquellos que quieren buscar soluciones para que las nuevas tecnologías perjudiquen lo menos posible a todos. Desde que comenzaron estos procesos no he escuchado a ningún abogado, contertulio, internauta o consumidor de cultura defender que los autores no tienen derecho a percibir remuneración por sus obras. Sí les he escuchado decir que quizás la forma “tradicional” de lograrlo ya no funciona, y que hay que buscar nuevas vías que no criminalicen a los individuos.
Y de momento, la única medida aprobada, ha sido la implantación de un canon digital que grava los soportes tecnológicos y entrega la recaudación a una organización privada. Un canon que no sólo no sabemos cómo se va a distribuir una vez llegue a esa organización, sino que se salta a la torera uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico español: la presunción de inocencia. Porque si yo, o cualquiera, cometo un delito, tendré que pagar por ello, pero ¿pagar por adelantado? ¿Por si lo cometo algún día? ¿Por si decido descargarme, grabar o reproducir un material por el que no he pagado los derechos de autor? ¿Y desde cuándo el Estado establece una medida económica que va directamente a engrosar las arcas de un ente privado?
Afortunadamente, en este mundo en el que se condena antes de cometer delitos, en los que se amenaza con cortar el acceso a Internet a los internautas franceses que reincidan en descargarse material sin autorización, hay algunos pioneros que buscan nuevas fórmulas. Quizás la medida de mayor repercusión fue la creación de la iTunes Store (a la que ahora planta cara Napster). Un espacio donde comprar música a un precio bastante más asequible (un ejemplo, “Hard candy”, el último disco de Madonna, puede comprarse a 9,99 euros en iTunes y a 21,95 en soporte físico).
Los internautas han mostrado su apoyo a esta medida, de forma que el pasado mes de enero la tienda de Apple se convirtió en la número uno en ventas, tanto de tiendas físicas como virtuales, en Estados Unidos (con un 19% de cuota de mercado) y la alianza MCPS-PRS, que gestiona los derechos de autor en el Reino Unido, ha hecho públicos los datos sobre ventas de música en este territorio durante 2007: 12,6 millones de euros es a lo que ascienden los ingresos procedentes de Internet. Otros creadores han optado por ofrecer de forma gratuita su música en la Red, comprobando así como el número de personas que les escuchan (y que se convertirán en potencial público en sus conciertos) aumentaba. O que han decidido “subastar” su música (Radiohead ofreció a sus seguidores la posibilidad de decidir cuánto querían pagar por su último trabajo).
Y las cadenas televisivas de todo el mundo empiezan a reaccionar. No son pocas las que ofrecen sus contenidos directamente en la Red al día siguiente de emitirse, y otras tantas (como la norteamericana HBO) han negociado ya que sus producciones puedan ser compradas en la plataforma de Apple, o similares. Y, desde luego, los resultados han sido buenos en ambos casos.
Son estos proyectos, pioneros de una nueva forma de entender la transmisión de ideas, los que deben llenarnos de esperanza. Y los que están destinados a sobrevivir. El nacimiento y popularización de Internet ha supuesto un vuelco en nuestras relaciones, en nuestra forma de entender el mundo, los medios de comunicación. Y la cultura.
Cerrar los ojos a esta realidad supone un suicidio empresarial. La Federación Anti Piratería cifraba en 600 millones de euros las pérdidas que la piratería había provocado en el sector audiovisual en 2006. Quizás porque en cada copia veían un original. Pero quizás no han contado con el hecho de que el que yo disponga en mi casa de una película descargada no significa que, de no existir esa opción, yo habría ido a verla al cine, o me hubiera comprado el DVD. Y quizás no lo habría hecho porque hay gente que me ha demostrado que no necesito pagar 22 euros por un CD, que por poco más de 10 euros (precio del CD virgen incluido) puedo tenerlo en casa.
La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual afirma en su página web que “la cultura es universal, libre, plural y es sin género de dudas el más preciado bien de los pueblos y sociedades; su propia identidad”. El acceso a ella debería ser también universal, libre y plural. Y, sobre todo, adaptado al mundo en el que vivimos. No se trata de quitarles a los autores lo que es suyo, sino de explorar nuevas vías por las que todos salgamos beneficiados.
Cada poco tiempo aparece en los medios una noticia así. Procesos penales y civiles, cierres cautelares de páginas, denuncias, avisos... Y cada poco tiempo la opinión pública se divide en dos bandos: aquellos que quieren criminalizar una nueva forma de transmitir cultura y aquellos que quieren buscar soluciones para que las nuevas tecnologías perjudiquen lo menos posible a todos. Desde que comenzaron estos procesos no he escuchado a ningún abogado, contertulio, internauta o consumidor de cultura defender que los autores no tienen derecho a percibir remuneración por sus obras. Sí les he escuchado decir que quizás la forma “tradicional” de lograrlo ya no funciona, y que hay que buscar nuevas vías que no criminalicen a los individuos.
Y de momento, la única medida aprobada, ha sido la implantación de un canon digital que grava los soportes tecnológicos y entrega la recaudación a una organización privada. Un canon que no sólo no sabemos cómo se va a distribuir una vez llegue a esa organización, sino que se salta a la torera uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico español: la presunción de inocencia. Porque si yo, o cualquiera, cometo un delito, tendré que pagar por ello, pero ¿pagar por adelantado? ¿Por si lo cometo algún día? ¿Por si decido descargarme, grabar o reproducir un material por el que no he pagado los derechos de autor? ¿Y desde cuándo el Estado establece una medida económica que va directamente a engrosar las arcas de un ente privado?
Afortunadamente, en este mundo en el que se condena antes de cometer delitos, en los que se amenaza con cortar el acceso a Internet a los internautas franceses que reincidan en descargarse material sin autorización, hay algunos pioneros que buscan nuevas fórmulas. Quizás la medida de mayor repercusión fue la creación de la iTunes Store (a la que ahora planta cara Napster). Un espacio donde comprar música a un precio bastante más asequible (un ejemplo, “Hard candy”, el último disco de Madonna, puede comprarse a 9,99 euros en iTunes y a 21,95 en soporte físico).
Los internautas han mostrado su apoyo a esta medida, de forma que el pasado mes de enero la tienda de Apple se convirtió en la número uno en ventas, tanto de tiendas físicas como virtuales, en Estados Unidos (con un 19% de cuota de mercado) y la alianza MCPS-PRS, que gestiona los derechos de autor en el Reino Unido, ha hecho públicos los datos sobre ventas de música en este territorio durante 2007: 12,6 millones de euros es a lo que ascienden los ingresos procedentes de Internet. Otros creadores han optado por ofrecer de forma gratuita su música en la Red, comprobando así como el número de personas que les escuchan (y que se convertirán en potencial público en sus conciertos) aumentaba. O que han decidido “subastar” su música (Radiohead ofreció a sus seguidores la posibilidad de decidir cuánto querían pagar por su último trabajo).
Y las cadenas televisivas de todo el mundo empiezan a reaccionar. No son pocas las que ofrecen sus contenidos directamente en la Red al día siguiente de emitirse, y otras tantas (como la norteamericana HBO) han negociado ya que sus producciones puedan ser compradas en la plataforma de Apple, o similares. Y, desde luego, los resultados han sido buenos en ambos casos.
Son estos proyectos, pioneros de una nueva forma de entender la transmisión de ideas, los que deben llenarnos de esperanza. Y los que están destinados a sobrevivir. El nacimiento y popularización de Internet ha supuesto un vuelco en nuestras relaciones, en nuestra forma de entender el mundo, los medios de comunicación. Y la cultura.
Cerrar los ojos a esta realidad supone un suicidio empresarial. La Federación Anti Piratería cifraba en 600 millones de euros las pérdidas que la piratería había provocado en el sector audiovisual en 2006. Quizás porque en cada copia veían un original. Pero quizás no han contado con el hecho de que el que yo disponga en mi casa de una película descargada no significa que, de no existir esa opción, yo habría ido a verla al cine, o me hubiera comprado el DVD. Y quizás no lo habría hecho porque hay gente que me ha demostrado que no necesito pagar 22 euros por un CD, que por poco más de 10 euros (precio del CD virgen incluido) puedo tenerlo en casa.
La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual afirma en su página web que “la cultura es universal, libre, plural y es sin género de dudas el más preciado bien de los pueblos y sociedades; su propia identidad”. El acceso a ella debería ser también universal, libre y plural. Y, sobre todo, adaptado al mundo en el que vivimos. No se trata de quitarles a los autores lo que es suyo, sino de explorar nuevas vías por las que todos salgamos beneficiados.