20 de septiembre de 2010, 17:15
NUEVATRIBUNA.ES - 29.10.2009
...Sea esta percepción real o una mitificación, lo cierto es que ha suscitado por parte del gobierno de Felipe Calderón una serie de respuestas centradas en la “mano dura” llegando a considerar al narcotráfico no ya un problema de seguridad pública sino uno de seguridad nacional. Se le ha declarado la “guerra” al narco, optando por jugar la carta del recurso de excepción como regla: el uso las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Es necesario hacer sobre esto una serie de consideraciones críticas:
Cambiando el nombre del problema
Para justificar el uso del Ejército en materia de narcotráfico es necesario convertir un tema de seguridad pública (delincuencia) en un asunto de seguridad nacional: ¿cuál es la raíz de este malabar? Es incómoda: hasta hace veinte años a nadie se la habría ocurrido que el “narco” era un tema de seguridad nacional, el Ejército se reservaba para la Defensa y para un hipotético enemigo exterior. Este punto de vista cambia en los gobiernos latinoamericanos siguiendo dos directrices norteamericanas: la primera es la noción de enemigo interno que fue acuñada para justificar la entrada del Ejército en la “guerra” contrainsurgente diseñada para eliminar a los opositores revolucionarios de los regímenes autoritarios latinoamericanos. Esta práctica y no otra es la que abre la puerta a la posterior entrada del crimen organizado y el narco como nuevos enemigos internos contra los que las Fuerzas Armadas deben luchar. La segunda directriz americana es la sustitución del objeto de temor de Occidente una vez derribado el Muro de Berlín: los miedos de la Guerra Fría se sustituyen por un miedo más o menos difuso a otros sujetos, entre los que destacan el crimen organizado y el narcotráfico, partes esenciales del clima de inseguridad que se vive.
La pérdida del poder civil frente al castrense
La primera implicación de hacer de la intervención de las FFAA la regla en la lucha contra el narcotráfico es el lógico desequilibrio que crea entre el poder civil y el militar. El empleo del Ejército como consecuencia de la debilidad, ineficiencia o corrupción de las autoridades civiles o policiales es un mal remedio pues obstaculiza la evolución normal de las estructuras civiles del Estado y dota de un poder a los militares que puede debilitar el proceso democrático mexicano. Resulta paradójico que precisamente en los años de la democratización del país, mientras más democracia formal existe, más poder ganan los militares, que cada vez copan en mayor medida las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles. La autoridad civil ha venido actuando como supeditada a la militar (estirando interpretaciones de la Constitución de por medio). Y sin fecha de retirada: no hay plazo de retiro de los militares de estos puestos, ni planes concretos de formación de instituciones policiacas y de procuración de justicia eficientes y que inspiren confianza.
Problemas de ejecución y coordinación
El siguiente problema que implica el uso de las FFAA es que los militares no actúan con una lógica adecuada para el combate a la delincuencia y el trabajo policial en sus operativos: entrenados para allanar y matar, no siempre entregan a los individuos que violan las leyes (o a los sospechosos) a la autoridad competente, convirtiendo esta “mano dura” contra los traficantes en un asunto de castigo y venganza expedita, sin participación del aparato judicial. Se han creado además problemas de coordinación en la lucha contra el narcotráfico, ya que ha provocado rivalidades entre policías y militares: falta de coordinación, y en algunos casos enfrentamientos abiertos, que ponen en tela de juicio la efectividad de esta “guerra”.
La (des)confianza y la violación de Derechos Humanos
Una de las justificaciones más utilizada en el tema del uso del Ejército es la tesis de la confianza, que se basa en análisis de opinión que muestran que la población considera a las Fuerzas Armadas (junto a la Iglesia) como una de las instituciones más confiables, a enorme distancia de la policía o los políticos. Pero una vez más, pasar a la acción basándose en análisis precipitados ha conducido al error: aunque la percepción de confianza en las FFAA sea alta, esta institución (según el ombusdman mexicano J. L. Soberanes) se encuentra entre las tres que más violan los Derechos Humanos en México. Extraña confianza de la ciudadanía en un Ejército denunciado no sólo por nacionales sino por ONGs como Amnesty International. El gobierno en cambio, confía en ellos a pies juntillas: tanto que sigue dejando a los tribunales de la propia institución militar la vigilancia interna de los problemas de corrupción y violaciones de los derechos humanos en lo relacionado a la lucha contra la droga.
El mito de la “miasma”, la incorruptibilidad, y los Zetas
La otra gran justificación para relegar la lucha contra la droga a las fuerzas de seguridad civiles es la tesis de la “penetración”: en México el asunto del narcotráfico se observa como una “miasma” que hay que remover de infiltrados a sueldo del narco en las instituciones del Estado, como si los traficantes hubiesen urdido un plan para colocar a espías en puestos claves de las Fuerzas de Seguridad, para así anticipárseles. Aunque no sea así y se trate más bien de funcionarios estatales que, proclives a la corrupción, son seducidos por la oferta de los criminales, el asunto de la corrupción es real y la tesis hizo fortuna: ha justificado la entrada del Ejército en la lucha antidrogas, por ser considerado menos proclive a esta penetración y a la corrupción, gracias a sus controles internos.
Esta premisa se ha demostrado falsa en la figura de los Zetas: pistoleros de uno de los cárteles de droga, a quienes se ha mitificado hasta el punto de hacerlos parecer una organización invencible, y que son la materialización más reciente del miedo y la violencia en el país. Este grupo de pistoleros está conformado en principio por desertores de una fuerza militar de élite llamada GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), es decir, por elementos de la “incorruptible” fuerza armada del país que pasaron a trabajar para la organización de Osiel Cárdenas Guillén. La “guerra” contra el narcotráfico ha tenido así otro resultado adverso: sin quererlo ha dotado de más capacidad de fuego a los traficantes y ha plantado el germen del paramilitarismo en el país al incluir a ex militares de elite entre sus sicarios.
Nuestro juego: el golpe que el narco aprovecha
Otro problema de la “guerra” de Calderón es simplemente el uso de una estrategia agresiva. Como apuntó hace poco Gutiérrez en la revista “Nexos”: con un gobierno débil, una política de intervención antidroga agresiva tienda a exacerbar y multiplicar la violencia. Es así por la capacidad de retaliación que tienen las organizaciones y porque esta política propicia conflictos entre e intracárteles. Si bien el grueso de la violencia la protagonizan las organizaciones traficantes luchando entre sí, también la acción del gobierno desempeña un papel importante en este brote: las reglas del juego las establece su acción o inacción, y la del Gobierno ha sido una acción provocadora que ha incitado a la violencia directa o indirectamente. Lo peligroso es que el Gobierno está entrando en el juego de los traficantes, pues la detención de capos y los decomisos se han hecho en buena medida por información provista por cárteles rivales cuyo fin es iniciar una ofensiva justo en el momento en que comienza el conflicto intracártel propiciado por el arresto, muerte o decomiso. El Gobierno actuaría sin querer como detonador o coadyuvante de los espirales de violencia de la lucha entre cárteles.
El error y el fracaso de la guerra
Aunque según los índices oficiales tras las declaración de “guerra” ha habido avances en la lucha contra el narcotráfico (ha habido gran cantidad de detenidos y decomisos) la realidad es que la situación ha empeorado ya que hay más decomisos y capturas por la simple razón de que hay más producción, más diversificación del mercado y más cantidad de gente en el negocio. Además, la actividad y el poder de fuego de las organizaciones traficantes han aumentado tras la entrada del Ejército en el combate contra la delincuencia. Cosa previsible, pues ¿por qué los militares mexicanos iban a triunfar en una batalla que llevan perdiendo los de Estados Unidos desde hace casi un siglo? El problema, y de ahí la pertinencia de la crítica a la estrategia del gobierno del uso de la fuerza y del Ejército, es que el plan impulsado desde Los Pinos se ha centrado exclusivamente en lo militar y en lo policial, buscando la erradicación del narco. Como escribe Astorga, es más sensato buscar su contención y el mantenimiento ajeno a las estructuras del Estado. Para esto se necesita un plan simultáneo de prevención de consumo, educación, empleo, cultivos alternativos y una reforma de los cuerpos de seguridad y justicia civiles. La estrategia prevista por Calderón no pasa por ahí.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.
...Sea esta percepción real o una mitificación, lo cierto es que ha suscitado por parte del gobierno de Felipe Calderón una serie de respuestas centradas en la “mano dura” llegando a considerar al narcotráfico no ya un problema de seguridad pública sino uno de seguridad nacional. Se le ha declarado la “guerra” al narco, optando por jugar la carta del recurso de excepción como regla: el uso las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. Es necesario hacer sobre esto una serie de consideraciones críticas:
Cambiando el nombre del problema
Para justificar el uso del Ejército en materia de narcotráfico es necesario convertir un tema de seguridad pública (delincuencia) en un asunto de seguridad nacional: ¿cuál es la raíz de este malabar? Es incómoda: hasta hace veinte años a nadie se la habría ocurrido que el “narco” era un tema de seguridad nacional, el Ejército se reservaba para la Defensa y para un hipotético enemigo exterior. Este punto de vista cambia en los gobiernos latinoamericanos siguiendo dos directrices norteamericanas: la primera es la noción de enemigo interno que fue acuñada para justificar la entrada del Ejército en la “guerra” contrainsurgente diseñada para eliminar a los opositores revolucionarios de los regímenes autoritarios latinoamericanos. Esta práctica y no otra es la que abre la puerta a la posterior entrada del crimen organizado y el narco como nuevos enemigos internos contra los que las Fuerzas Armadas deben luchar. La segunda directriz americana es la sustitución del objeto de temor de Occidente una vez derribado el Muro de Berlín: los miedos de la Guerra Fría se sustituyen por un miedo más o menos difuso a otros sujetos, entre los que destacan el crimen organizado y el narcotráfico, partes esenciales del clima de inseguridad que se vive.
La pérdida del poder civil frente al castrense
La primera implicación de hacer de la intervención de las FFAA la regla en la lucha contra el narcotráfico es el lógico desequilibrio que crea entre el poder civil y el militar. El empleo del Ejército como consecuencia de la debilidad, ineficiencia o corrupción de las autoridades civiles o policiales es un mal remedio pues obstaculiza la evolución normal de las estructuras civiles del Estado y dota de un poder a los militares que puede debilitar el proceso democrático mexicano. Resulta paradójico que precisamente en los años de la democratización del país, mientras más democracia formal existe, más poder ganan los militares, que cada vez copan en mayor medida las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles. La autoridad civil ha venido actuando como supeditada a la militar (estirando interpretaciones de la Constitución de por medio). Y sin fecha de retirada: no hay plazo de retiro de los militares de estos puestos, ni planes concretos de formación de instituciones policiacas y de procuración de justicia eficientes y que inspiren confianza.
Problemas de ejecución y coordinación
El siguiente problema que implica el uso de las FFAA es que los militares no actúan con una lógica adecuada para el combate a la delincuencia y el trabajo policial en sus operativos: entrenados para allanar y matar, no siempre entregan a los individuos que violan las leyes (o a los sospechosos) a la autoridad competente, convirtiendo esta “mano dura” contra los traficantes en un asunto de castigo y venganza expedita, sin participación del aparato judicial. Se han creado además problemas de coordinación en la lucha contra el narcotráfico, ya que ha provocado rivalidades entre policías y militares: falta de coordinación, y en algunos casos enfrentamientos abiertos, que ponen en tela de juicio la efectividad de esta “guerra”.
La (des)confianza y la violación de Derechos Humanos
Una de las justificaciones más utilizada en el tema del uso del Ejército es la tesis de la confianza, que se basa en análisis de opinión que muestran que la población considera a las Fuerzas Armadas (junto a la Iglesia) como una de las instituciones más confiables, a enorme distancia de la policía o los políticos. Pero una vez más, pasar a la acción basándose en análisis precipitados ha conducido al error: aunque la percepción de confianza en las FFAA sea alta, esta institución (según el ombusdman mexicano J. L. Soberanes) se encuentra entre las tres que más violan los Derechos Humanos en México. Extraña confianza de la ciudadanía en un Ejército denunciado no sólo por nacionales sino por ONGs como Amnesty International. El gobierno en cambio, confía en ellos a pies juntillas: tanto que sigue dejando a los tribunales de la propia institución militar la vigilancia interna de los problemas de corrupción y violaciones de los derechos humanos en lo relacionado a la lucha contra la droga.
El mito de la “miasma”, la incorruptibilidad, y los Zetas
La otra gran justificación para relegar la lucha contra la droga a las fuerzas de seguridad civiles es la tesis de la “penetración”: en México el asunto del narcotráfico se observa como una “miasma” que hay que remover de infiltrados a sueldo del narco en las instituciones del Estado, como si los traficantes hubiesen urdido un plan para colocar a espías en puestos claves de las Fuerzas de Seguridad, para así anticipárseles. Aunque no sea así y se trate más bien de funcionarios estatales que, proclives a la corrupción, son seducidos por la oferta de los criminales, el asunto de la corrupción es real y la tesis hizo fortuna: ha justificado la entrada del Ejército en la lucha antidrogas, por ser considerado menos proclive a esta penetración y a la corrupción, gracias a sus controles internos.
Esta premisa se ha demostrado falsa en la figura de los Zetas: pistoleros de uno de los cárteles de droga, a quienes se ha mitificado hasta el punto de hacerlos parecer una organización invencible, y que son la materialización más reciente del miedo y la violencia en el país. Este grupo de pistoleros está conformado en principio por desertores de una fuerza militar de élite llamada GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), es decir, por elementos de la “incorruptible” fuerza armada del país que pasaron a trabajar para la organización de Osiel Cárdenas Guillén. La “guerra” contra el narcotráfico ha tenido así otro resultado adverso: sin quererlo ha dotado de más capacidad de fuego a los traficantes y ha plantado el germen del paramilitarismo en el país al incluir a ex militares de elite entre sus sicarios.
Nuestro juego: el golpe que el narco aprovecha
Otro problema de la “guerra” de Calderón es simplemente el uso de una estrategia agresiva. Como apuntó hace poco Gutiérrez en la revista “Nexos”: con un gobierno débil, una política de intervención antidroga agresiva tienda a exacerbar y multiplicar la violencia. Es así por la capacidad de retaliación que tienen las organizaciones y porque esta política propicia conflictos entre e intracárteles. Si bien el grueso de la violencia la protagonizan las organizaciones traficantes luchando entre sí, también la acción del gobierno desempeña un papel importante en este brote: las reglas del juego las establece su acción o inacción, y la del Gobierno ha sido una acción provocadora que ha incitado a la violencia directa o indirectamente. Lo peligroso es que el Gobierno está entrando en el juego de los traficantes, pues la detención de capos y los decomisos se han hecho en buena medida por información provista por cárteles rivales cuyo fin es iniciar una ofensiva justo en el momento en que comienza el conflicto intracártel propiciado por el arresto, muerte o decomiso. El Gobierno actuaría sin querer como detonador o coadyuvante de los espirales de violencia de la lucha entre cárteles.
El error y el fracaso de la guerra
Aunque según los índices oficiales tras las declaración de “guerra” ha habido avances en la lucha contra el narcotráfico (ha habido gran cantidad de detenidos y decomisos) la realidad es que la situación ha empeorado ya que hay más decomisos y capturas por la simple razón de que hay más producción, más diversificación del mercado y más cantidad de gente en el negocio. Además, la actividad y el poder de fuego de las organizaciones traficantes han aumentado tras la entrada del Ejército en el combate contra la delincuencia. Cosa previsible, pues ¿por qué los militares mexicanos iban a triunfar en una batalla que llevan perdiendo los de Estados Unidos desde hace casi un siglo? El problema, y de ahí la pertinencia de la crítica a la estrategia del gobierno del uso de la fuerza y del Ejército, es que el plan impulsado desde Los Pinos se ha centrado exclusivamente en lo militar y en lo policial, buscando la erradicación del narco. Como escribe Astorga, es más sensato buscar su contención y el mantenimiento ajeno a las estructuras del Estado. Para esto se necesita un plan simultáneo de prevención de consumo, educación, empleo, cultivos alternativos y una reforma de los cuerpos de seguridad y justicia civiles. La estrategia prevista por Calderón no pasa por ahí.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.