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jueves 26/5/22

Concurso de medicamentos en Andalucía

La fijación de precios de los medicamentos en España es una competencia del Gobierno Central. En la actualidad es un proceso poco transparente que, a través de una comisión interministerial de Sanidad e Industria, finalmente se rige por una regla no escrita de armonizar con precios equivalentes a los que el producto tiene o va a tener en el resto de Europa, en todo caso con cambios a la baja.

La fijación de precios de los medicamentos en España es una competencia del Gobierno Central. En la actualidad es un proceso poco transparente que, a través de una comisión interministerial de Sanidad e Industria, finalmente se rige por una regla no escrita de armonizar con precios equivalentes a los que el producto tiene o va a tener en el resto de Europa, en todo caso con cambios a la baja.

Esta rebaja se explica por el menor poder adquisitivo de los salarios y el menor PIB de nuestro país respecto a otros comunitarios, pero no puede ser muy grande porque si no, se incentivarían exportaciones paralelas, fraudulentas, desde España a otros países comunitarios como ha ocurrido en el pasado.

Por otro lado, no hay que olvidar que el precio del medicamento es un precio industrial a un producto muy regulado administrativamente y que siempre es un precio máximo sobre el que se pueden aplicar condiciones de compra negociadas. Una cosa es ese precio abstracto y otra es lo que se paga en una determinada compra. El precio del medicamento en España se denomina oficialmente Precio Venta al Público o PVP e incluye el margen de las distribuidoras y oficinas de farmacia. De este precio oficial deriva otro precio oficioso, el llamado PVL, o precio venta laboratorio, que es el resultante de detraer del anterior el margen de distribuidoras y oficinas de farmacia.

Por supuesto las aseguradoras y hospitales privados compran mediante negociación a precios mucho más bajos que el PVL. También los hospitales públicos en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas llevan muchísimos años comprando los medicamentos a precios mucho más bajos que el PVL mediante concursos público y procedimientos negociados. Desde hace menos años, los entes gestores de asistencia sanitaria de las comunidades autónomas han establecido centrales de compra para sus hospitales y centros de salud que han obtenido precios de mercado también muy inferiores al PVL.

Es más, muchas oficinas de farmacia individuales o agrupadas en plataformas logísticas o redes empresariales, han realizado subastas de medicamentos, de forma que los compraban directamente a los proveedores a precios muy inferiores al PVL por lo que multiplicaban su margen. Es decir, obtenían el margen correspondiente a la diferencia entre el PVP y el PVL, pero además el margen comercial obtenido por debajo del PVL.

En todos los casos, hospitales, servicios de salud, agrupaciones de farmacias negocian precios en base a acuerdos por volumen de compras. A nadie se le escapa que los proveedores, en este caso los laboratorios farmacéuticos bajan los precios que tienen oficialmente concedidos en tanto en cuanto se aseguran un determinado volumen de ventas. A mayor volumen de ventas son posibles menores precios Es lo que se llama economía de escala. Y esto último es muy importante para poner en su justa medida el galimatías actual en torno a la mal llamada “subasta” de medicamentos en Andalucía.

Sobre la reyerta entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

En primer lugar hay que decir que la iniciativa del Servicio Andaluz de Salud de establecer un acuerdo para el suministro único de determinados principios activos en la prestación de recetas se trata de un paso más en la capacidad de los clientes de negociar sus condiciones de compra. Además, es legal porque no afecta al precio oficial del medicamento que es competencia del Ministerio sino, como se ha dicho más arriba, a las condiciones de compra. También, para no vulnerar los intereses de las distribuidoras y oficinas de farmacia no se establece como descuento en la factura, sino como compensación posterior. Es decir, dado que el margen de distribuidoras y farmacias es un porcentaje sobre la factura, esta no se reduce y las farmacias ingresarán lo mismo. Es el fabricante el que hace un reintegro posterior al SAS por volumen de ventas.

En unos momentos de crisis esta iniciativa se suma a otras que permiten reducir costes y ayudar a la sostenibilidad del sistema en un entorno de “todos ganan” pues no se puede identificar un agente o sector que salga perjudicado.

La reacción del Ministerio de paralizar mediante un recurso al Tribunal Supremo el concurso andaluz es incomprensible. Por un lado, supuestamente, se basa en su competencia exclusiva sobre precios, cuando como se ha visto más arriba no se altera el precio regulatorio o PVP sino las condiciones de compra. En segundo lugar es un flaco favor a su supuesto deseo de contención del déficit. Al contrario, hubiera sido deseable que extendiera el modelo a otras comunidades autónomas.

Pero si la paralización mediante un recurso legal es incomprensible, lo que sí es inadmisible es, de confirmarse, el posible obstruccionismo del proceso mediante amenazas a los proveedores. Esta acción es más propia de organizaciones secretas que de la administración pública. En este sentido, la rebaja unilateral del precio de sus medicamentos a los laboratorios que firmaron el acuerdo en Andalucía y la velada amenaza de hacer lo mismo con los que se presentaron al concurso y finalmente no firmaron (El País 14/04/2012), en primer lugar parece confirmar que las amenazas existieron y en segundo lugar reafirma aún más la política de matonismo.

Es cierto que el Ministerio tiene la capacidad legal de subir o bajar precios, recordemos una vez más, precios máximos, pero en todo caso se debe hacer por causas objetivas, como por ejemplo por la extensión de indicaciones, cambios en los procesos industriales o en las condiciones de mercado. Lo que no puede hacer el Ministerio es bajar precios máximos porque en determinado ámbito se ha llegado a condiciones de compra vinculadas a volumen de compras. El Ministerio no compra y por tanto no garantiza ventas a los laboratorios, es decir que, por el hecho de que un fabricante haya llegado a un acuerdo de compras con el SAS para el suministro a 8 millones de habitantes, el Ministerio no puede exigir ese precio oficial para ventas en cualquier ámbito, por ejemplo, a un solo habitante que acuda a una farmacia a comprar una caja de su bolsillo.

Pero el problema principal de todo este asunto es su politización. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha usado este concurso como un arma propagandista en la reciente campaña electoral, y el gobierno está boicoteando la iniciativa, probablemente también porque la realiza un gobierno del PSOE y por una mala digestión de los resultados de las recientes elecciones. Mientras las decisiones de registro, financiación y compras de medicamentos se utilicen para azuzar el bipartidismo hay poco margen para la racionalidad económica.

Hay que recordar que, al margen de los precios, el Ministerio tiene competencias para establecer condiciones de financiación selectiva de medicamentos en base a su relación coste-efectividad respecto a otras alternativas existentes para, por ejemplo, retirarlos de la financiación, establecer acuerdos de riesgo compartido o restringirlos a subgrupos de pacientes en los que esta relación sea más favorable. Estas iniciativas sí que tienen grandes repercusiones en el gasto de medicamentos, mucho mayores que los márgenes que se pueden obtener con las subastas de fármacos y hay que recordar que ni en los 8 años del gobierno Zapatero ni en el futuro inmediato previsible hubo o hay ninguna propuesta en este sentido.

Concurso de medicamentos en Andalucía
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