14 de abril de 2009, 8:46
NUEVATRIBUNA.ES - 16.2.2009
En los últimos días se han conocido denuncias sobre el proceder cuando menos sorprendebnte de las fuerzas de orden público en la identificación y detención de inmigrantes para cumplir determinados cupos de detenciones y de expulsiones de personas en situación administrativa irregular; denuncias que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil reconoció en un comunicado la tarde del domingo admitiendo que existen "directrices" para efectuar un número de detenciones de extranjeros en situación irregular, en función de la población de cada distrito y sus niveles delincuenciales.
Volver a asimilar inmigración con delincuencia resulta un error de enormes proporciones y supone un flaco favor para la convivencia. Primero porque no es cierto que inmigración sea sinónimo de inseguridad. Después de que en los años anteriores se haya resaltado tanto el aporte de la inmigración -probado y comprobado-, no parece legítimo ahora que en tiempo de crisis se la quiera culpar hasta de sus consecuencias o convertirla en chivo expiatorio de todos los males.
Conviene recordar la definición de Ortega y Gasset sobre el orden: “no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior”. Es aleccionadora para el caso porque justamente sucede todo lo contrario con estas detenciones discriminadas por fenotipo y nacionalidad. Los inmigrantes son también vecinos de nuestra ciudad y nuestros distritos. La policía carece de formación sobre este cambio social y cultural que está produciendo la inmigración y buena parte de su cuerpo sigue anclado en “valores” del pasado, por decirlo suavemente. Y, lo que es más importante, los sindicatos policiales, precisamente desde una visión escrupulosa con el garantismo constitucional, están planteando lo inadecuado de este tipo de detenciones.
Aquí cabría más bien hablar de inseguridad institucional, dado que la acción policial obedece a órdenes administrativas, cuyas consecuencias muestran un exceso en sus atribuciones coactivas. En caso de que hubiera un desorden, un sistema democrático no puede anteponer injusticia a desorden, ni dar con una mano lo que quita con otra, pues estamos hablando de principios y valores que afectan a la esencia misma del sistema y de su ordenamiento. Según la opinión de múltiples tratadistas, aún cuando seguridad-orden y libertad-justicia no se contraponen en sistemas democráticos, cuando se produce una situación de colisión o de dilema deben prevalecer las garantías sobre cualquier otro tipo de razones, asegurando el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos (aunque estos sean ciudadanos de otros países), como garantía del derecho en mayúsculas y de la democracia como sistema de ejercicio y no meramente formal. Aunque la derecha, desde una postura maniquea y bastante hipócrita, asocie debilidad a gobiernos de izquierda, a la hora de establecer el “orden” lo que corresponde es realizar pedagogía política, cambiando este viejo y rancio estereotipo que alguien ya predicó en otras épocas en España señalando que la calle era suya.
Según mi criterio, asistimos a un reto más para las fuerzas progresistas: garantizar y demostrar la vigencia de un principio de seguridad basado en el garantismo constitucional y el avance de los derechos, no en el retroceso y la mezquindad.
El principio de seguridad ciudadana no puede hacer desaparecer el de libertad individual, es más, no se deben contraponer ambos conceptos y cualquier limitación de la libertad individual debe respetar la Constitución. Los ciudadanos no pueden quedar abandonados a los excesos o errores de las fuerzas de seguridad. Reeditar este debate es volver al año 91, cuando se elaboró la Ley de Seguridad Ciudadana. Quizás el problema sea que la mentalidad policial no haya cambiado lo necesario para afrontar los nuevos retos de la igualdad en una sociedad diversa.
Yolanda Villavicencio es diputada socialista de la Asamblea de Madrid
En los últimos días se han conocido denuncias sobre el proceder cuando menos sorprendebnte de las fuerzas de orden público en la identificación y detención de inmigrantes para cumplir determinados cupos de detenciones y de expulsiones de personas en situación administrativa irregular; denuncias que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil reconoció en un comunicado la tarde del domingo admitiendo que existen "directrices" para efectuar un número de detenciones de extranjeros en situación irregular, en función de la población de cada distrito y sus niveles delincuenciales.
Volver a asimilar inmigración con delincuencia resulta un error de enormes proporciones y supone un flaco favor para la convivencia. Primero porque no es cierto que inmigración sea sinónimo de inseguridad. Después de que en los años anteriores se haya resaltado tanto el aporte de la inmigración -probado y comprobado-, no parece legítimo ahora que en tiempo de crisis se la quiera culpar hasta de sus consecuencias o convertirla en chivo expiatorio de todos los males.
Conviene recordar la definición de Ortega y Gasset sobre el orden: “no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior”. Es aleccionadora para el caso porque justamente sucede todo lo contrario con estas detenciones discriminadas por fenotipo y nacionalidad. Los inmigrantes son también vecinos de nuestra ciudad y nuestros distritos. La policía carece de formación sobre este cambio social y cultural que está produciendo la inmigración y buena parte de su cuerpo sigue anclado en “valores” del pasado, por decirlo suavemente. Y, lo que es más importante, los sindicatos policiales, precisamente desde una visión escrupulosa con el garantismo constitucional, están planteando lo inadecuado de este tipo de detenciones.
Aquí cabría más bien hablar de inseguridad institucional, dado que la acción policial obedece a órdenes administrativas, cuyas consecuencias muestran un exceso en sus atribuciones coactivas. En caso de que hubiera un desorden, un sistema democrático no puede anteponer injusticia a desorden, ni dar con una mano lo que quita con otra, pues estamos hablando de principios y valores que afectan a la esencia misma del sistema y de su ordenamiento. Según la opinión de múltiples tratadistas, aún cuando seguridad-orden y libertad-justicia no se contraponen en sistemas democráticos, cuando se produce una situación de colisión o de dilema deben prevalecer las garantías sobre cualquier otro tipo de razones, asegurando el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos (aunque estos sean ciudadanos de otros países), como garantía del derecho en mayúsculas y de la democracia como sistema de ejercicio y no meramente formal. Aunque la derecha, desde una postura maniquea y bastante hipócrita, asocie debilidad a gobiernos de izquierda, a la hora de establecer el “orden” lo que corresponde es realizar pedagogía política, cambiando este viejo y rancio estereotipo que alguien ya predicó en otras épocas en España señalando que la calle era suya.
Según mi criterio, asistimos a un reto más para las fuerzas progresistas: garantizar y demostrar la vigencia de un principio de seguridad basado en el garantismo constitucional y el avance de los derechos, no en el retroceso y la mezquindad.
El principio de seguridad ciudadana no puede hacer desaparecer el de libertad individual, es más, no se deben contraponer ambos conceptos y cualquier limitación de la libertad individual debe respetar la Constitución. Los ciudadanos no pueden quedar abandonados a los excesos o errores de las fuerzas de seguridad. Reeditar este debate es volver al año 91, cuando se elaboró la Ley de Seguridad Ciudadana. Quizás el problema sea que la mentalidad policial no haya cambiado lo necesario para afrontar los nuevos retos de la igualdad en una sociedad diversa.
Yolanda Villavicencio es diputada socialista de la Asamblea de Madrid