viernes. 29.03.2024

Con el dedo en el ladrillo

NUEVATRIBUNA.ES - 27.5.2009La mafia no sólo es –que también—un tiroteo impune en el vestíbulo de un hotel, una bala perdida que mata a un simple transeúnte, un disparo a bocajarro en el rostro de un camello desprevenido, el supuesto suicidio de un dentista o de un funcionario de los juzgados. A la mafia –se lo oí hace años al abogado de unos capos--, la violencia suele fastidiarle los negocios.
NUEVATRIBUNA.ES - 27.5.2009

La mafia no sólo es –que también—un tiroteo impune en el vestíbulo de un hotel, una bala perdida que mata a un simple transeúnte, un disparo a bocajarro en el rostro de un camello desprevenido, el supuesto suicidio de un dentista o de un funcionario de los juzgados. A la mafia –se lo oí hace años al abogado de unos capos--, la violencia suele fastidiarle los negocios. Así que piano-piano, el crimen organizado en nuestro país ha ido tomando por lo común otro cuerpo más apacible, el de supuestos empresarios y presuntos alcaldes, el de inversores que terminaban mangándole la cartera al estado de derecho o tahúres que hacían trampas jugando las cartas de la ley del suelo.

De ese fenómeno nos habla el libro “Costa Nostra” (Ed. Atrapasueños), que suscriben Antonio Romero, histórico dirigente de Izquierda Unida en Andalucía que en 2005 auspició el Observatorio de la Mafia y el Crimen Organizado, y el periodista Miguel Díaz. Desde su portada, un expresivo monigote de Juan Ramos Mora, viste apariencia de gangster pero nos apunta a la cara con el dedo en el ladrillo. Se trata, sobre todo, de un formidable mapa sobre las tramas de corrupción con que se entrelaza el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, centrándose en la conocida geografía mediática de la Costa del Sol, que ambos conocen bien.

El crimen fue el primer segmento de la economía que se globalizó, porque no hay nada más neoliberal que la clásica consigna de “toma el dinero y corre” o “manos arriba, esto es un atraco”, que suelen pronunciar a menudo tanto quienes se dedican a asaltar bancos como quienes deciden fundarlos. Se sabe que la presencia de organizaciones ligadas a la delincuencia internacional en nuestro país data de antiguo, desde comienzos del siglo XX, con operaciones ligadas al contrabando a mayor o menor escala, o con el blanqueo de fondos de los diversos totalitarismos europeos bajo la dictadura de Francisco Franco. En los inicios de la etapa democrática, se disparó el consumo de estupefacientes, primero los derivados de la cannabis y luego, los opiáceos, especialmente la heroína. Fue entonces cuando, en su informe de 1979, la Fiscalía General del Estado detectó la presencia de bandas organizadas, en especial la mafia turca, en operaciones de narcotráfico desarticuladas en este mismo escenario, incluso en zonas tan chic como el complejo turístico de Sotogrande.

La progresiva liberalización de los mercados, la caída del muro de Berlín, la democratización relativa de la antigua Unión Soviética y la generalización del liberalismo a ultranza que preconizó la Escuela de Chicago para la economía mundial, provocaron el auge de la economía sumergida que nutrió al hampa propio y extraño: la Mafia, la Ndranghetta, la Camorra y otros grupos ligados al delito en Italia, bandas belgas, británicas, portuguesas, francesas o alemanas que lo mismo se dedicaban al canje de drogas naturales o químicas que a la compraventa de vehículos robados, y la activa delincuencia organizada rusa encontraron en España, sobre todo, una formidable plataforma para el blanqueo de dinero, más que como teatro de sus principales operaciones. Así, no sólo se consolidaron los paraísos fiscales como el centro financiero de Gibraltar y otros que la Unión Europea toleró incluso en su propio perímetro territorial, sino que el blanqueo se generalizó a través de actuaciones que, en principio, contaban con todas las de la ley: sucursales bancarias, oficinas de cambio o de agencias de viajes, inmobiliarias y otras actividades legítimas se vieron implicadas en una serie de redes que limpiaban el sospechoso origen de capitales mafiosos y que sentaron plaza desde el Levante español a Galicia, las grandes capitales y el sur de la Península. Sorprendentemente, la primera ley contra el blanqueo de dinero negro no se promulgó en España hasta la tardía fecha de 1992.

Esa es la atmósfera que Félix Bayón retrató en buena parte de sus artículos o en su novela casi póstuma, “De un mal golpe”. Es en ese contexto cuando nos sobreviene la politización del crimen organizado, cuyo máximo exponente fue el gilismo, que mantiene todavía algún que otro foco residual en el seno de algunas instituciones y de partidos democráticos fuera de casi toda sospecha. Jesús Gil y sus comparsas no actuaron solos sino en compañía de otros: poderosos intereses presumiblemente foráneos y hampones que aún no han aflorado en su plenitud, pero que pueden intuirse a partir de lo que conocemos de algunas de las operaciones más emblemáticas que la Justicia ha emprendido en su contra: Malaya, Hidalgo y Ballena Blanca, lo que Romero y Díaz califican como “el podium de la criminalidad en la Costa del Sol”.

“Como socios de estas escandalosas tropelías, principalmente las urbanísticas, el que también fuera presidente del Club Atlético de Madrid, se rodeó de insignes miembros del Crimen Organizado –denuncian--, entre los que destacan algunos de los capos italianos del clan Santapaola, perteneciente a la mafia de Catania, el traficante de armas saudí, Adnan Kasogue e importantes lugartenientes de la mafia rusa”.

Por no hablar de los históricos Felice Cultrera y Gianni Menino, pioneros en lo suyo por estos mismos pagos, con los que también tuvo contactos el patriarca del gilismo. De hecho, como se cita en este libro, esas y otras relaciones se aprecian en numerosos documentos como la investigación emprendida por el ministerio de Hacienda en 1999 en torno a su patrimonio y sociedades. Lo curioso es que no se suele reparar en este aspecto crucial para analizar lo ocurrido en la Costa del Sol desde la victoria del gilismo en las elecciones de 1991. Nos quedamos en la anécdota de la pinacoteca escatológica de Juan Antonio Roca o en los escarceos rocieros y tonadilleros de Julián Muñoz. Pero tampoco nos preguntamos por qué la Justicia fue tan espectacularmente lenta a la hora de actuar frente a lo que a todas luces parecía sencillamente lo que era: el saqueo del patrimonio público a manos de una horda de robagallinas de alto copete y de cuello blanco.

La guía de los principales golpes al Crimen Organizado en la Costa del Sol parte de la Operación El Paredón, fechada en marzo de 2000 con el decomiso de 1.800 kilos de cocaína en Alhaurín de la Torre; o la Operación Tineo-Pitufo del año siguiente en Estepona, o la Operación Casino de 2005, relativas ambas al robo de coches de lujo a escala internacional; o la detención de cuatro sicarios de la Camorra, en 2002, en Rincón de la Victoria, y la de Sacar Knyazevich Kalashov, el máximo responsable de las mafias rusas en la Costa, detenido en Dubai en 2006 a instancias de un juez de la Audiencia Nacional: ese mismo año y en el contexto de la Operación Avispa caerían otros jefes de organizaciones de la antigua Unión Soviética, como las temibles Sonsevska, Ismailvska y Bratkskaya, con la intervención subsiguiente de un millar de cuentas bancarias, numerosas fincas en España y vehículos de alta gama. Dos años más tarde, Baltasar Garzón asestaría un nuevo golpe a esta madeja con la caída de Guennadi Petrov, el Al Capone ruso que dirigía sus negocios desde su mansión en la localidad mallorquina de Calviá, en una urbanización tan selecta que contaba con Pilar de Borbón como vecina.

La Operación Ballena Blanca, según recuerdan los autores del libro, salta a la luz en marzo de 2005, a partir de que la Fiscalía Anticorrupción lograse demostrar la existencia de una red que logró blanquear al menos 12 millones de euros a través de una telaraña empresarial tejida en torno al bufete del abogado Fernando del Valle, afincado en Marbella y que llegó a implicar a Pedro Tirado, alcalde de Manilva en las filas del GIL y fundador del Partido Democrático que llevaba el nombre de dicha localidad. “En Ballena Blanca –afirman—se dan todos los ingredientes de las operaciones del urbanismo mafioso imperante en la Costa del Sol: corrupción política, colaboración necesaria y permisividad de abogados, notarios, banqueros, registradores de la propiedad, urbanismo especulativo con promociones por todos los puntos calientes de la Costa (Marbella, Manilva, Benahavís, Estepona), conexiones internacionales, a través del capital ruso de la petrolera Yukos, paraísos fiscales con sociedades en Gibraltar, Isla de Man, etc., incautación de centenares de fincas, decenas de coches de lujo y hasta un yate atracado en Puerto Banús y dos aeronaves”.

La Operación Malaya, tal y como se bautizó a una operación que, un año después, terminó por imputar a 117 personas –entre ellos cuatro alcaldes y decenas de concejales-- con un mínimo de 2.400 millones de euros blanqueados, supuso la intervención y posterior disolución del Ayuntamiento de Marbella, con la detención de la alcaldesa y varios concejales, además del asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. Todo un reto para la justicia que puso en entredicho, mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo de desarrollo urbanístico a escala estatal, eso que conocemos como “ladrillazo”.

“El saqueo de las arcas municipales y el expolio del patrimonio público se desmenuza en los 73 tomos de la instrucción. Muestran con minuciosidad los perversos mecanismos empleados por la organización criminal que gobernaba en el Ayuntamiento de Marbella y que mantenía estrechos lazos con otros grupos delictivos que blanqueaban miles de millones de euros de oscura procedencia en el sector inmobiliario. Cobraban comisiones millonarias a cambio de recalificaciones, permisos o concesiones, y desviaban importantes sumas a paraísos fiscales… Ningún trámite importante, menos aún si se relacionaba con la gestión urbanística, podía contar con el visto bueno municipal sin pasar por caja y recibir el plácet del jefe de la mafia local, Juan Antonio Roca”.

Otro año después, en abril de 2007, la Operación Hidalgo puso contra las cueras a tres notarios, dos de ellos ya imputados en la Operación Ballena blanca. Otras veinte personas fueron detenidas en una red que permitió el blanqueo de 92 millones de euros a través de 600 cuentas en 22 entidades bancarias distintas: “La Fiscalía –reseña esta obra—ha constatado la participación de ocho organizaciones con conexiones internacionales, cuyos miembros se vinculan a delitos fiscales, tráfico de drogas, fraude y malversación. Entre los detenidos se contaban personas de nacionalidad sueca, paquistaní, jordana, alemana, holandesa y española”.

La justicia ha actuado con lentitud. Algunos servidores públicos han cruzado la delgada línea roja de la ley. Y los gobiernos siguen siendo remolones a la hora de “acometer las reformas precisas para afianzar un sistema capaz de combatir la corrupción e infiltración de los grupos de Crimen Organizado”. Falta, a juicio de los autores, un Pacto de Estado contra la corrupción y la especulación urbanística. No cabe, por lo tanto, cerrar en falso esa cadena de escándalos. “El caso de Marbella tendría que haber motivado una profunda reflexión acerca de los ayuntamientos en materia urbanística, las alianzas con grupos organizados y paraísos fiscales para el blanqueo de capitales delictivos en un escenario de construcción desaforada, la vulneración de la legalidad urbanística, la denegación de las estructuras democráticas, la proliferación de empresas municipales infladas de personal y sumidas en el oscurantismo o el injusto modelo de financiación municipal. Sin embargo, quedó en la espectacularidad de la intervención judicial, las imágenes de la entrada masiva de concejales y alcaldes en prisión y las jactanciosas afirmaciones de que el Estado de Derecho había funcionado una vez más merced a la disolución dictada por el Consejo de Ministros. Esta complacencia hipócrita ha privado al conjunto de la sociedad de una oportunidad inmejorable para transformar el modelo y poner coto al urbanismo descontrolado y a las dinámicas políticas de corte mafioso que el GIL, sus amistades peligrosas y la acción de los grupos del Crimen Organizado, siempre bajo la torpe o cómplice respuesta de los respectivos gobiernos, han acabado por instaurar, con mayor o menor medida, en numerosos puntos del litoral, no ya costasoleño o andaluz, sino mediterráneo”.

Muerto el gilismo, vienen a concluir Romero y Díaz, no acabó su rabia.

Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.

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