"Verguenza es todo lo que siento", repetía la gallega hace unos días luego de saber que en su país, España, los hacedores de reales leyes prevén criminalizar la solidaridad, quizás como colofón de una larga lista de medidas antipersona impulsadas por el gobierno de Mariano Rajoy que -centrado en su cruzada deshumanizadora- impulsa ahora una modificación del Código Penal mediante la cual podría multarse, e incluso encarcelarse, a todo aquel ciudadano que tenga la ocurrencia de ser solidario. "Verguenza es todo lo que siento", insistía la gallega, atenta a las pésimas noticias que vía satélite y en riguroso directo llegaban desde su lejana tierra.
Y verguenza sería incluso un sentimiento menor si se lo comparase con otras emociones que tamaño atentado contra los derechos humanos a la gallega le provoca. "Porque Imagínese usted!. Prohibirle a la gente que ayude a los inmigrantes; multarlos como si estuviesen cometiendo un delito...Dios mío!, a lo que hemos llegado".
A la gallega la noticia le cayó como un balde de agua fría. Quizás porque aún no olvida que tanto ella como otros miles de españoles emigrados dependieron -en parte- de la solidaridad del pueblo que los acogía, de la ayuda de la gente, de ese valor humano que ahora un tal Gallardón pretende criminalizar; ya que según el artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma impulsado por el Ministro de Justicia, "quien colabore con los inmigrantes irregulares prestándoles asistencia humanitaria, podrá ser multado y castigado con dos años de cárcel".
Con la intención de ahorrarse unos 500 millones de Euros, el gobierno de Mariano Rajoy quitó la asistencia sanitaria a más de 150 mil inmigrantes en situación irregular mediante el real decreto que entró en vigor en septiembre de 2012. No conforme con esta iniciativa, la justicia estudia ahora la posibilidad de aplicar una nueva ley que deje definitivamente sin ningún amparo a este colectivo; y lo hace criminalizando la solidaridad, multando a quienes por humanidad deciden prestarle asistencia. "Verguenza es todo lo que siento", decía ayer la gallega al enterarse de este maquiavélico plan.
La plataforma "Salvemos la Hospitalidad" ya ha iniciado una campaña para advertir acerca de lo que esta ley, de aplicarse, podría provocar. "El Gobierno anterior ya intentó –sin éxito- sancionar a quienes desarrollaban prácticas de solidaridad y hospitalidad hacia extranjeros en situación irregular. La reforma del Código Penal que acaba de presentarse va más allá: las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a extranjeros en situación irregular serán considerados criminales: detenidas, juzgadas y condenadas a hasta dos años de cárcel".
"Pobre España", dice la gallega de tanto en tanto, sin dejar de recordar el hambre que impulsó a su padre a emigrar a América Latina hace más de cincuenta años. Y lo cierto es que no hace falta ser un iluminado para comprender los motivos de su verguenza, de su ira y hasta de su náusea; "¿Por qué saltan estos chavales?", preguntaba al ver las noticias de las grandes gestas deportivas de los últimos tiempos. "Acaso no se enteran de las derrotas que están sufriendo fuera del campo de juego?". Y ahora este atropello a los derechos humanos cometido por un gobierno que dice hacer las cosas como Dios manda...."Desde luego no hablamos del mismo Dios", aclara la gallega, y agrega luego que el único en el que ella cree no sería partidario de una ley tan infame.
Si no fuese éste un simple espacio periodístico, me atrevería a conminar al casual lector a infringir la ley, a delinquir en nombre del sentido común, a cometer el acto criminal de la solidaridad, e incluso a reincidir. Si no fuese ésta una simple columna de opinión, podría yo declarar mi rebeldía contra ésta y otras tantas nefastas leyes que pretenden anular lo que de humanidad aún conservamos, esa suerte de bien común que por ninguna razón debiéramos dejar en manos de gentes como dios manda; y menos aún cuando ese Dios que manda no es en el que cree la gallega.