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lunes 23/5/22

Comentarios al decálogo de Calderón

NUEVATRIBUNA.ES - 27.2.2010...Hay una crisis de la representación en el país, causada entre otras cosas por la coincidencia de haber realizado nuestra llamada transición en un tiempo en que la calidad de las democracias a nivel mundial se pone en entredicho: nuestra democracia es joven y ya manifiesta signos de agotamiento, por lo que urge concretar una reforma en este ámbito. En principio, entonces, bienvenida la propuesta.
NUEVATRIBUNA.ES - 27.2.2010

...Hay una crisis de la representación en el país, causada entre otras cosas por la coincidencia de haber realizado nuestra llamada transición en un tiempo en que la calidad de las democracias a nivel mundial se pone en entredicho: nuestra democracia es joven y ya manifiesta signos de agotamiento, por lo que urge concretar una reforma en este ámbito. En principio, entonces, bienvenida la propuesta.

Sin embargo, creo que la iniciativa no va hacia las causas últimas del cansancio del Leviatán. Se limita a proponer algunos temas de ingeniería institucional como la reelección, las candidaturas independientes, la segunda vuelta en la elección del presidente, etc., muchos de ellos demandados desde hace algún tiempo, especialmente por algunas organizaciones “ciudadanas” que hicieron campaña por el voto nulo en las elecciones de 2009. Grupos importantes, pero con un grado de representatividad limitado y a veces cuestionable (alguna vez ya se les ha llamado, en conjunto, “·Ciudadanos S.A.” o “Ciudadanos Inc.”).

Parece que el Gobierno quiere cumplir dos cosas, por un lado, acercarse a estos grupos ciudadanos para conseguir su apoyo en contra de los otros partidos -señalados como obstaculizadores de la reforma del Estado- encareciéndoles esa posición contraria; y por otro, desviar la atención de los problemas considerados más urgentes por las mayorías (economía, inseguridad, desempleo), dando respuestas sólo a algunas de las demandas realmente populares: las que gravitan peligrosamente hacia la antipolítica, alimentando dialécticas del tipo “sociedad contra partidos”. La búsqueda (imposible) de equilibrar estos dos cometidos ha redundado en una propuesta de reformas incompleta y contradictoria. Y cuya aplicación tendría como resultado, curiosamente, fortalecer al Ejecutivo.

De hecho, el ejercicio empezó con mal pie: según una encuesta realizada en enero por El Universal, si bien casi el 90% de los ciudadanos estimaba conveniente una reforma política, nada más el 20% había oído hablar de la iniciativa de Calderón. Y sólo un 3% fue capaz de nombrar al menos alguna de las propuestas del Ejecutivo. Estos números pueden significar dos cosas: que hay una falta grave de comunicación a la hora de trabajar la reforma (en un ejercicio que se supone busca reducir la distancia entre políticos y ciudadanos). Y/o que lo puntos tratados en la reforma realmente ocupan un lugar marginal en los intereses del grueso de la población.

Es por eso que analistas como John Ackerman sospechan que el principal propósito de la iniciativa del Ejecutivo es generar una cortina de humo para distraer la atención sobre temas como la crisis económica, el alza de precios o el fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Apoyándose de nuevo en opiniones más o menos viscerales de la ciudadanía, a quien cada vez mas disgusta (con razón) la clase política. No resulta descabellado, algo parecido pasó en la elección de la estrategia en la lucha contra el narcotráfico y en la elección del momento del cierre de Luz y Fuerza del Centro: tomar decisiones apoyándose en lo que se estima es una opinión general. Lo que ocurre es que, como dice Pedro Salazar Ugarte, de la UNAM “no se diseñan Estados siguiendo la opinión de los transeúntes”. Y menos si estos son una minoría, convirtiéndose la propuesta en una iniciativa que dice una cosa a unos pocos, y poca cosa a las mayorías, cuyas verdaderas demandas quedan sin respuesta.

Pero comentemos los puntos del decálogo, uno por uno:

1 y 2.- Permitir la reelección consecutiva de alcaldes y demás miembros de ayuntamientos hasta por un periodo de 12 años, y de legisladores federales, también con periodos límite de 12 años. De entrada, la elección es un derecho ciudadano y no tendría por qué ser limitado. Además, esto ayudaría en la profesionalización de los legisladores y a los proyectos de largo aliento…en teoría. En la práctica, permitirla sin definir el sistema de representación no tiene sentido. Además, reelección sin rendición de cuentas y sin transparencia puede resultar contraproducente. Como apunta Maite Azuela, precisamente los legisladores y autoridades locales son los menos regulados en estas materias.

Hablamos de México, y habría que tener sumo cuidado en que esta medida no refuerce las viejas prácticas caciquiles. Y es que una de las consecuencias más notables del desmoronamiento del régimen priísta es que el poder ha vuelto a sus poseedores originales: los poderes locales. La reelección sin posibilidad de revocación de mandato (que daría “incentivos a la ingobernabilidad”, según el Gobierno) no es un buen negocio.

3.- Reducir el número de integrantes del Congreso y del Senado. La intención detrás de esta propuesta, si es la de reducir los enormes gastos inútiles que existen en las Cámaras legislativas mexicanas, es buena. Pero esta reducción se propone sin precisar con base en qué criterios se hará y qué sistema de representación se usará para que mantener la pluralidad en las Cámaras. Reducir el número de diputados a costa de la pluralidad es un error peligroso y sólo sería un recurso demagógico que apunta a satisfacer las veleidades antipolíticas de un sector de la población. ¿Por qué no mejor bajar el sueldo de los legisladores?

5.- Agregar la "iniciativa ciudadana" para que las personas puedan proponer iniciativas de ley. Esta iniciativa es, en el fondo, paja. Y esto por la dificultad de que aparezca un caso en que resulte procedente tal iniciativa de ley ciudadana. Además, ni siquiera se especifica cuantas firmas se estiman necesarias para hacerla valer. ¿Diez mil, cien mil, un millón?

4.- Aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro del 2% al 4%. Y 6.- Incorporar la figura de las candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular.

Estas dos iniciativas son contradictorias. La primera ha sido muy criticada pues tenderá a fortalecer a los partidos dominantes -desprestigiados a más no poder- e iría en contra de los partidos pequeños y la pluralidad de la política mexicana ( de los 7 partidos que componen el Congreso, solo 4 en 2009 superaron el 4%). Mientras que la segunda, una demanda añeja, es más compleja. Hay quienes le dan la bienvenida como inicio del fin del monopolio de la representación, pero también quienes la rechazan, con buenas razones, al considerar que lo que hará es (dado el elevado coste de financiar una candidatura sin un aparato partidista de respaldo) abrir la puerta a representantes directos de las empresas privadas, de los grandes medios de comunicación, o hasta de sectores del crimen organizado, que son quienes cuentan con los recursos suficientes para poder hacer una campaña nacional. Hay que recordar que el origen de los partidos políticos de masas fue precisamente esta desigualdad en cuanto a los recursos para poder “dedicarse a la política” entre los notables y los trabajadores.

7.- Implementar la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República. Se elegirá a quien obtenga más de la mitad de los votos emitidos, en caso contrario pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número. Con esto se busca evitar sucesos como los ocurridos en 2006, y que el presidente en funciones tenga una legitimidad insuficiente o cuestionada al tomar posesión del cargo. En este sentido parece positivo. El problema es que este recurso tendería a fortalecer el bipartidismo. ¿Será esto una maniobra para el 2012? López Obrador sigue perfilándose como un contendiente importante a la Presidencia, y una segunda vuelta electoral serviría para fortalecer a los otros dos partidos (PRI y PAN), que actuarían en conjunto contra la izquierda.

8.- Reconocer a la Suprema Corte de Justicia la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. Estudiosos del Poder Judicial como Julio Ríos, del CIDE, manifestaron ya su desacuerdo con este punto, pues, aunque en teoría estas iniciativas tendrían que ser exclusivamente del ámbito de competencia del Poder Judicial, en los hechos, esta facultad convertiría a la Suprema Corte en un actor político más. Si, como es de esperar, actúa en apoyo del Ejecutivo, se dará la razón quienes ya consideran a la Corte un “bufete de abogados a sueldo de Los Pinos” (Jaime Avilés), con las consecuencias negativas que esto tiene para el equilibrio entre los poderes de la Federación.

9.- Facultar al Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo. En caso contrario se considerarían aprobadas. En caso de ser reformas a la Constitución, deberían ser sometidas a consulta pública. Y 10.- Establecer la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Aunque estas propuesta se promueven como un remedio contra las situaciones de “impasse” legislativo, bien pueden ser un torpedo bajo la línea de flotación, como explica Gerardo Fernández Casanova: en el primero de los casos sería sencillo que el propio partido del presidente provoque dilaciones que impidan el dictamen de la iniciativa, si estuviese en riesgo de ser rechazada o modificada, con lo que aseguraría su implantación. En caso de ser reformas constitucionales, podría provocarse la misma dilación para llevar la propuesta a una consulta pública en la que el gobierno pondría toda su propaganda para sacar adelante su propuesta. La segunda propuesta es claramente la de dar poder de veto del Presidente, sólo que dicho en otras palabras.

Como se dijo al principio, si bien la intención de la propuesta describe algunos de los problemas relacionados con el funcionamiento del sistema político mexicano, no analiza sus causas ni propone soluciones de fondo. Las propuestas que da no van al meollo de los problemas políticos nacionales (¿habrá quien crea que el destino de un país se decide en su número de diputados de representación proporcional?), y se evitan temas tan importantes como la financiación a los partidos políticos, el papel de los medios de comunicación y de los otros poderes fácticos (todos ellos blindados al debate y escrutinio). Se trata de una serie de iniciativas con poca relación entre sí, algunas positivas, otras - las más- contraproducentes, pero todas incompletas. Y esto en un momento en que la reforma del sistema político requiere de una visión integral, tanto en el diagnóstico como en las propuestas de soluciones. “De no ser así, de quedar en parches cosméticos, es previsible una nueva frustración de las expectativas ciudadanas y un nuevo obstáculo en la construcción de la democracia”, advierte Fernández Casanova.

Una verdadera reforma de fondo es necesaria y es urgente después de que tras los acontecimientos de 2006, un porcentaje importante del electorado considera a las instituciones del Estado como herramientas de ciertos grupos, políticos y empresariales, utilizados solo para su beneficio privado y no para el bien público. (Nota de sospecha adicional: la Confederación Patronal Mexicana parece ser, junto al Gobierno, el partidario más entusiasta de la propuesta). Sin embargo, el Decálogo Gobierno no está a la altura de la circunstancia, ya sea que se trate de una cortina de humo o de una propuesta genuina.

Más que someter a discusión de lleno el tipo de régimen político y superar de una vez los vicios de nuestro presidencialismo, parece que el objetivo de fondo que se busca es el fortalecimiento del propio Ejecutivo, una especie de nostalgia por el presidencialismo priísta, que los del PAN solo conocieron de refilón y como oposición. Un nuevo Ejecutivo que controlaría el debate legislativo en un sistema bipartidista parecido al estadounidense pero con los vicios más viejos de la política mexicana, como opina Andrés Lajous.

El escenario actual mexicano es el de un parlamento y unos gobiernos regionales poderosos, con un presidente (ya sin potestades metaconstitucionales) obligado a negociar, y a convencer. La respuesta de Felipe Calderón ante esta situación ha sido lanzar una propuesta que refuerza al propio Ejecutivo a costa del Legislativo. Y urgir a este último a aprobarla, exhortaciones de militares como la del Ministro de Defensa hace unos días, de por medio. ¿Golpe a la partidocracia? Más bien fortalecimiento de los partidos dueños del poder y del Presidente, alguna dádiva a los ciudadanos más activos, y “atole con el dedo” al resto.

César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.

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