Los recortes laborales de los empleados públicos y los recortes del derecho a prestaciones, no son solo medidas injustas e insolidarias, sino que son medidas erróneas desde un punto de vista sanitario y económico.
Se venden como medias inevitables. Las únicas posibles. Sin embargo eso no es cierto. Independientemente de la posibilidad de aumentar la recaudación mejorando la estructura y progresividad de los impuestos y combatiendo el fraude fiscal, y de la posibilidad de mejorar los gastos mediante políticas de desinversión y control de las bolsas de ineficiencia, hay otras medidas.
Una de ellas corresponde al sistema sanitario público, generar ingresos propios mediante el cobro de la asistencia prestada en centros públicos a pacientes del sector privado.
Al amparo de la asistencia universal el sistema sanitario público, en la mayoría de las comunidades autónomas, ha generado en estos años de democracia, una red de centros cada vez mejor dotados de profesionales cualificados e instalaciones de alta tecnología que cubre todo el territorio, todas las prestaciones y todo el horario. Este carácter global y universalista ha hecho que se atendiera a toda la población en todo momento, sin demasiada preocupación sobre si ese ciudadano atendido tenía una cobertura privada que debiera responsabilizarse del pago de la asistencia.
En este sentido habría que distinguir tres situaciones. Una en la que un pacientes es remitido oficialmente desde una aseguradora o una empresa privada para su atención en un centro público. Otra segunda situación es aquella en que un paciente es atendido en un centro público por motivo de urgencia, por ejemplo un accidente de tráfico o un accidente laboral, aunque esa contingencia esté claramente cubierta por un seguro privado fácilmente identificable. Una tercera situación, son los pacientes que se atienden en un centro público, o reciben prestaciones diagnósticas o terapéuticas en un centro público a las que han accedido mediante engaños o por circuitos basados en el favoritismo o la corrupción.
No siempre se ingresa por las urgencias de los hospitales, hay muchas maneras de acceder a la asistencia sin pasar por las urgencias o pasando de una manera menos que formal y desde ese momento ningún profesional va a cuestionar el derecho a todo tipo de pruebas diagnósticas, intervenciones, prestaciones farmacológicas, entre otras.
Hay infinitas casuísticas que pueden general el derecho a cobro: accidentes de tráfico, laborales, accidentes domésticos, deportivos, de caza, escolares, clientes de aseguradoras de sanidad privadas, aseguradoras de funcionarios, ejercito, empresas municipales, ciudadanos de otras CC AA, comunitarios, extracomunitarios con o sin acuerdos bilaterales, los simplemente privados, etc.
Afortunadamente, en nuestro país, muchas actividades deben estar cubiertas por seguros de asistencia sanitaria. Estas primas engrosan los ingresos de las empresas aseguradoras sin que en muchas ocasiones afronten el gasto al que esta cobertura les obliga.
Por todo lo anterior, y en el contexto de la crisis y los recortes presupuestario, no se entiende la falta de interés político y gerencial en este tema. Los profesionales que tienen encomendadas tareas de la facturación y de gestión del cobro a terceros lo han puesto repetidamente de manifiesto. No es una cuestión menor, diversos análisis realizados en grandes hospitales muestran que, sin demasiado esfuerzo, se pueden aumentar las cifras actuales en un mínimo de tres veces. Para un hospital de tercer nivel medio, una buena gestión de cobros podría arrojar ingresos de entre 30 a 50 millones de euros anuales.
Algunas posibles medidas se enumeran a continuación.
1. Adaptación de los sistemas informáticos de los centros para identificar en la admisión a todos los pacientes tributarios de cobros y garantizar su trazabilidad en los distintos subsistemas de información. En especial sería importante dotarse de un software de facturación y cobro on-line, evitando las dificultades de localización posterior de pacientes y documentos.
2. Desarrollo normativo que permita gestionar el cobro en los propios centros. Posibilidad de que todos o parte de los recursos obtenidos reviertan en el propio centro como medida de incentivación.
3. Actualización anual de precios públicos. En este punto debe contemplarse la posibilidad de añadir a los costes, un beneficio industrial o concepto similar.
4. Capacitación de una unidad de facturación y cobro de los centros y su posicionamiento en el organigrama con una relación de igualdad con los responsables de unidades.
5. Formación a los profesionales, en el seno de la gestión clínica, sobre la importancia de esta actividad y generación de un debate sobre como deben adaptarse los procesos asistenciales para facilitar la identificación de estos pacientes y el cobro correspondiente.
6. Transparencia del sistema mediante la publicación de la actividad y de las cantidades recaudadas por estos conceptos.