La noción de ciudadanía hace referencia a la pertenencia a una comunidad política. Dicha pertenencia atribuye derechos. Lo que obviamente quiere decir que sin esa pertenencia no se accede a los mismos. De este modo, la extensión de los derechos va de la mano de la extensión de la ciudadanía. En el devenir de los primeros (derechos) y de la última (ciudadanía) ha jugado un papel fundamental el movimiento obrero en Europa y Norteamérica a lo largo del último sigo y medio, aproximadamente. De manera que los derechos del trabajo a medida que han ido implantándose se han convertido en derechos de ciudadanía y, en consecuencia, en derechos no sólo de los trabajadores sino del conjunto de los ciudadanos.
Para comprender esta interrelación, vamos a comentar una noticia reciente que ha tenido lugar en Maine (Estados Unidos). Allí existía en el vestíbulo del edificio del Departamento de Trabajo del Estado un mural de tipo histórico de 11 metros. En ese mural se describía una famosa huelga que tuvo lugar en 1937. También mostraba un personaje icónico, una mujer soldadora que trabajó en los astilleros Bath Iron Works, así como a Frances Perkins, antigua Secretaria de Estado de Trabajo. Perkins, que se halla enterrada en Maine, fue la primera mujer que accedió al Gobierno federal de los Estados Unidos. Junto a Roosevelt impulsó la Seguridad Social e instauró el seguro de desempleo, la jornada de ocho horas y el derecho a la sindicación. El mural ha sido desmantelado por orden del gobernador del estado, el republicano LePage. LePage también ha mandado cambiar los nombres de diversos salones de la sede del ya citado departamento estatal de Trabajo porque estaban dedicados a históricos dirigentes del movimiento obrero americano. De este modo, el gobernador republicano ha tratado de borrar la memoria obrera, incómoda para sus propósitos de recortes sociales, aumento de la explotación de los trabajadores y apoyo sin reservas al «mundo de los negocios». Pero, como indica esta noticia, la historia obrera no puede borrarse sin eliminar la propia historia del país. O dicho de otro modo: eliminar derechos de los trabajadores, que es el trasfondo de esta destrucción simbólica, no es sino eliminar derechos de ciudadanía.
El movimiento obrero y los derechos de ciudadanía
Ahora detengámonos en algunos momentos de la historia contemporánea. Si tomamos, por ejemplo, el cartismo considerándolo el primer movimiento independiente de la clase trabajadora inglesa, observamos que las demandas de mejora de la situación material de los trabajadores se subsumen en la extensión del sufragio. Los cartistas, en efecto, achacaban la miseria obrera al hecho de que las leyes y el parlamento estuvieran en manos de unas élites tan parasitarias como ajenas al trabajo. Por lo tanto, la dignificación de las condiciones laborales y de vida sólo era posible en la medida en que el cuerpo político se ampliase. Dicho de otro modo, se confiaban las mejoras sociales y económicas de la clase trabajadora a la ampliación del derecho fundamental de la ciudadanía política, como es el derecho al sufragio. Vemos, por lo tanto, cómo en los momentos iniciales del movimiento obrero británico, en su discurso, la mejora de la condición obrera no está sólo relacionada con reivindicaciones específicas de clase o sociales, si se prefiere. Por el contrario, queda vinculada a una extensión más general de los derechos. Estamos hablando, obviamente, de los años treinta del siglo XIX.
También las movilizaciones del 1 de mayo (a partir de 1890) y del 8 de marzo (a partir de 1911), así como las conquistas resultantes de ellas, ponen de relieve este fenómeno que comentamos y que consiste en que la acción del movimiento obrero en pos de la mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores ha dado como resultado la extensión de derechos de ciudadanía y, en consecuencia, de la ciudadanía misma. En efecto, si los orígenes del 1 de Mayo se asocian a la jornada de ocho horas, debemos señalar que la universalización del sufragio también estuvo en la agenda del Día del Trabajo. En cuanto al 8 de marzo (que se celebró por primara vez el día 19 de ese mes) respondía a una iniciativa de las mujeres socialistas, tanto en Europa como en América. Con esta jornada, las mujeres del movimiento obrero se sumaron a la lucha del movimiento sufragista y ampliaron la agenda para añadir demandas de orden social y económico. Hoy el 8 de Marzo es el Día de las Mujeres, pero durante mucho tiempo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Un tercer ejemplo histórico que podemos tomar para ilustrar el vínculo entre movimiento obrero, derechos del trabajo y ciudadanía es el de la huelga general en Francia en mayo-junio de 1936 y los posteriores acuerdos de la Matignon. La huelga general se inicio en mayo, entre las dos vueltas de las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular encumbrando a Leon Bloom a la presidencia del Gobierno. La central sindical CGT formaba parte del Frente Popular y en junio llegó a una serie de acuerdos con el jefe del gabinete y la patronal. Los acuerdos de la Matignon establecieron la jornada de 40 horas, las vacaciones pagadas, diversos aspectos de la negociación colectiva y el reconocimiento patronal de los delegados de personal en las empresas. Los acuerdos se plasmaron en normas tras su paso por el parlamento.
De todas maneras, históricamente, la relación entre la acción del sindicalismo (y más en general, del movimiento obrero) y la extensión de la ciudadanía no sólo se ha verificado a partir de los derechos sociales. Las movilizaciones sindicales por la ampliación y universalización del sufragio se conectan directamente con la ciudadanía política. Y lo mismo podemos decir respecto al antifascismo. En efecto, en la medida en que Francia la CGT participó en la Resistencia o en Italia el sindicalismo hizo lo mismo, la derrota del fascismo y la instauración de los derechos y libertades civiles y políticas, además de los derechos sociales definidos en el estado del bienestar, conectan al movimiento obrero con la ciudadanía y su extensión. Es el mismo caso de la resistencia obrera a la dictadura salazarista en Portugal o al régimen de los coroneles en Grecia.
El caso de España
Para el caso de España esta relación resulta más que evidente. Basta con examinar la historia más reciente. La lucha contra la dictadura protagonizada por el movimiento sindical y en especial por las Comisiones Obreras es inseparable de la restauración de los derechos civiles (habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, divorcio, etcétera) y políticos (asociación, reunión, sufragio, etcétera), así como de la implantación de los derechos sociales (educación y sanidad universales, desempleo, derechos laborales colectivos, etcétera).
De igual modo, a comienzos de los noventa, la implantación de las pensiones no contributivas o los derechos de los empleados públicos a la negociación colectiva, fueron el resultado de las negociaciones emprendidas tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Y aunque lo dicho en relación a los empleados públicos puede considerarse un derecho estrictamente laboral, lo referente a las pensiones pertenece claramente a un ámbito más amplio de los derechos de ciudadanía.
Por eso, en esta segunda década del siglo XXI, defender los derechos de los trabajadores y resistir los recortes sociales, como hacen los sindicatos, es defender los derechos de ciudadanía. Eliminar estos derechos, por un lado, supone un serio golpe a la propia ciudadanía. De hecho resultan inseparables los recortes en materia de sanidad, educación, seguro de desempleo, etcétera, del hecho de que los destinos de la gente (eso que modernamente se llama la «gobernanza») estén cada vez más en manos de entidades ajenas al control democrático y que nadie ha elegido, como el FMI o las agencias de calificación.
Por otro lado, acabar con los derechos suele ser tremendamente impopular. De manera que desde la mayoría de los grupos de comunicación (al fin y al cabo, empresas que despiden a sus trabajadores y que tratan de recortarles sus derechos), desde la derecha política y el «mundo de los negocios» los derechos sociales se presentan a menudo como privilegios. Y dado que la socialdemocracia en los países de Europa en que gobierna, incluida España, ha tomado el rumbo ultraliberal para salir de la crisis, el sindicalismo ha quedado como fuerza principal en la batalla por sostener los derechos. Por eso, están siendo objeto de brutales ataques por los mismos que presentan los derechos como privilegios.
En este contexto, viendo en la televisión y en la prensa a los representantes de las grandes empresas españolas reunidos en el Palacio de la Moncloa con el señor Rodríguez Zapatero, no deja de venir a la memoria aquella frase del viejo Marx cuando decía que «el Gobierno no es sino el consejo de administración de la burguesía». Esta primacía de la economía sobre la política supone una dinámica mortal para la ciudadanía y los derechos que de ella se derivan. Una dinámica anticivilizatoria. En este dilema, el sindicalismo se sitúa en el lado de la civilización.
La acción del movimiento obrero en pos de la mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores ha dado como resultado la extensión de derechos de ciudadanía y, en consecuencia, de la ciudadanía misma
En Francia o en Italia el sindicalismo participó en la derrota del fascismo; por ello, la instauración de los derechos y libertades civiles y políticas conectan al movimiento obrero con los derechos de ciudadanía. Es el mismo caso de Portugal o Grecia
En España la lucha contra la dictadura protagonizada por el movimiento sindical, y en especial por las Comisiones Obreras, es inseparable de la restauración de los derechos civiles, políticos y sociales
La implantación de las pensiones no contributivas o los derechos de los empleados públicos a la negociación colectiva fueron el resultado de las negociaciones tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988
En esta segunda década del siglo XXI, defender los derechos de los trabajadores y resistir los recortes sociales, como hacen los sindicatos, es defender los derechos de ciudadanía
Desde la mayoría de los grupos de comunicación, desde la derecha política y el «mundo de los negocios», los derechos sociales se presentan a menudo como privilegios
El sindicalismo ha quedado como fuerza principal en la batalla por sostener los derechos. Por eso, están siendo objeto de brutales ataques por los mismos que presentan los derechos como privilegios