Es tradición en la brega democrática conceder una “tregua” de cien días para que el nuevo Gobierno emergido de las urnas pueda hacerse con los mandos de la nave en un contexto de cierto sosiego. La tradición también manda, no obstante, que la “tregua” de la oposición tenga su correlato en la prudencia del ganador, obligado a dedicar sus primeros pasos al diálogo y a la planificación concertada de su trabajo. Aquí no ha ocurrido ni una cosa ni otra. El Gobierno ha aprovechado los primeros días de su mandato para adoptar las decisiones más controvertidas, y la oposición social e institucional se ha visto obligada a reaccionar con contundencia. Por lo tanto, antes que cien días de tregua, hemos tenido cien días de conflictos y decepciones.
Las razones que llevaron a millones de ciudadanos en el pasado año 2011 (mayo y noviembre) a otorgar al PP un respaldo electoral sin precedentes en nuestra historia democrática fueron fundamentalmente dos. En primer lugar, la convicción de que una alternancia en el Gobierno de España y un nuevo equipo conservador podrían invertir la desaceleración económica y la destrucción de empleo. Y en segundo lugar, la confianza en que la vuelta de la derecha al poder no representara un coste importante en términos de pérdida de derechos sociales y civiles. A fin de cuentas, la “estrategia Arriola” había funcionado: Rajoy no despertaba ni el temor ni el rechazo que se atribuía a Aznar.
No han hecho falta ni cien días para que aquellas razones se hayan visto frustradas por la contundencia de los hechos. Lejos de mejorar, la economía y el empleo han empeorado. España está a las puertas de una recesión importante, y desde que el PP llegó al poder, se han perdido en torno a 3.000 empleos diarios. Las autoridades de Bruselas, Comisión y Banco Central Europeo miran a España con el recelo de la desconfianza, y los mercados financieros no se han dejado impresionar por las credenciales ideológicas de nuestros nuevos gobernantes. La prima de riesgo sigue creciendo, pagamos muy cara la deuda, cae la bolsa y ya no nos queda ni el consuelo de estar por delante de los italianos.
Además, los españoles han descubierto al auténtico Rajoy, al que se escondía tras las estrategias de camuflaje y tras sus famosos “dependes”. Rajoy no es Aznar, tiene otras formas, pero sus decisiones son tanto o más dañinas que las de su antiguo jefe. Ni siquiera Aznar se atrevió a quebrar el modelo de relaciones laborales pactado en la Transición Democrática, o a engañar a los pensionistas con subidas de ida y vuelta, o a legitimar el fin del servicio sanitario universal y gratuito.
Por lo tanto, en el horizonte de los cien días de Gobierno popular, el vaticinio de los españoles solo puede ser de decepción. La crisis se ha agravado, tenemos más paro y la derecha ha iniciado la poda de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
El reproche a Rajoy debe ser doble, en lo político y en lo moral. En lo político cabe reprocharle que haya introducido a la economía española en la senda del ajuste fiscal suicida, sin establecer estrategia alguna para estimular el crecimiento. También merece crítica por haberse lanzado sin explicación ni recato a aprovechar la crisis para imponer el programa máximo de la derecha política y económica de este país: desde el despido barato y la desregulación de las relaciones laborales, a la legalización del déficit cero, la subida de los impuestos a las rentas del trabajo y los “copagos”, “repagos” y “sobrepagos” en los servicios públicos que atienden las necesidades más básicas de la población.
Pero es que mintieron. Dijeron taxativamente que no iban a abaratar el despido, y lo han hecho. Prometieron solemnemente no subir los impuestos, y lo han hecho. Garantizaron a los pensionistas que no se reducirían sus prestaciones, y lo han hecho. Rechazaron expresamente el copago sanitario, y lo han avalado en Cataluña como avanzadilla para su instauración, vía presupuestos, en toda España.
Si el Gobierno no nos ha dado cien días a los ciudadanos, nosotros tampoco hemos de ofrecer ese margen. La oposición está legitimada en las instituciones y en la sociedad civil para denunciar estas políticas contrarias al interés general, y para movilizarse en su contra. Tienen una mayoría consolidada en las Cortes, y un poder territorial sin parangón, pero en el tiempo nuevo que viven las democracias avanzadas, ni tan siquiera un Gobierno con tanto poder como este puede mantener durante mucho tiempo una actuación contraria a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
Oposición firme e inteligente. Oposición contundente y útil. Oposición de denuncia y de alternativa. Porque hay otras políticas, y hay otras maneras. Otras cien, por lo menos.