Distintos grupos y colectivos han convocado para el 25S una acción alrededor del Congreso de los Diputados. Aunque los objetivos no han sido del todo aclarados, trasciende la idea de identificar el Congreso como el centro de decisiones especialmente lesivas para una mayoría muy amplia de la sociedad española, y por tanto, blanco de la movilización. No es difícil advertir que, efectivamente, en el Congreso de los Diputados se han aprobado (por mayoría) buena parte de los recortes que están acabando con el Estado de bienestar y arruinandoel país, parafraseando los lemas del movimiento sindical y la Cumbre Social.
Sin embargo, la iniciativa de llevar a la cámara baja la protesta social, no contra una medida en concreto (los sindicatos ya lo hicieron cuando se convalidó la reforma laboral), sino a remolque de una imprecisa y, con frecuencia, sospechosa campaña de descrédito de la política y la democracia, se convierte en una aventura de inciertas consecuencias. Algunos mentores de esta campaña llevan años arremetiendo contra pilares básicos del orden constitucional: sindicatos, políticos, partidos, ayuntamientos y comunidades autónomas. Ni que decir tiene que a estos ideólogos de la democracia pero menos, las medidas aprobadas en el Congreso no constituyen su principal preocupación; en realidad, las comparten.
La democracia
Aunque no fue el primer autor en acuñar la noción de democracia deliberativa, es el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas el que se extiende en el desarrollo de esta teoría de la democracia que pretende equilibrar su carácter representativo con un proceso de toma de decisiones regido por los principios de racionalidad. Más concretamente, Habermas sugiere, cuando defiende la democracia deliberativa, extender la acción comunicativa al ámbito de las instituciones. Frente a los autores liberales, que suelen asociar la democracia representativa a quienes dedican la mayor parte de su tiempo a los asuntos privados, se trata de reivindicar la democracia en su concepción más republicana, o lo que es lo mismo, más deliberativa, exigiendo del ciudadano “cultivar virtudes cívicas y donar tiempo al bien común”.
Comparto esta idea de la democracia, hoy lejos de su aplicación y ajena a la cultura autoritaria de los dirigentes conservadores en España. Ya se sabe que la deliberación pública obliga a tomar en consideración los intereses ajenos. De esta manera a la hora promover una iniciativa política, ha de tenerse como objetivo el consenso social e institucional, además de presentar abiertamente en la ‘plaza pública’ “las razones que sustentan la decisión adoptada”.
Constatar la deriva liberal de las democracias europeas, no debe hacernos perder el norte, y pretender dirimir el conflicto social, arremetiendo contra la democracia representativa en aras de la democracia deliberativa. Esta conducta puede conducir a improvisar un discurso con ingredientes antidemocráticos; un discurso, por cierto, que se compadece poco con “la virtudes cívicas y de complicidad con la actividad política” en que se fundamenta el republicanismo democrático. Si a ello sumamos el indiscriminado alegato contra los políticos, se entenderá mejor esta reflexión crítica.
En nuestro país concurren además otras consideraciones que no deberíamos obviar. Es verdad que para una generación entera la dictadura de Franco equivale a un apunte –y no siempre certero– en un libro de texto. Que la lucha por la libertad forma parte de una crónica social o familiar, con frecuencia –esta última– narrada a golpe de épica personal. También es necesario huir de la mitificación de un proceso, el de la transición democrática, que algunos vivieron con mayor intensidad que otros. Toda la cautela exigible, no obstante, en la interpretación de la reciente historia de España no puede, en ningún caso, justificar un temerario desprecio por los cambios registrados, el contexto en que se produjeron y el esfuerzo de sus protagonistas, el principal de ellos, el de decenas de miles de trabajadores y ciudadanos que participaron en las luchas sindicales, sociales y políticas contra la dictadura para conquistar la libertad. No es ocioso recordar, que miles de dirigentes sindicales y políticos dieron con sus huesos en la cárcel, fueron torturados o perdieron la vida peleando por la libertad.
La convocatoria del 25S en torno al Congreso de los Diputados constituye, a mi juicio, un ejercicio de gran irresponsabilidad. Al calor de la misma se frotan las manos las expresiones más radicales de la derecha española, alguna de las cuales no ha tenido ningún reparo en sumarse a la misma. Sabemos que la mayoría de los convocantes nada tienen que ver con la caverna. Pero han de ser conscientes, que nunca debe confundirse al ejecutivo con el legislativo, sea esta una democracia formal o deliberativa.