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jueves. 30.06.2022

CEOE como animal de compañía

NUEVATRIBUNA.ES - 2.8.2009> PDF: Propuesta de la CEOE para el Diálogo SocialLa cúpula empresarial española quiere tumbar a Zapatero. Y si no es así, lo disimula mucho.
NUEVATRIBUNA.ES - 2.8.2009

> PDF: Propuesta de la CEOE para el Diálogo Social

La cúpula empresarial española quiere tumbar a Zapatero. Y si no es así, lo disimula mucho. El escrito que presentaron a la última ronda de negociaciones en materia de diálogo social se parecía mucho a las capitulaciones de Santa Fé, que por cierto ya están protegidas oficialmente por la UNESCO como memoria de la humanidad.

A nadie se le oculta que Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE, asume una simpatía respecto al PP inversamente proporcional a la antipatía con que mira a La Moncloa. Portavoces gubernamentales y sindicales, han creído ver en una de sus recientes reuniones con Mariano Rajoy, líder de la oposición, un complot para poner contra las cuerdas al Gobierno bloqueando un acuerdo que podría brindar una bombona de oxígeno no sólo al ejecutivo sino a millones de trabajadores de este país. Si ya en su día, resultaba insólito que desde el empresariado se espolease a los sindicatos hacia una suicida huelga general, ahora parece que asistimos a un chantaje en toda regla: o aceptáis más neoliberalismo como animal de compañía; o no hay acuerdo que valga.

¿Qué tiene que decir al respecto el Partido Popular? Hasta ahora, sus declaraciones públicas no corroboran las demandas empresariales al cien por cien, quizá porque teman perder votos a mansalva. Pero tampoco las desmienten: ¿asistiremos, en los próximos comicios, a un harakiri electoral por el que los trabajadores que no se abstengan terminarán votando a los conservadores, que probablemente acepten de mayor y de mejor grado las exigencias que hoy rechazan los socialistas? Aunque parezca mentira, sin embargo, lo importante ahora no son las elecciones sino la que está cayendo: cuatro millones de parados y redes agujereadas para frenar la caída libre del empleo y de nuestros principales indicadores económicos.

Es verdad que los empresarios no reclaman al Gobierno y al sindicato el despido libre. Ya existe. Lo que piden es que los costes de despido todavía sean más baratos de los que lo son en la actualidad. Así se han pronunciado con cierta frecuencia sus portavoces en los últimos meses, aunque dicha petición aparece disfrazada bajo una perífrasis en el documento que a finales de julio rompió las negociaciones con Gobierno y sindicatos. A juicio de la CEOE, se trata de reformar la actual normativa sobre contratación laboral, “tanto en materia de costes de extinción de los contratos temporales y los contratos indefinidos, diferenciando en las causas de extinción entre las que son imputables al empresario y las que no lo son”.

“También debieran homologarse, en este concepto y en los de causas y procedimientos, a los demás países europeos”, arguye la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. ¿A qué países? ¿A los que garantizan el subsidio de desempleo indefinido como Suecia o los que comprometen también al empresariado en la cofinanciación del desempleo?

La parte del león del escrito empresarial se encuentra contenida en su título VI, bajo el epígrafe de “Compromiso fiscal”, en el que puede leerse lo que sigue; La crisis económica y financiera golpea a las empresas obligándolas a un severo proceso de ajuste a las nuevas condiciones de baja demanda, dificultades de financiación, retrasos de los pagos de las Administraciones Públicas y aumento de los impagados para evitar el cese de sus actividades y el aumento del desempleo. Por ello el Gobierno debe comprometerse a no subir los impuestos de sociedades, actividades económicas, plusvalías e IVA. Este compromiso debería servir de ejemplo a las demás Administraciones Públicas. Un aumento de los impuestos y tasas sobre las actividades empresariales no hará sino agravar la situación de cierre de empresas y de despidos.

Menos impuestos, menos colchón social o, al menos, no con cargo a los principales beneficiarios del trabajo por cuenta ajena, que no son los currantes sino sus contratistas. Doce reuniones en tres meses y, por lo que parece, las únicas líneas rojas –o azules—que se percibían eran las que dibujaban los negociadores de la patronal. La última propuesta sobre diálogo social que la CEOE puso sobre la mesa, con fecha de 23 de julio último, venía a ser algo así como charlar con la pared.

Sobre el papel, la CEOE tiene razón: la crisis puede suponer una oportunidad “para acelerar, con un horizonte de medio y largo plazo, la mejora de la competitividad del sistema productivo mediante las imprescindibles reformas estructurales”. Pero, ¿qué reformas estructurales? ¿El blindaje y sueldos millonarios de unos ejecutivos que, salvo quienes puedan salvarse, nos han metido en el actual atolladero de la economía mundial y especialmente la española? Es cierto que mucha culpa del colapso tendrían que asumirlo los gobiernos que han permitido el ladrillazo, la precariedad, las subprime, las hipotecas basura, los productos contaminados o aún mayores niveles de riesgo que de avaricia. Pero no recuerdo que ningún ministro en ejercicio formara parte de los consejos de administración de las compañías y de los bancos que nos han mangado la cartera mundial.

El texto entremezcla auténticos disparates sociales con sugerencias tan razonables como las de la mejora de las líneas ICO-Liquidez de cara a las PYME y a las Medianas Empresas, puestas en marcha por primera vez durante este año 2009 o procedimientos de pronto pago de las Administraciones Públicas a las empresas suministradoras. Más allá de la filosofía buenista del documento de los empresarios, la primera andanada de su escrito no entra directamente en materia pero expone el marco por donde pretenden moverse sus planteamientos: Es necesario negociar reformas estructurales que potencien la competitividad de nuestras empresas, tales como la contratación laboral, negociación colectiva, flexibilidad interna de las empresas, siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción a fin de dar una respuesta ágil a las necesidades derivadas de las mismas”, simplificación --¿o tal vez degradación?-- de los procedimientos administrativos y resolutorios en materia laboral, la fiscalidad, la energía, el medio ambiente, etc. Todo ello con un calendario de inicio que debiera comenzar el día 1 de septiembre de 2009. Sin perjuicio de las medidas a corto plazo que disminuyan los costes empresariales”. Esto es, traducido al román paladio, que los gastos sean cada vez más públicos y los beneficios, cada vez más privados.

Los empresarios quieren reformar la negociación colectiva, “abordando un replanteamiento de su estructura que permita la simplificación y en definitiva la utilidad de la misma”: ¿quizá en una línea de trabajo que logre hacerla desaparecer y que los acuerdos se lleven a cabo directamente entre el trabajador y el empresario, haciéndolo cada vez más vulnerable? De momento, con diálogo social o sin él, podría ser una muestra de buena voluntad que la patronal desbloquease la negociación de algunos convenios actualmente en vía muerta.

Sus propuestas también incluyen reformas en materia de contratación, procedimientos administrativos y resolutorios, la fiscalidad, energía, medio ambiente, etc. Sigamos traduciendo: más pasta para cumplir la legislación medioambiental que han vulnerado a modo desde hace cincuenta años y vía libre a la energía nuclear que es el principal mascarón de proa de las poderosas eléctricas.

¿Cómo será posible la reducción de costes y la protección social? Contando con el padrinazgo de papá Estado, claro es. Si no es así, difícilmente puede entenderse el recorte de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. La CEOE insiste en que hubo un exceso de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el periodo 2002-2009 (3.999,26 millones de €), además de otros conceptos por los que resultaría que la nación entera estaría en deuda con los emprendedores: “Una reducción de las cotizaciones empresariales en el Sistema General por contingencias comunes generaría un aumento de los ingresos por cotizaciones (por creación y/o conservación de puestos de trabajo), lo que sumado a un ahorro en las prestaciones por desempleo, representaría para el conjunto del Estado un ahorro”. Pero, al margen de la pésima redacción de dicho párrafo, con esas cuentas, ¿cómo va a poder seguir manteniéndose el sistema de la seguridad social cuando su caja común cada vez estaría más vacía a cambio de llenar las cajas fuertes particulares?

La tijera, desde su punto de vista, también tendría que afectar en 5 puntos al Impuesto de Sociedades, durante 3 años, para empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los 5 millones de Euros en el beneficio no distribuido y destinado a reinversión, sin ninguna otra limitación.

No todo resulta baladí en el texto empresarial que propone, con cierta razón, un mayor apoyo financiero oficial a la internacionalización, aunque no se pronuncie sobre el también necesario aumento del control sobre tales fondos. Otro de sus argumentos razonables estriba en que el Gobierno se comprometa a “resolver, sin dilación, que el pago del IVA en las facturas pendientes de cobro de las Administraciones Públicas no sea anterior al cobro de los importes de las mismas, situación prevista en la Directiva sobre el IVA de la UE”. O la inversión pública en infraestructuras y la reordenación del sector de la vivienda, en especial en lo que se refiere a una vieja y aplazada reivindicación, esto es, que se prioricen las que deban llevarse a efecto en materia de transporte de mercancías, “en especial a través de puertos y ferrocarril, destinadas a mejorar nuestra posición internacional en términos de costes logísticos y, en definitiva, a reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo”.

Como prometedores resultan sus apuestas por el pacto en la educación o en la sanidad. Aunque, claro, también abundan las promesas en torno a la prevención de riesgos laborales, que al día de hoy suponen todavía una tumba colectiva para los trabajadores españoles. Pero siguen insistiendo en fortalecer la privatización de los servicios de empleo –reclaman, de hecho, que se acepte el ánimo de lucro para las empresas de trabajo temporal-- y que se apueste más por los expedientes de regulación temporal de empleo que por los definitivos, siempre, eso sí, a golpes de bonificación. Más poder represivo para luchar contra el absentismo laboral, eso reclaman, en lo que se refiere al concepto de baja por enfermedad: en realidad pretenden volver a la situación de 1992, cuando el empresario no estaba obligado a cubrir dicha prestación entre el cuarto y el decimoquinto día.

“España sufre dos problemas diferenciales respecto a otros países de nuestro entorno, menor volumen de empleo (y mayor desempleo) y temporalidad muy elevada. Ambos elementos están relacionados con la existencia de un mercado laboral muy segmentado en dos sectores: uno muy protegido y otro que tiene muy baja protección”, analizan los empresarios cuando, en realidad, lo que vienen a reclamar es más contratos a tiempo parcial, evitando “corsés”.

Los empresarios están enrocados en unos máximos que quizá en otoño pudieran atenuarse. El problema es que incluso sus mínimos se nos antojan atracos a mano armada a muchos de los que ganamos el pan con el sudor de la frente. Dos siglos de lucha obrera nos contemplan. Pero, en las actuales circunstancias, no sirve de mucho.

Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.

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