28 de octubre de 2010, 15:41
NUEVATRIBUNA.ES - 28.4.2010
Si los ponentes constitucionales hubieran hecho caso al malogrado Jordi Solé Tura cuando propuso, en nombre del PCE-PSUC, que en los casos que la Constitución previera la aprobación de leyes por referéndum, éstas deberían de quedar expresamente excluidas del control de constitucionalidad, hoy no estaríamos frente a un más que posible choque de legitimidades. Un choque de legitimidades ya de por sí peligroso que viene agravado por todo el irresponsable juego político que ha acompañado el recurso y tramitación del Estatuto de Catalunya al tribunal Constitucional.
No podemos olvidar que el principal responsable de esta difícil situación es el PP, acompañado del perillán Defensor del Pueblo que nos toca sufrir, Enrique Múgica.
El PP es el responsable de las campañas anticatalanas que se llevaron a cabo durante toda la larga tramitación legislativa del nuevo Estatut. El PP es el responsable de presentar recursos a numerosos artículos del Estatut catalán idénticos o parecidos a artículos que han votado en reformas de otros estatutos, como el andaluz y valenciano (más de 60). El PP es responsable de las recusaciones a magistrados del tribunal, como la de Pérez Tremps, finalmente recusado, o el intento de recusar a la misma presidenta del Tribunal, María Emilia Casas.
Estos son los precedentes políticos, acompañados de una gestión del recurso por el mismo Tribunal Constitucional del todo reprobable:
El recurso se admite a trámite en octubre del 2006. En 42 meses y después de 5 intentos, el Tribunal ha sido incapaz de consensuar una sentencia.
El argumento de que la media de tiempo que emplea el TC para emitir sentencias es de 4 años es un disparate. Estamos ante un fallo sobre una cuestión, un estatuto autonómico, políticamente muy sensible y que ya tiene su despliegue normativo en marcha.
De los 12 miembros del Tribunal, uno está recusado. Otro murió el 18 de mayo del 2008, el señor Roberto García Calvo. Y cuatro han agotado su mandato, entre ellos la presidenta, Emilia Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, actual ponente de la sentencia (sería la sexta). Tampoco se debe olvidar que 4 magistrados más agotan su mandato en noviembre del 2010 y que a este ritmo nos podemos encontrar con un TC en el que solo dos de sus miembros estén dentro de su mandato legal.
A lo largo de estos 3 años y medio de singladura del recurso, se ha ido produciendo una pública y grave politización del Tribunal, dividido en bloques que representan claras filiaciones políticas. Se puede afirmar que este TC ha perdido toda apariencia de independencia, imprescindible en un tribunal. Todos sabemos quienes son los conservadores, los progres, etc..
Se ha vivido con una extraña normalidad la filtración al periódico “El País” del último borrador de sentencia presentado al TC. La Ley Orgánica del TC contempla como motivo de cese “violar la reserva propia de su función”, pues para nada, no se ha oído ni un reproche sobre algo tan grave.
Gracias al PP pende sobre el desarrollo estatutario español -no olvidemos que la sentencia no solo afectará al catalán- una espada de Damocles. El Estatut hoy pendiente de recurso no es el que aprobó el Parlament de Catalunya sino el debatido, enmendado y aprobado por las Cortes Generales y refrendado por el pueblo de Catalunya. Es una ley orgánica del estado fruto de un pacto político con Catalunya, como el Estatuto andaluz lo es con Andalucía. Se pone en cuestión a la misma Constitución. Siempre habíamos entendido que el texto constitucional era fruto de un pacto político que permitía interpretarse con flexibilidad y de formas diferentes. En 1978 no se sabía cual seria la evolución del estado de las autonomías.
La Constitución preve la manera de acceder a la autonomía pero poco nos dice sobre su desarrollo posterior, tarea ésta que corresponde a los estatutos. El TC corre el riesgo de ir más allá de las competencias que le son propias, la jurisdicción constitucional y realizar una sentencia política que anule el margen del acuerdo político que han de tener los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. Según cual sea la sentencia se puede estar petrificando el sistema constitucional con la consiguiente pérdida de legitimidad que esto comportaría.
Esta situación tan preocupante se ha venido denunciando desde hace tiempo. Convido a releer los artículos de Javier Pérez Royo. En Catalunya la gota que colmó el vaso ha sido la quinta y fallida sentencia del TC. La reacción liderada por el president José Montilla y con el apoyo de ICV y CiU ha sido la de presentar una resolución para que se vote en el Parlamento catalán que afirma lo siguiente:
1-La convicción de la plena constitucionalidad y legitimidad del Estatut.
2-La renovación urgente de los magistrados que han agotado su mandato y del fallecido.
3-Después de 5 intentos fallidos para emitir una sentencia, la constatación de la incapacidad de este tribunal y la necesidad de que se declare incompetente.
4-La reforma de la ley orgánica del TC para impedir la prolongación forzosa del mandato de los magistrados por causa del bloqueo político en los procesos de renovación, como actualmente está haciendo el PP.
Esta resolución la votará también ERC que una vez más nos ha obsequiado con sus desmarques; no firman la propuesta pero si que la votarán (ellos son así). Total 117 diputados sobre 135 votarán a favor de la resolución.
Lo que está pasando con el Estatut no solo es un problema para Catalunya, lo es para toda España y su desarrollo autonómico en una lógica federalizante. Debemos reaccionar todos, no solo los catalanes, para impedir que instancias sin credibilidad ni legitimidad puedan poner en riesgo la España Plural, única España posible.
Jordi Guillot es vicepresidente de ICV y senador.
Si los ponentes constitucionales hubieran hecho caso al malogrado Jordi Solé Tura cuando propuso, en nombre del PCE-PSUC, que en los casos que la Constitución previera la aprobación de leyes por referéndum, éstas deberían de quedar expresamente excluidas del control de constitucionalidad, hoy no estaríamos frente a un más que posible choque de legitimidades. Un choque de legitimidades ya de por sí peligroso que viene agravado por todo el irresponsable juego político que ha acompañado el recurso y tramitación del Estatuto de Catalunya al tribunal Constitucional.
No podemos olvidar que el principal responsable de esta difícil situación es el PP, acompañado del perillán Defensor del Pueblo que nos toca sufrir, Enrique Múgica.
El PP es el responsable de las campañas anticatalanas que se llevaron a cabo durante toda la larga tramitación legislativa del nuevo Estatut. El PP es el responsable de presentar recursos a numerosos artículos del Estatut catalán idénticos o parecidos a artículos que han votado en reformas de otros estatutos, como el andaluz y valenciano (más de 60). El PP es responsable de las recusaciones a magistrados del tribunal, como la de Pérez Tremps, finalmente recusado, o el intento de recusar a la misma presidenta del Tribunal, María Emilia Casas.
Estos son los precedentes políticos, acompañados de una gestión del recurso por el mismo Tribunal Constitucional del todo reprobable:
El recurso se admite a trámite en octubre del 2006. En 42 meses y después de 5 intentos, el Tribunal ha sido incapaz de consensuar una sentencia.
El argumento de que la media de tiempo que emplea el TC para emitir sentencias es de 4 años es un disparate. Estamos ante un fallo sobre una cuestión, un estatuto autonómico, políticamente muy sensible y que ya tiene su despliegue normativo en marcha.
De los 12 miembros del Tribunal, uno está recusado. Otro murió el 18 de mayo del 2008, el señor Roberto García Calvo. Y cuatro han agotado su mandato, entre ellos la presidenta, Emilia Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, actual ponente de la sentencia (sería la sexta). Tampoco se debe olvidar que 4 magistrados más agotan su mandato en noviembre del 2010 y que a este ritmo nos podemos encontrar con un TC en el que solo dos de sus miembros estén dentro de su mandato legal.
A lo largo de estos 3 años y medio de singladura del recurso, se ha ido produciendo una pública y grave politización del Tribunal, dividido en bloques que representan claras filiaciones políticas. Se puede afirmar que este TC ha perdido toda apariencia de independencia, imprescindible en un tribunal. Todos sabemos quienes son los conservadores, los progres, etc..
Se ha vivido con una extraña normalidad la filtración al periódico “El País” del último borrador de sentencia presentado al TC. La Ley Orgánica del TC contempla como motivo de cese “violar la reserva propia de su función”, pues para nada, no se ha oído ni un reproche sobre algo tan grave.
Gracias al PP pende sobre el desarrollo estatutario español -no olvidemos que la sentencia no solo afectará al catalán- una espada de Damocles. El Estatut hoy pendiente de recurso no es el que aprobó el Parlament de Catalunya sino el debatido, enmendado y aprobado por las Cortes Generales y refrendado por el pueblo de Catalunya. Es una ley orgánica del estado fruto de un pacto político con Catalunya, como el Estatuto andaluz lo es con Andalucía. Se pone en cuestión a la misma Constitución. Siempre habíamos entendido que el texto constitucional era fruto de un pacto político que permitía interpretarse con flexibilidad y de formas diferentes. En 1978 no se sabía cual seria la evolución del estado de las autonomías.
La Constitución preve la manera de acceder a la autonomía pero poco nos dice sobre su desarrollo posterior, tarea ésta que corresponde a los estatutos. El TC corre el riesgo de ir más allá de las competencias que le son propias, la jurisdicción constitucional y realizar una sentencia política que anule el margen del acuerdo político que han de tener los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. Según cual sea la sentencia se puede estar petrificando el sistema constitucional con la consiguiente pérdida de legitimidad que esto comportaría.
Esta situación tan preocupante se ha venido denunciando desde hace tiempo. Convido a releer los artículos de Javier Pérez Royo. En Catalunya la gota que colmó el vaso ha sido la quinta y fallida sentencia del TC. La reacción liderada por el president José Montilla y con el apoyo de ICV y CiU ha sido la de presentar una resolución para que se vote en el Parlamento catalán que afirma lo siguiente:
1-La convicción de la plena constitucionalidad y legitimidad del Estatut.
2-La renovación urgente de los magistrados que han agotado su mandato y del fallecido.
3-Después de 5 intentos fallidos para emitir una sentencia, la constatación de la incapacidad de este tribunal y la necesidad de que se declare incompetente.
4-La reforma de la ley orgánica del TC para impedir la prolongación forzosa del mandato de los magistrados por causa del bloqueo político en los procesos de renovación, como actualmente está haciendo el PP.
Esta resolución la votará también ERC que una vez más nos ha obsequiado con sus desmarques; no firman la propuesta pero si que la votarán (ellos son así). Total 117 diputados sobre 135 votarán a favor de la resolución.
Lo que está pasando con el Estatut no solo es un problema para Catalunya, lo es para toda España y su desarrollo autonómico en una lógica federalizante. Debemos reaccionar todos, no solo los catalanes, para impedir que instancias sin credibilidad ni legitimidad puedan poner en riesgo la España Plural, única España posible.
Jordi Guillot es vicepresidente de ICV y senador.