La Gran Recesión iniciada en Europa en 2008 y su gestión por parte de los Gobiernos europeos ha sacado a la luz bastantes vergüenzas en el funcionamiento de las democracias liberales. Sin duda, una de ellas, quizá la más importante, ha sido la demostración del inmenso poder que todavía tiene el poder financiero sobre el poder político, y que ha activado la reacción airada de la gran mayoría de la población, dando incluso nombre a un nuevo movimiento social, el de los “indignados”.
Sin duda, la democracia representativa tiene aún bastantes defectos que es preciso ir corrigiendo con el paso del tiempo y con la lucha incansable de colectivos que, tarde o temprano, conseguirán mejorar el funcionamiento de nuestras democracias. Y uno de ellos, tiene que ser obligatoriamente la relación del poder con el dinero, que es una relación eterna pero que creíamos embridada, al menos desde la consolidación del Estado social de Derecho después de la II Guerra Mundial. Sin embargo, las tres décadas de neoliberalismo rampante que hemos padecido han revelado la fragilidad del poder político frente a la fortaleza del poder económico. Y han dejado expuestos a la luz pública los cuerpos desnudos de quienes ejercen con más desvergüenza y descaro dicha relación de conveniencia.
Los gobernados hemos asistido, atónitos, a diversos golpes de Estado financieros, sin que por ello hayamos sido capaces de exigir responsabilidades a nuestros gobernantes. Hemos visto cómo en Italia, con la rendida sumisión de las cámaras legislativas, se cambiaba todo un Gobierno representativo por un Gobierno de tecnócratas y consejeros de grandes empresas y bancos. Hemos visto cómo en Grecia se obligaba a Gobierno y Parlamento democráticos a aceptar la investidura de un nuevo primer ministro impuesto por las autoridades comunitarias. Hemos visto cómo en España se colocaba de ministro de Economía a uno de los cachorros de una gran corporación financiera. Y, finalmente, veíamos de nuevo en Grecia cómo la cartera de Finanzas recaía en el jefe de la patronal bancaria, ya dimitido por problemas de salud. En todos estos casos, la banca y su patronal europea, el Instituto de Finanzas, han tenido un protagonismo decisorio de primer orden. El maridaje entre las élites financieras y las élites políticas ha vaciado de contenido uno de los principios fundamentales de los sistemas democráticos, la voluntad política general, anulada por todos y cada uno de estos golpes de mano ignominiosos. Y por si fuera poco, todo este plan tiene un único objetivo: asegurar la financiación pública del saneamiento de los quebrados balances de los bancos.
Quizás el modelo neoliberal no esté haciendo más que imponernos por la fuerza un nuevo sistema pseudo democrático en el que las grandes corporaciones financieras tengan la batuta de las decisiones macroeconómicas que se tomen a partir de ahora en los Estados del Euro. O quizá la apuesta sea de más largo recorrido y pretendan imponernos el modelo estadounidense de democracia liberal, enormemente condicionada por la financiación privada de partidos y campañas electorales, que marcan invariablemente los mínimos y máximos de la política desplegada por el inquilino de la Casa Blanca en cada legislatura. Cierto es que la cultura estadounidense, heredera de la norteamericana, es tremendamente liberal porque en aquellas tierras prendió un liberalismo radical que defendía a ultranza lo individual frente a lo social, y el interés del grupo frente al interés comunitario, sentimiento heredado sin duda de las diversas iglesias protestantes que arribaron desde Europa a las primeras colonias inglesas, y que han favorecido posteriormente la cultura del grupo de presión, del lobby, como mediador en los asuntos públicos y facilitador de decisiones gubernamentales y legislativas. Quizás el neoliberalismo que se quiere imponer ahora en Europa quiera, precisamente, importar este modelo y, por tanto, nada mejor que comenzar la casa por el tejado, es decir, directamente por los lobbys más influyentes, que son siempre los bancarios y financieros.
En cualquier caso, tendremos que ir ahormando una demanda clara de rechazo a este tipo de maridaje entre el poder financiero y el poder político. Ellos, sin duda, tienen el dinero. Nosotros, sin embargo, tenemos la fuerza de la gente. Somos más, aunque nos cueste organizarnos y unirnos para salir a la calle a la voz de un solo grito. Creo que el 15M ha dado el puñetazo que faltaba encima de la mesa, despertándonos de una somnolencia y amnesia que, precisamente, permitían los desmanes en los que estaban incurriendo nuestros financieros y gobernantes y, por ende, todo el sistema político y judicial. Si llegamos a alumbrar un nuevo sistema político tendremos que plantearnos seriamente resolver esta dependencia del poder financiero, dependencia que se hace peligrosa cuando enclaustra al poder político en unos márgenes infranqueables que impiden la toma de decisiones contra los privilegios bancarios que asfixian las necesidades ciudadanas. Y una de las primeras soluciones pasaría, a mi entender, por una remodelación completa de la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales.
En primer lugar, las campañas electorales deberían financiarse exclusivamente con dinero público, siendo mucho más limitadas que en la actualidad, reduciéndose considerablemente el volumen de carteles publicitarios y de mítines. Las nuevas tecnologías de la información, así como los medios de comunicación ya existentes (prensa, radio, televisión) hacen innecesario el abuso de otro tipo de medios para llegar al electorado.
Por otro lado, la asignación pública de recursos para las campañas electorales no debería fijarse sobre la representación parlamentaria de la legislatura terminada, sino sobre el número de avales recogidos por cada formación política para presentarse a las elecciones, requisito éste introducido en la última de las reformas de la ley electoral (LOREG). De esta manera, las formaciones que sobrepasaran un mínimo de avales en todo el Estado español accederían a la financiación pública de su campaña. De esta forma, se afianzaría la posibilidad de que nuevas organizaciones políticas tuvieran acceso a la representación política, que el actual sistema hace tremendamente difícil.
Una vez elegidas las instituciones representativas (Ayuntamientos, Asambleas, Cortes), se asignaría una dotación económica suficiente a los partidos con representación para que ejercieran dignamente su trabajo durante toda la legislatura. Se puede decir que con este sistema no se evita que los partidos políticos reciban donaciones de grandes corporaciones o créditos bancarios para su funcionamiento interno. Es cierto, pero este sistema evitaría que cualquier partido debiera su representación política a la financiación que obtuvo para su campaña electoral y, por tanto, dicha representación solo se debería a los votantes y a los contribuyentes, unos por elegir a un partido determinado y, el resto, por aportar con sus impuestos el dinero necesario para que el Estado –es decir, toda la ciudadanía- financie la campaña electoral de aquellas formaciones que hubieran trabajado previamente por conseguir un número determinado de avales, necesarios e imprescindibles para dicha financiación.
La condonación de los créditos bancarios a los partidos políticos la dejamos para otro día, una de las impudicias donde más evidente se hace el maridaje del poder y el dinero.