El Banco de España y el Ministerio de Economía han permanecido impasibles cuando Gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid han protagonizado ofensivas para obtener el control absoluto de Cajamadrid, aún a costa de producir una crisis sin precedentes que paralizó la entidad financiera durante más de un año, ya en plena crisis económica. La trasposición de la última reforma de la Ley de Cajas a las Comunidades Autónomas tampoco se ha realizado tomando en cuenta la corrección de estas perniciosas actitudes.
La Ley ha sido retorcida de tal manera por el Gobierno Regional madrileño, que los representantes designados por la política en Cajamadrid superan todos los límites legales y razonables, controlando la elección de los miembros de los órganos de dirección y controlando el gobierno de Cajamadrid, para alejarlo de la profesionalidad y la autonomía necesarias.
El Decreto para el Reforzamiento del Sistema Financiero, apuesta de forma definitiva por la entrega de las Cajas de Ahorros a los intereses privados. Una enorme desamortización sustentada y justificada en unas exigencias legales de capitalización de las Cajas, difícilmente alcanzables por el sector.
Un Decreto que endurece los requisitos contables para el sistema financiero español con respecto al europeo y especialmente golpea con dureza a las Cajas de Ahorros. Estas medidas tendrán como consecuencia un endurecimiento de las condiciones del crédito, impidiendo a las Cajas españolas competir en servicios financieros con la banca europea y los bancos españoles, sometidos a menores restricciones.
La búsqueda de inversores privados en las Cajas, sometida a la presión de los mercados y del propio Banco de España, amenaza los planes de reestructuración de las mismas y se realizará en unas condiciones de desconfianza e incertidumbre que el propio gobierno alimenta y que se viene a sumar a las manipulaciones externas de las agencias de calificación, especuladores internacionales y los propios reguladores del sistema.
El resultado final, si nadie lo evita, será la venta de las cajas a los bancos a precio de saldo. El bocado más apetecible es Cajamadrid. Primero sanear con dinero público a las Cajas. Para luego entregarlas al sector privado.
LA CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO
Uno de los problemas principales de la economía española, es la crisis de nuestro sistema financiero, que bloquea y coagula el crédito necesario para reactivar la economía real de nuestras familias y empresas, manteniendo el empleo, o creando nuevos puestos de trabajo.
Este debería ser el objetivo de las políticas en materia de servicios financieros, con unos objetivos claros dirigidos a empresas, familias, creación de empleo y evitar pérdidas de puestos de trabajo, también en el propio sector.
Nuestro país ha dependido demasiado de la construcción y promoción inmobiliaria. El sector financiero ha jugado un papel esencial en ese fenómeno especulativo, en ese espejismo de riqueza rápida y fácil. Es esa burbuja inmobiliaria y financiera la que ha pinchado, desencadenando una crisis de incalculables dimensiones.
Una crisis que demuestra el fracaso generalizado del sistema financiero español para cumplir su función económica y social. Con unos responsables claros, los propios gestores de las entidades financieras, las agencias de calificación y las instituciones reguladoras, como el Banco de España, obsesionados por las recetas ultraliberales para salir de la crisis.
La gestión de los directivos de las finanzas españolas ha sido, no sólo desafortunada y errónea, sino claramente irresponsable, manteniendo fórmulas como los bonus para altos ejecutivos y conspirando abiertamente para evitar una regulación del os mercados financieros que limite su poder, e impida la especulación.
El bloqueo de los bonus por parte del Consejo de Administración de Cajamadrid ha sido un primer paso en la buena dirección. Pero debería ser ahora, cuando el Gobierno y el Banco de España aplicarán esta medida a todos los bancos y Cajas de Ahorros que reciben ayudas, garantías, o avales por parte del Estado.
En este contexto se produce una descalificación interesada del modelo de Cajas de Ahorros, culpándolas de los males del sistema financiero y poniendo en cuestión su continuidad. El problema parece ser la politización de las Cajas, pero las dificultades de las Cajas son comunes a todas las entidades financieras españolas, sean bancos o cajas.
Los altos ejecutivos “profesionales”, excelentemente pagados y elegidos por Consejo de Administración compuestos por accionistas privados de los bancos, no se han comportado mejor que los Consejo constituidos por representantes, acusados de políticos y elegidos por ayuntamientos, parlamentos autonómicos, impositores, trabajadores y entidades sociales.
Por eso la solvencia es muy diversa, para bien o para mal, entre las diferentes entidades financieras, independientemente de ser bancos o cajas.
Sería necesario actuar sobre los problemas de solvencia de las diferentes entidades, sin extender las incertidumbres sobre todo un sector como el de las Cajas de Ahorros. Salvo que lo que se pretenda sea entregar la cabeza de las Cajas, en bandeja a bancos y fondos de inversión para calmar las ansias de los inversores y mercaderes.