La operación puesta en marcha contra las Cajas de Ahorros por el Ministerio de Economía y el Banco de España supondrá un enorme pelotazo para los inversores financieros privados. El primer gran pelotazo del siglo XXI en España. La desamortización de las Cajas.
Una operación que quiere llevarse por delante un modelo de prestación de servicios financieros que pretende un servicio de calidad para toda la población, sin buscar el máximo beneficio para sus accionistas.
Las Cajas mantienen una vinculación con el desarrollo de los territorios donde se encuentran implantadas y procuran la cohesión social en los mismos, a través de la Obra Social y Fundaciones Culturales, a las que destinan una parte sustancial de los beneficios.
Acabar con la naturaleza jurídica de las Cajas es esencial para alcanzar los objetivos desamortizadores de las Cajas de Ahorros. Acabar con la gestión participada por los clientes y la sociedad de las Cajas. Acabar con los cuantiosos recursos que dedican a Obra Social y que serán dedicados a reparto de dividendos entre los futuros accionistas.
El sistema financiero quiere acabar con una competencia que basa su prestigio en el dividendo social, en la reinversión de sus beneficios en la sociedad.
La naturaleza jurídica de las Cajas y su modelo social son esenciales, aún cuando el resultado de las “fusiones frías” sea su conversación en un SIP (Sistema Institucional de Protección), un banco.
El Banco de Servicios Financieros, fruto de la fusión de Cajamadrid con otras Cajas, debe estar presidido por asegurar el proceso de integración, la transparencia en torno a los activos dañados en los balances, el saneamiento de los mismos, la ejecución de los acuerdos laborales y las necesidades de capitalización.
Un proceso que no puede, ni debe realizarse bajo la presión y la imposición de exigencias y plazos que obligan a emisiones de capital o ventas de activos a precio de saldo, porque ello conduce inevitablemente a la privatización o desamortización de las Cajas.
Afrontamos un proceso en el que CCOO va a luchar por el mantenimiento de la naturaleza jurídica de las Cajas y el modelo social que representan, que debe verse preservado en los bancos resultantes de las fusiones que han sido aprobadas por sus órganos de Gobierno.