14 de abril de 2009, 8:42
NUEVATRIBUNA.ES - 25.3.2009
Se ha celebrado la Asamblea General de Cajamadrid que debería haber aprobado los Estatutos escritos al dictado del Consejero de Economía, Antonio Beteta, que a su vez dicta siguiendo e interpretando los deseos incuestionables de la Presidenta Aguirre.
El Consejo de Administración de la Caja remitió los Estatutos a la Asamblea General por exigencia del Consejero y por imperativo legal.
Aún a sabiendas de que Aguirre es tenaz y tiene la sartén de hacer leyes a su medida bien agarrada por el mango, la Asamblea General ha decidido por 87 votos a favor, 157 en contra, y 51 votos en blanco, rechazar los Estatutos. El varapalo es contundente. La Asamblea ha decidido que no son éstos los Estatutos del consenso, sino los de la imposición y la instrumentalización de una entidad financiera, la segunda Caja de ahorros y la cuarta entidad financiera del país, puesta al servicio de los intereses de una facción partidista.
Esperanza Aguirre ha pisado demasiados callos en su intentona. Ha ido de frente contra Gallardón, restringiendo hasta el límite la representación del Ayuntamiento de Madrid. Ha primado a los ayuntamientos ricos, aunque pequeños, sobre los menos ricos pero más poblados. Ha utilizado a su favor la representación de la entidad fundadora, la Casa Real. Ha dispuesto a su gusto el número y la designación de las Entidades Representativas de la Sociedad, primando a las afines al aguirrismo. Ha reducido y limitado el número y papel de los impositores. En definitiva, ha actuado por la puerta de atrás, utilizando torticeramente las enmiendas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos con nocturnidad y alevosía.
El consenso parece obligado cuando hablamos de una Caja de Ahorros. Entidades privadas regidas por un ordenamiento público que reconoce que la sociedad es la auténtica propietaria de las cajas. Esta pluralidad política y social y la profesionalidad de los gestores son la mejor garantía de contar con un instrumento financiero al servicio de la sociedad. Frente a esta concepción el Consejero Beteta ya ha anunciado que el mejor destino de las Cajas es su privatización. El mismo Consejero que ahora debe decidir sobre el futuro de los Estatutos de Cajamadrid.
La mínima dosis de prudencia exigiría que se abriera de inmediato un proceso de diálogo y negociación, para recomponer un marco de consenso roto con la aprobación de la ley. O eso, o imponer los Estatutos a machamartillo a los representantes políticos y sociales que han dicho no a los mismos.
Aguirre debería recordar que Pirro ganó una batalla, destrozando buena parte de su ejército y perdiendo al final la guerra. Aguirre debería recordar que, sin el consenso necesario, cualquier victoria en Cajamadrid, a costa de enfrentarse con la sociedad vertebrada social y políticamente, será siempre una victoria pírrica, efímera, con alto coste y con alto riesgo en un escenario de crisis que afecta a todas las entidades financieras.
Francisco Javier López Martín es Secretario General de CCOO de Madrid.
Se ha celebrado la Asamblea General de Cajamadrid que debería haber aprobado los Estatutos escritos al dictado del Consejero de Economía, Antonio Beteta, que a su vez dicta siguiendo e interpretando los deseos incuestionables de la Presidenta Aguirre.
El Consejo de Administración de la Caja remitió los Estatutos a la Asamblea General por exigencia del Consejero y por imperativo legal.
Aún a sabiendas de que Aguirre es tenaz y tiene la sartén de hacer leyes a su medida bien agarrada por el mango, la Asamblea General ha decidido por 87 votos a favor, 157 en contra, y 51 votos en blanco, rechazar los Estatutos. El varapalo es contundente. La Asamblea ha decidido que no son éstos los Estatutos del consenso, sino los de la imposición y la instrumentalización de una entidad financiera, la segunda Caja de ahorros y la cuarta entidad financiera del país, puesta al servicio de los intereses de una facción partidista.
Esperanza Aguirre ha pisado demasiados callos en su intentona. Ha ido de frente contra Gallardón, restringiendo hasta el límite la representación del Ayuntamiento de Madrid. Ha primado a los ayuntamientos ricos, aunque pequeños, sobre los menos ricos pero más poblados. Ha utilizado a su favor la representación de la entidad fundadora, la Casa Real. Ha dispuesto a su gusto el número y la designación de las Entidades Representativas de la Sociedad, primando a las afines al aguirrismo. Ha reducido y limitado el número y papel de los impositores. En definitiva, ha actuado por la puerta de atrás, utilizando torticeramente las enmiendas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos con nocturnidad y alevosía.
El consenso parece obligado cuando hablamos de una Caja de Ahorros. Entidades privadas regidas por un ordenamiento público que reconoce que la sociedad es la auténtica propietaria de las cajas. Esta pluralidad política y social y la profesionalidad de los gestores son la mejor garantía de contar con un instrumento financiero al servicio de la sociedad. Frente a esta concepción el Consejero Beteta ya ha anunciado que el mejor destino de las Cajas es su privatización. El mismo Consejero que ahora debe decidir sobre el futuro de los Estatutos de Cajamadrid.
La mínima dosis de prudencia exigiría que se abriera de inmediato un proceso de diálogo y negociación, para recomponer un marco de consenso roto con la aprobación de la ley. O eso, o imponer los Estatutos a machamartillo a los representantes políticos y sociales que han dicho no a los mismos.
Aguirre debería recordar que Pirro ganó una batalla, destrozando buena parte de su ejército y perdiendo al final la guerra. Aguirre debería recordar que, sin el consenso necesario, cualquier victoria en Cajamadrid, a costa de enfrentarse con la sociedad vertebrada social y políticamente, será siempre una victoria pírrica, efímera, con alto coste y con alto riesgo en un escenario de crisis que afecta a todas las entidades financieras.
Francisco Javier López Martín es Secretario General de CCOO de Madrid.