27 de enero de 2009, 7:20
La Cañada requiere, en primer lugar, lo que por fin se está haciendo: parar el asentamiento masivo y acelerado, así como la construcción de nuevas infraviviendas en su entorno (ya se extiende por zonas húmedas, susceptibles de inundarse en cualquier momento en el que se produzca una tormenta mayor de lo habitual) y eso solamente se puede hacer con resoluciones plenamente ajustadas a la legalidad, como las que realiza en este momento el ayuntamiento de Madrid y las que ha venido realizando el ayuntamiento de Rivas�Vaciamadrid. Sin dejar a nadie tirado en la calle (para eso está el SAMUR social y a atender a los afectados se dedican los Servicios Sociales municipales), realojando a quien sea acreedor a ello y abordando los problemas de cada familia, pero con firmeza, para que todo el que se decida a iniciar una construcción en esa zona, sepa que será pasto de la excavadora.
Pero no basta con estas actuaciones, hace falta planificar una solución a corto � medio plazo, que aborde cada una de las situaciones y de los colectivos que utilizan o habitan en este espacio protegido: a los que llevan más años de asentamiento, quizás habrá que darles un tratamiento indemnizador por la desidia administrativa, pero tendrán que ver demoler sus construcciones; a los espabilados que han puesto un negocio, pues dudo que haya que otorgarles ninguna compensación, pues ya se lo han ahorrado en impuestos, en energía (frecuentemente robada) y en agua; a quienes han construido una chabola como refugio ante la falta real de vivienda, el realojo, como todos los que se vienen realizando desde hace años; a las poblaciones que practican el nomadismo urbano, de las que ya se tiene una dura experiencia en la zona: el tratamiento previsto en la Unión Europea, que respeta su idiosincrasia, les da posibilidades de inserción social, pero que exige cumplir leyes y destina espacios acondicionados con dotaciones y servicios para su estancia temporal. Para aquellos que pretendan constituir, en esta franja de terreno madrileño, un espacio en el que rijan sus propias leyes, sean la sharia o la ley del narco, al margen de las del Estado democrático, solamente les queda el camino de la aceptación de las leyes españolas o la vuelta a sus países de origen.
No son soluciones de un día para otro, pero ninguna administración puede encogerse de hombros. La Comunidad de Madrid, tiene la principal obligación en base a sus competencias sobre un espacio público y protegido: la Sra. Aguirre no puede contemplar impasible un problema que afecta a tantas personas y que hipoteca el futuro del Sureste, nada más que por las pueriles razones de que molesta a Gallardón y a los pocos ayuntamientos de izquierda de la zona. El Gobierno central, no puede solamente desarrollar acciones policiales puntuales (muy bien venidas en la zona, por cierto) contra traficantes y limitarse a apoyar (ahora parece que con eficacia) las demoliciones ordenadas por los ayuntamientos, con el visto bueno de la Justicia. Los Ayuntamientos (no solamente Madrid y Rivas) deben implicarse activamente, les afecte más o menos el problema. Entre todos, con un horizonte claro: acabar con la marginación, la miseria y la contaminación de la Cañada Real Galiana y su recuperación COMO ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO PARA LOS CIUDADANOS DE MADRID, convirtiéndola en PARQUE LINEAL y salvaguardando lo que la historia de siglos nos ha legado, para las futuras generaciones.
Es el momento de actuar, si se deja pasar de nuevo, ¿quién va a poder resolverlo cuando haya 100.000 personas asentadas en un contexto de crisis económica?¿será la Cañada el nacimiento del “favelismo” europeo del siglo XXI?
Pero no basta con estas actuaciones, hace falta planificar una solución a corto � medio plazo, que aborde cada una de las situaciones y de los colectivos que utilizan o habitan en este espacio protegido: a los que llevan más años de asentamiento, quizás habrá que darles un tratamiento indemnizador por la desidia administrativa, pero tendrán que ver demoler sus construcciones; a los espabilados que han puesto un negocio, pues dudo que haya que otorgarles ninguna compensación, pues ya se lo han ahorrado en impuestos, en energía (frecuentemente robada) y en agua; a quienes han construido una chabola como refugio ante la falta real de vivienda, el realojo, como todos los que se vienen realizando desde hace años; a las poblaciones que practican el nomadismo urbano, de las que ya se tiene una dura experiencia en la zona: el tratamiento previsto en la Unión Europea, que respeta su idiosincrasia, les da posibilidades de inserción social, pero que exige cumplir leyes y destina espacios acondicionados con dotaciones y servicios para su estancia temporal. Para aquellos que pretendan constituir, en esta franja de terreno madrileño, un espacio en el que rijan sus propias leyes, sean la sharia o la ley del narco, al margen de las del Estado democrático, solamente les queda el camino de la aceptación de las leyes españolas o la vuelta a sus países de origen.
No son soluciones de un día para otro, pero ninguna administración puede encogerse de hombros. La Comunidad de Madrid, tiene la principal obligación en base a sus competencias sobre un espacio público y protegido: la Sra. Aguirre no puede contemplar impasible un problema que afecta a tantas personas y que hipoteca el futuro del Sureste, nada más que por las pueriles razones de que molesta a Gallardón y a los pocos ayuntamientos de izquierda de la zona. El Gobierno central, no puede solamente desarrollar acciones policiales puntuales (muy bien venidas en la zona, por cierto) contra traficantes y limitarse a apoyar (ahora parece que con eficacia) las demoliciones ordenadas por los ayuntamientos, con el visto bueno de la Justicia. Los Ayuntamientos (no solamente Madrid y Rivas) deben implicarse activamente, les afecte más o menos el problema. Entre todos, con un horizonte claro: acabar con la marginación, la miseria y la contaminación de la Cañada Real Galiana y su recuperación COMO ESPACIO PÚBLICO PROTEGIDO PARA LOS CIUDADANOS DE MADRID, convirtiéndola en PARQUE LINEAL y salvaguardando lo que la historia de siglos nos ha legado, para las futuras generaciones.
Es el momento de actuar, si se deja pasar de nuevo, ¿quién va a poder resolverlo cuando haya 100.000 personas asentadas en un contexto de crisis económica?¿será la Cañada el nacimiento del “favelismo” europeo del siglo XXI?