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viernes. 30.09.2022

Buscando la caja negra

El fracaso de la candidatura de Madrid 2020 en los primeros compases de la reunión decisiva del COI ha sumido en la decepción a muchos ciudadanos...

El fracaso de la candidatura de Madrid 2020 en los primeros compases de la reunión decisiva del COI ha sumido en la decepción a muchos ciudadanos. Los representantes políticos, que habían trasladado a la opinión pública la idea de una muy probable resolución positiva de la candidatura, han expresado su desconcierto ante el veredicto final. Los medios de comunicación, animadores de la expectación popular, se han mostrado tan perplejos ante la exclusión de Madrid como carentes de cualquier línea de análisis que explicara la derrota. Del hermetismo del COI no se obtendrá luz alguna que esclarezca errores o insuficiencias, con lo que el episodio de la designación de sede olímpica corre el riesgo de perderse en el olvido con rapidez. Pero, puesto que el contexto social del país es el de una profunda depresión social y económica, el proyecto Madrid 2020 contenía un papel político cuyo enorme calado nacional e internacional iba mucho más allá de lo puramente deportivo. Por esa razón es útil pensar sobre algunos de los posibles motivos del naufragio de este último empeño institucional que presumía contar con un importante respaldo popular. La posición que defiende este artículo es que la falta de credibilidad internacional de nuestros gobernantes en lo social, económico y deportivo pueden explicar el descarte de Madrid.

Sin ninguna duda España hoy aparece internacionalmente como un país atribulado por una durísima crisis económica, cuyas secuelas más evidentes son un abrumador índice de desempleados, grave especialmente entre los jóvenes, un deterioro vertiginoso de los servicios públicos y la incapacidad de generar riqueza. La depresión ha dejado al desnudo un sistema político y social profundamente infectado por la corrupción. Por arriba, las grandes empresas nacionales vinculadas a la burbuja de la construcción, el sector responsable del insostenible crecimiento económico anterior, son sospechosas de haberse beneficiado de concesiones públicas a cambio de donaciones fraudulentas en una red política clientelar. Por abajo, ha quedado de manifiesto cómo el dinero público destinado al paro en un vasto territorio español se adjudicaba a través de otra red clientelar y opaca, beneficiando a muchos que no lo merecían. El resultado para nuestra imagen como país es demoledor: en España no son los buenos proyectos o los mejores equipos profesionales quienes se imponen, como tampoco la pulcritud en el manejo de fondos finalistas para el alivio de quienes sufren el desempleo. El estigma de España como un país gravemente enfermo de corrupción no ha dejado en la práctica ninguna institución, territorio ni actividad pública al abrigo de la sospecha.

Siendo desmoralizante el panorama público español para cualquier observador, aún lo es más comprobar la ausencia de respuesta que la mayoría de los responsables públicos han exhibido ante la alarmante degeneración del sistema. No sirven ya las declaraciones de firmeza, transparencia y colaboración con la justicia por parte de los políticos actuales que, generalmente seguidas con el ataque al adversario, son abiertamente percibidas como torpe retórica de encubrimiento hipócrita y taimado. Ningún político relevante se ha sentido responsable ante la opinión pública. No hay discurso ni proyecto de regeneración creíble en España, y la impresión es que los viejos aparatos políticos confían para su mantenimiento precisamente en sus redes clientelares tejidas durante años. Apenas cabe confiar excesivamente en la justicia pues los procesos son exasperantemente lentos y, a su vez, son oficiados por una magistratura que participa del escepticismo general, sospechosa también de connivencia política.

Puede deducirse que, en este contexto, los gobernantes creyeran encontrar en el proyecto de Madrid 2020 un útil barniz reparador, tanto para la moral de una población profundamente castigada como para la deteriorada imagen pública internacional de España. Cierto es que el papel adjudicado al deporte podría haberlo desarrollado, por poner un ejemplo, la ciencia o la cultura, sectores en los que nuestro país cuenta asimismo con prestigiosos referentes internacionales. Desde luego, de haberse invertido en ellas los enormes recursos económicos de Madrid 2012, 2016 y 2020, los resultados habrían sido bien distintos y más seguros, también en términos de prestigio exterior y autoestima nacional. Pero España arrastra también otras profundas enfermedades no superadas: muchos de nuestros científicos emigran históricamente, más aún desde el inicio de la crisis, y las gentes de la cultura son percibidas como un colectivo con pensamiento político crítico. Así las cosas, debió resultar meridiano que Madrid 2020 cumpliría con creces aquella función de contrafuerte de la moral y del prestigio exterior del país. Y, ciertamente, el éxito de nuestros deportistas les ha acabado por convertir en una especie de nuevos conquistadores: son quienes ganando batallas en el extranjero hacen sonar el himno e izar la enseña patria ante la enmudecida reverencia del resto de las naciones y el orgullo de sus paisanos. Sin embargo, la instrumentalización política del deporte ha dejado al menos un par de interrogantes concretos, enojosos, pero paradigmáticos en el aspecto moral que, aunque son silenciados en el país, son abiertamente cuestionados en el exterior.

Uno de ellos es el llamativo espectáculo que provocan los dispendios millonarios de los principales equipos de fútbol españoles quienes, ajenos a la realidad de la crisis, continúan inflando su burbuja particular, lo que produce el asombro internacional, cuando no el escándalo. Es difícil encontrar en España, si es que lo hay, un discurso político que reclame ejemplaridad pública y juego limpio financiero en el deporte más popular cuando, simultáneamente, muchos clubes más modestos se hunden y desaparecen. Además, el contraste con otras disciplinas y modalidades deportivas más minoritarios, pero igualmente olímpicos, es brutal: atletas medallistas y prestigiosos campeones han de emigrar, como también plantillas enteras de equipos de éxito olímpico.

El otro interrogante es el dopaje. En los momentos finales de las dos últimas campañas olímpicas de Madrid hubieron de presentarse apresuradamente propuestas legislativas para endurecer las penas contra esta práctica, lo que se entendió como un reconocimiento tácito de, al menos, laxitud, con el problema. Pero el resultado del juicio de la ‘Operación Puerto’, seguido con ansiedad, expectación y esperanza en el mundo entero, desmintió con los hechos las buenas palabras de compromiso con el juego limpio. No solo las penas fueron escasas e irrelevantes, sino que decenas de deportistas de diversas disciplinas presuntamente dopados quedaron sin identificar y, por tanto, sin juzgar. Posiblemente la razón de este estado de cosas es de índole política: al proteger a algunas figuras deportivas relevantes se cree que se protege la imagen del país. Pero conviene recordar que importantes iconos deportivos estadounidenses, británicos, franceses, italianos, griegos o turcos, por citar solo algunos casos, fueron sancionados y algunos despojados de todos sus títulos por sus propios países. El caso español es bien diferente: incluso deportistas importantes sancionados internacionalmente por dopaje, fueron inmediatamente exculpados y apoyados por las autoridades políticas y los medios de comunicación.

Se buscan explicaciones al naufragio de la candidatura de Madrid 2020. Quizá la explicación más evidente sea de naturaleza económica: la de prevenir un rescate de los Juegos ante las negras previsiones a medio plazo de la economía española. Otra puede ser que el estado de corrupción en la España de hoy y la ausencia de respuestas ante ella ha acabado con la credibilidad que nuestro país sí tenía en 1992. Finalmente, puede existir una razón de orden deportivo: la de hacer valer la dignidad intrínseca del deporte y sus valores propios, no concediendo los Juegos Olímpicos a un país cuyos gobernantes acostumbran a instrumentalizar el deporte con descaro.

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