El incontinente y populista presidente de Cantabria ha puesto en la boca del Rey unos juicios sobre el proceso soberanista de Cataluña que, a buen seguro, habrán provocado mayor malestar en la Casa Real que en el propio Artur Más a quien, supuestamente, el monarca habría considerado como un personaje irrecuperable. Mayor gravedad tiene, todavía, la filtración de que don Felipe considera que “nos encontramos al borde del precipicio”. Como es inimaginable que la Casa Real hubiera decidido escoger al señor Revilla como su portavoz para un tema que exige la máxima delicadeza, sobre todo tras el silencio absoluto que siguió a la audiencia con el President de la Generalitat, y lo medido de los gestos, que bastaban para escenificar el desagrado, sólo cabe pensar que hay que medir las confidencias con quien basa su éxito político en la frecuentación de las tertulias televisivas y se encandila con lograr un titular.
La anécdota no daría más de sí, si no fuera porque hay un punto de realidad en la indiscreción. El número uno de la lista que predica la independencia, el recuperado señor Romeva, dejó muy claro, con la aquiescencia de Mas y Jonqueras, que el camino hacia la independencia no tenía marcha atrás y que las elecciones del 27 de septiembre supondrían el toque de campana para elaborar una Constitución catalana y proceder a la “desconexión” con España. La condición necesaria habría de ser ganar esa convocatoria electoral. No por el número de votos sino, como aclaró inmediatamente la vicepresidenta del Govern, por los escaños adjudicados.
Un estudio que agrupa la serie de encuestas realizadas por distintos medios, y que ha dado a conocer el diario Público, señala como más probable la diferencia mínima de un escaño a favor de la coalición liderada por CDC y ERC, más la suma de los escasos adjudicados a la CUP, sobre las opciones que no han atendido al cierre de filas en torno a la única idea del soberanismo. En ese campo, muy plural y cargado de matices diferenciadores, conviven los herederos de la experiencia exitosa de Ada Colau, (Podemos más ICV), partidarios de admitir “el derecho a decidir”; Ciudadanos y el PP, unionistas; el PSC, federalista, y los nacionalistas, de Durán, desgajados de CiU.
Pretender con el 42 por ciento de votos populares, seguramente menos de un 35 por ciento de la población catalana con derecho a voto, liquidar la integración en el Estado español es una aventura demasiado arriesgada -por no mencionar las consideraciones legales y los recursos constitucionales en manos del Gobierno del Estado y a buen seguro con el respaldo del PSOE- como para no dejarse llevar por el tremendismo. La situación es, de por sí, suficientemente grave y delicada sin necesidad de echar leña al fuego con declaraciones incendiarias. Es tiempo de mensajes positivos, racionales, alejados de posiciones inmovilistas.
Existe una insatisfacción, alentada o no, pero real, en una parte importante de la sociedad catalana con el actual modelo de integración en España. Atender esa demanda no significa asumir como solución la ruptura, pero sí confirmar la intención de proceder a una profunda reforma de la Constitución, que no sólo afecte a las demandas territoriales sino a la consagración de los derechos sociales. Una mirada al mapa autonómico surgido tras el 24 de mayo nos hace ver la hegemonía nacionalista en Cataluña, Euskadi o Navarra. Y su indudable peso en algunas Comunidades gobernadas por el PSOE, como Valencia o Baleares. Y la incógnita de Galicia. A tener en cuenta.
La idea federal, propugnada por el Partido Socialista necesita, por tanto, un gran esfuerzo de explicación. Urgente en el caso de Cataluña e imprescindible en el conjunto del país, incluso en aquellos territorios ajenos a las demandas nacionalistas. Es una tarea difícil, arriesgada, pero es también la que puede consagrar a una generación de políticos en un momento histórico. Quiero decir estadistas. No “revillas”.