Nadie puede negar el éxito de los independentistas catalanes al conseguir envolver su propuesta de independencia, que es minoritaria en la sociedad catalana, en la demanda de “el derecho a decidir” que según todas las encuestas es una opinión ampliamente compartida por muchos catalanes.
Pero si vamos unos pasos más allá en el desarrollo de dicho concepto y lo despojamos de cargas emocionales, tendríamos que dar respuestas a la siguiente pregunta: ¿el derecho a decidir qué?; formar parte de un estado federal; ser un estado libre asociado como proponía el plan Ibarreche para Euskadi; esto es, formar parte de un estado confederal; la independencia de Cataluña; dejar las cosas como están.
Parece evidente que todas las opciones no caben en el derecho a decidir: Tal y como se ha planteado, la independencia es la única alternativa a considerar y ello a pesar de que otras opciones pudieran gozar del mismo o mayor consenso social y mejor viabilidad en el actual marco jurídico.
El otro gran logro del independentismo ha consistido en invisibilizar a la mitad de la población que no comparte sus opiniones y tacharla de antidemocrática si no acepta participar en el referéndum unilateral del 1-O. Se completa el escenario del conflicto con la bronca organizada los días 20, 21 y 22 presentando a los detenidos como presos políticos y víctimas de un estado dictatorial y franquista, frente a demócratas que sólo quieren conocer la opinión del pueblo, maltratado por un estado que es indiferente a sus demandas.
Pero muchos sabemos que para que un referéndum pudiera ser una vía de salida al conflicto, aunque no fuera la mejor opción, sería imprescindible que participasen los partidarios de la independencia y los contrarios a la misma, si no fuera así, de difícil manera se podría resolver algo y para que participasen las dos partes resulta imprescindible que haya normas, sea legal y este pactado. Como quiera que todo eso no ocurre, lo del 1-O no es otra cosa que una pasarela para la declaración unilateral de independencia, a tenor de lo aprobado de mala manera en el Parlamento Catalán, lo que dará lugar a mas frustración, más agravios y más fractura social; una fractura que enfrenta trabajadores con trabajadores y los hace subalternos de quienes dirigen el procés, esto es, los mismos que cuando van a Madrid y tratan asuntos socio-laborales en el Parlamento siempre votan con el PP contra los trabajadores, también contra los trabajadores catalanes.
Dos causas, entre otras, están detrás del crecimiento en apoyo social de las demandas independentistas en los últimos años, la importante devaluación de las condiciones de vida y trabajo consecuencia de la crisis y de las políticas practicadas frente a la misma, tanto por los gobiernos de España como de Cataluña y el recorte del Estatuto de Autonomía, consecuencia del recurso del PP al Tribunal Constitucional.
Es evidente que los independentistas han conseguido convencer e incluir en el debate político catalán, como algo cierto, un relato por el cual los responsables de los recortes y de las políticas aplicadas no son los gobernantes catalanes y sí lo son los dirigentes españoles, que además se apropian de una buena parte de los recursos de Cataluña.
De igual forma, el recurso del PP al Tribunal Constitucional y la posterior anulación por parte de este, de algunos artículos del Estatuto de Autonomía se ha conseguido situar, por parte de los independentistas, como la ruptura del pacto entre Cataluña y España, siendo este el punto de arranque del desencuentro definitivo entre estas, de tal manera que a partir de ese momento cualquier iniciativa separatista está más que justificada, a ella se sumaran cuantos agravios posteriores quieran incluirse en el relato.
Si estas han sido las ideas fuerza de los independentistas, que han calado un una parte importante de la sociedad catalana, no es menos cierto que de contrario se han tenido de cometer grandes errores para que en un período de tiempo relativamente corto (2007-2014) los apoyos del independentismo hayan pasado del 15 al 45%.
Dos son en mi opinión los elementos a tener en consideración, por una parte la política interesada del PP que con un sobreactuado discurso de firmeza frente al independentismo gana votos en el conjunto del Estado y por otra, la falta de un discurso coherente y homogéneo por parte de los contrarios a la independencia en general y de la izquierda alternativa, tanto catalana como española, en particular.
El PP que tiene poco que ganar en Cataluña, es el quinto partido en escaños, ha encontrado la manera de desviar la atención de los problemas reales que le desgastan, (corrupción, desigualdad social, paro, etc.) y liderar el nacionalismo español y los sectores más anticatalanistas del conjunto del Estado, presentándose a sí mismos como los únicos capaces de pararle los pies a los independentistas, lo que le permite frenar la pérdida de apoyos que estaba sufriendo y situarse en condiciones de recuperar los perdidos.
La falta de propuestas políticas, durante tanto tiempo, para encauzar el conflicto y la actuación autoritaria del PP en la gestión de la crisis están ahondando la fractura social y amenaza con hacer irreconciliables las posiciones tanto en Cataluña como en España.
La izquierda aparece totalmente dividida entre quienes creen necesario respetar las leyes y a la vez reclamar un diálogo que pueda desembocar en un pacto que articule un nuevo espacio legal de relación entre Cataluña y España y quienes restan importancia al cumplimiento de las leyes porque buscan un entendimiento con los independentistas, bien para no perder espacios en Cataluña, bien para desgastar al PSOE y al PP, no percibiendo que de esta manera consiguen justo lo contrario.
La izquierda alternativa no ha sido capaz de articular una estrategia y un discurso propio, más allá de la defensa genérica de un dialogo sin concretar contenido, ha hecho suya la consigna de “el derecho a decidir” y la puesta en cuestión del carácter democrático del Estado, asumiendo un discurso subalterno en Cataluña e incomprensible en el resto de España, al mostrarse indiferente, cuando no aliada, de quienes son los responsables de la grave crisis territorial que estamos viviendo a ojos de la mayoría de los españoles. La política de ambigüedad calculada de Cataluña en Comú para tratar de mantener sus apoyos,además de darle una importante baza al independentismo al legitimar su apuesta, tendrá un alto coste electoral para Podemos cuyo principal beneficiario no será otro que el PSOE.