Nuestro país atraviesa desde hace cinco años una intensa crisis económica con un insostenible coste en términos de desempleo, que afecta ya a prácticamente seis millones de personas, y que está provocando un aumento vertiginoso de las situaciones de pobreza y desigualdad. De ello tiene mucha culpa la gestión irresponsable de muchas entidades financieras en la etapa de crecimiento, que ha degenerado en un agujero colosal en sus balances y que ha terminado por transmitirse a las finanzas públicas. Lo privado ha intoxicado lo público, y no al revés. Con la pasividad y aquiescencia, eso sí, de los poderes públicos, que alimentaron o consintieron la generación de una colosal burbuja inmobiliaria.
Para afrontar esta profunda degeneración económica y financiera, desde hace dos años y medio se aplican en España políticas de ajuste y recortes continuos que han agravado terriblemente la situación, al desatender toda iniciativa que apoye el crecimiento y empobrecer más a las familias. Una estrategia decidida por Alemania, impuesta por la troika (Comisión BCE, FMI), y aplicada sin remilgos y con convencimiento ideológico por el Gobierno del Partido Popular.
En sólo seis meses, Mariano Rajoy ha acometido el mayor recorte de gasto y la mayor subida de impuestos de nuestra democracia; ha roto la esencia pública de los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia), afectando a los cimientos de nuestro magro estado de bienestar; ha eliminado derechos de los trabajadores con una ruptura unilateral de nuestro marco laboral; que ha otorgado poderes máximos a los empresarios; ha reducido derechos ciudadanos esenciales y le ha dado el mayor hachazo a las pensiones. Todo ello apelando a las circunstancias extraordinarias de nuestro país y vulnerando todos sus compromisos electorales con un desparpajo impúdico.
La insolvencia de nuestro sistema financiero se ha traducido en una crisis de deuda y credibilidad como país que ha derivado, de hecho, en una intervención externa. Y los halcones de la ideología neoliberal (OCDE, FMI, BCE) han visto el campo abierto para imponer aquello que llevan predicando décadas, las mismas recetas desreguladores y de recorte de lo público que vienen recomendando sistemáticamente. Por fin -han debido pensar- tienen la capacidad de imponerlas en Europa, en los países más desarrollados del planeta, una vez ensayadas hasta la saciedad en América Latina con resultados desastrosos. Y el Gobierno del PP, encantado, porque tiene la excusa perfecta –junto a la ya desgastada de la herencia recibida- para hacer muchas de las reformas que siempre ha defendido. Es Europa –dicen-; no hay más remedio –repiten-. ¿Hasta cuándo?
No hay límite. Todo lo que se ha hecho en España desde mayo de 2010 sólo ha servido para empobrecernos más y para segar toda posibilidad de salida. El último paquete de recortes del Gobierno bebía del informe del FMI que constituye, hasta ahora, el programa oficioso de rescate de nuestro país. Ahí ya se postulaban más recortes: en sanidad, en el sector público (más privatizaciones) y, cómo no, en el mercado laboral, una de las obsesiones favoritas de los ideólogos de la desregulación.
Da igual que la prima de riesgo no ceda, y que si lo hace sólo sea por la acción directa del BCE comprando deuda; da igual de se siga destruyendo empleo a un ritmo devastador, favorecido por la contrarreforma laboral impuesta por el Gobierno, que la tasa de paro siga creciendo, y que no haya perspectiva de mejora; da igual que el recorte y perspectivas de privatización de la sanidad esté destruyendo uno de nuestros sistemas más valiosos y situando a miles de personas en situaciones de riesgo físico real; da igual que cada vez haya más personas que buscan su ración alimenticia diaria en comedores sociales o, directamente, en contenedores de basura. Da igual (les da igual) que los ciudadanos estén mostrando día sí y día también su rechazo y hartazgo por estas políticas.
Ahora ha sido la OCDE la que, en su informe sobre España, se ha descolgado con que es necesario subir más el IVA, recortar más las prestaciones por desempleo, reformar (otra vez, ahora para reducir) las pensiones, y recortar más el coste del despido improcedente (el que no tiene causa, el que obedece a la discrecionalidad del empresario, no a razones económicas, y que ya redujo el Gobierno en su reforma). Es decir, más de lo mismo: más depresión económica, más paro, más exclusión y más pobreza. Parafraseando al Premio Nobel Paul Krugman, más sufrimiento inútil.
Para colmo, su Secretario General, en su conferencia de presentación de ese Informe en el Club Siglo XXI, se permite afirmar que si un empresario no contrata a los desempleados de larga duración es porque “quién sabe qué malos hábitos habrá adquirido además de no trabajar”. Quizá el Sr. Gurría debería explicar sus tesis no en el Club Siglo XXI, donde seguramente nadie del auditorio precisara afortunadamente de sus consejos para salir del túnel del desempleo, sino en la cola de alguna de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo que hay en nuestro país. Allí puede encontrar un auditorio de 6 millones de personas, cuyo principal hábito consiste es buscar activamente empleo y cómo llegar a fin de mes.
Alguien debe explicarle al Sr. Gurría que los ciudadanos españoles no aguantan más. Que tienen claro que la insistencia en esas políticas de adelgazamiento extremo conduce a la ruina, a un retroceso histórico en los niveles de desarrollo económico y social, a la pérdida de derechos que forman parte de la esencia de nuestra democracia, y a los que, por eso mismo, no están dispuestos a renunciar. El vaso se ha colmado, y el amplio descontento social se expresa de forma cada vez más contundente. Y deberían advertirle de que, si siguen apretando el dogal, en lugar de someter a los países a la disciplina deseada, sus ciudadanos se pueden revolver contra ellos en una lógica reacción de supervivencia y dignidad. Ya está pasando, y sólo un necio o un irresponsable pueden ignorarlo.
La ciudadanía es cada vez más consciente de que, frente a esta lógica del desastre y el desprecio democrático, hay alternativas realistas, más eficaces y más justas. Propuestas que, sin olvidar la necesaria austeridad, permiten estimular el crecimiento, por ejemplo, con una fiscalidad más eficiente y solidaria, que reparta mejor los esfuerzos, y que ataque el elevado fraude sin amnistías injustas e ineficaces; con la adopción de una banca pública que facilite el crédito; presionando para cambiar las funciones del Banco Central Europeo, para que tenga en cuenta también el crecimiento entre sus objetivos y actúe de prestamista de última instancia, como hacen los de Reino Unido o EEUU; buscando aliados en Europa para implementar un plan de inversiones transnacional que impulse la actividad sin presionar los déficit nacionales; plantándose, en definitiva, ante las presiones de la Sra. Merkel y los adalides del capitalismo salvaje para situar el crecimiento y el empleo en el centro de todas las políticas, a la vez que reivindicamos el modelo social europeo como marco de dignidad y progreso irrenunciable .
Los sindicatos, algunos partidos políticos, multitud de organizaciones sociales y cada vez más expertos las estamos proponiendo desde hace tiempo. Desde UGT vamos a seguir haciéndolo, a la vez que reclamamos al Gobierno un referéndum para que los ciudadanos puedan expresarse libremente y decidir sobre las políticas que el Gobierno del Sr. Rajoy está aplicando en esta situación excepcional sin que hayan sido legitimadas por las urnas. Si tan convencido está el Gobierno de la bondad de sus medidas, debería ser el primer interesado en realizarlo, toda vez que sus continuos bandazos, sus incumplimientos y sus mentiras le han llevado al descrédito más absoluto.