24 de enero de 2011, 6:23
nuevatribuna.es | 21.01.2011
Por primera vez un Ayuntamiento madrileño, el de Fuente el Saz, pretende acogerse a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aduciendo que arrastra una deuda con los proveedores de bienes y servicios de cerca de 9 millones de euros. El ERE afectaría a 19 trabajadores y trabajadoras municipales, de los 120 con los que cuenta.
La crisis ha reducido los ingresos municipales y ya no hay dinero ni para fotocopias, en esta localidad de poco más de 6.000 habitantes. 15 empleados verán suspendido su contrato durante un año y otros cuatro verán reducido su horario y su sueldo a la mitad. El ERE forma parte de un paquete de medidas de ahorro que pretende reducir en unos 420.000 euros anuales el gasto municipal. La alcaldesa echa la culpa de la situación a Zapatero, al anterior gobierno municipal, a los trabajadores municipales y a los sindicatos.
Así las cosas conviene recordar y traer a colación, la reciente firma de una declaración, por parte de CEIM, UGT y CCOO, con el Gobierno municipal de la capital, para que el Gobierno de España se tome en serio los problemas de la financiación municipal, especialmente en tiempos de crisis, estableciendo fórmulas para refinanciar parte de la deuda municipal, acceder a créditos del ICO para pagar deudas con proveedores, afrontar un sistema nuevo y estable de financiación de los Ayuntamientos.
Pero dicho esto, conviene aclarar que la figura del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no está concebida para las administraciones públicas. Una Administración municipal difícilmente puede justificar que con un ERE favorece su posición competitiva en el mercado, entre otras cosas porque ni sus recursos dependen del mercado, ni sus actividades forman parte del mercado, ni sus problemas se derivan de la falta de competitividad en ningún mercado.
Por lo tanto, las fórmulas para abordar los problemas económicos no deberían pasar por el ERE. Ni la autoridad laboral competente, la Comunidad de Madrid, debería dar carta de naturaleza a este tipo de soluciones, aprobando el Expediente.
Lo que ocurre en Fuente el Saz no es más que un anticipo de lo que ocurrirá en decenas de ayuntamientos madrileños y conviene acertar ahora en la fórmula de solución, antes de que el conflicto prenda como una mecha en las calderas municipales de todo Madrid.
El Ayuntamiento de Fuente el Saz no hace sino echar más leña al fuego, planteando una reducción generalizad de salarios de un 30-35 por ciento, sin que tan siquiera ello garantice ni el empleo, ni el pago de los salarios futuros. Toda su estrategia de futuro parece consistir en aprobar un nuevo plan general de urbanismo para que el suelo, el ladrillo y la vivienda den liquidez a las cuentas municipales, cosa muy improbable en estos momentos de estancamiento de la construcción y parón inmobiliario.
Hay otras medidas posibles y necesarias que permitirían evitar este ERE, que afectará a personas con discapacidad, embarazadas, o familias que solo cuentan para su sustento con el salario de un empleado municipal. Por ejemplo, un proceso de conversión en funcionario, del personal laboral abarataría un 6 por ciento los costes salariales. La renegociación de los costes de servicios municipales privatizados, o su remunicipalización permitirían ahorrar 100.000 euros anuales. Mancomunar determinados servicios con otros ayuntamientos mejoraría aún más el ahorro. Reducir gastos de dietas, festejos, inauguraciones, protocolo, cargos de confianza, telefonía, contribuirían a mejorar las cuentas.
Los trabajadores siempre estamos dispuestos a afrontar la racionalización, mejora y ahorro en los servicios públicos. Racionalización, mejora y ahorro, que sin embargo tienen poco o nada que ver con culpar a los trabajadores de la crisis, la falta de recursos, o el descontrol del gasto.
Ni el Ayuntamiento planteando un ERE, ni la Comunidad en caso de aprobarlo, ni el Gobierno de España cerrando los ojos a los problemas de financiación municipal, centrados en la excesiva dependencia del suelo, el ladrillo y la vivienda, contribuyen a solucionar el problema.
La solución es urgente y no admite dilaciones porque los problemas municipales de financiación y morosidad, se generalizan y nuestros gobernantes no pueden dar la callada por respuesta, ni acogotar más a la ciudadanía y los trabajadores, sin alentar con ello un conflicto de incalculables dimensiones.
Francisco Javier López Martín | Secretario General de CCOO de Madrid