jueves. 28.03.2024

Ascó, ¿y ahora qué?

No deja de asombrar cómo se minimizan o agigantan las reacciones de muchos medios de comunicación ante determinados acontecimientos, en función del interés de los emporios empresariales más poderosos (no hablemos de FADESA por ahora).
No deja de asombrar cómo se minimizan o agigantan las reacciones de muchos medios de comunicación ante determinados acontecimientos, en función del interés de los emporios empresariales más poderosos (no hablemos de FADESA por ahora). Este es el caso de lo ocurrido con la propuesta sancionadora del Consejo de Seguridad Nuclear al Gobierno, contra la empresa propietaria de la central nuclear Ascó I (Tarragona), ANAV (mayoritariamente de ENDESA ¿les suena Pizarro?), por haber cometido hasta seis infracciones en 2007, una de ellas calificada como grave, que resultó en emisión de radioactividad, superando el límite anual de dosis en el interior de la instalación y, lo que es peor, que ocultó durante cinco meses.

El margen que tiene para multar el ministro Sebastián, va de 9 a 22,5 millones de euritos y en los medios de comunicación se ha resaltado como una propuesta “histórica” (últimamente todo es “histórico” en este país), porque durante la etapa anterior del CSN, hasta hace poco presidido por la pronuclear pepera, M� Teresa Estevan, se había tratado con guante de terciopelo a la industria atómica, siendo la más alta, una multa impuesta a la empresa titular de Vandellós II (otra vez ANAV), de 1,6 millones de euros en 2006. Veremos pues próximamente el nivel de “historicidad” de la sanción que, finalmente, imponga el Gobierno, pero en cualquier caso, para ENDESA y su socia en este affaire IBERDROLA, que ganan con esta central, más de 1,2 millones diarios, es pelusilla butaca.

A lo que íbamos, que en los diferentes periódicos, esta sanción ha aparecido más o menos resaltada, pero centrándose en la sanción y algunos, con titulares casi escandalizados por una medida tan “radical”, cosa de “rojos” gobernantes. Como si un escape radioactivo, aunque haya sido en el interior del recinto (estas radiaciones deben estar tan bien educadas, que al llegar a las vallas de la central se dan la vuelta), fuera cosa de nada, asunto de técnicos. Así pasa con la industria nuclear, que venga fallos y despistes (las últimas Garoña y otra vez Vandellós): “¡huy, que se nos ha corrompido el circuito de aguas y se nos ha escapado por la alcantarilla!”; “¡huy, que se nos ha ido el chatarrero con un montón de trastos repartiendo isótopos a diestro y siniestro!”; “¡huy que se nos ha incendiado¡”. Hasta que un día pase algo gordo y luego todos a ponerse los primeros en la foto con cara seria a pedir que se abran comisiones de investigación.

Los hechos demuestran que el sistema energético basado en la fusión del uranio, ni es seguro, ni es sostenible, ni es rentable para la sociedad. Lo que sí es un chollo para las empresas propietarias, es la explotación de las centrales que están actualmente en funcionamiento, aunque si se les aplicase realmente el máximo rigor y exigencia en la seguridad, otro gallo cantaría y veríamos cómo venían corriendo a pedir al Estado que se hiciese cargo de ellas. Porque lo que corresponde realmente hacer con una instalación como Ascó I, por la gravedad de lo sucedido y por el intento de ocultarlo, es el cierre cautelar, previsto en la legislación vigente. Ni más, ni menos. Hay que marcarles los límites a estos señores, que se han hecho con las empresas públicas para forrarse y hacer politiquilla con ellas y a los que el interés general les importa un bledo. Estas son cosas demasiado serias para dejarlas en manos de aventureros de las finanzas (o tiburones, como les llaman algunos, casi con admiración) y que, desde luego, requieren que un Gobierno progresista les ponga en su sitio.

Ascó, ¿y ahora qué?
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