viernes. 24.05.2024

Aprovechemos el impulso pactista

nuevatribuna.es | 28.01.2011Por primera vez en mucho tiempo se ha producido una coincidencia feliz entre el interés general y los intereses particulares de la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales. Al país, a su economía, a sus instituciones y a sus ciudadanos les interesa el pacto para afrontar los desafíos colectivos.

nuevatribuna.es | 28.01.2011

Por primera vez en mucho tiempo se ha producido una coincidencia feliz entre el interés general y los intereses particulares de la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales. Al país, a su economía, a sus instituciones y a sus ciudadanos les interesa el pacto para afrontar los desafíos colectivos. Y al Gobierno, a los partidos políticos de oposición, a la patronal y a los sindicatos les interesa, circunstancialmente al menos, aparecer ante la opinión pública como partidarios firmes de ese pacto necesario.

De hecho, la conciencia clara del castigo popular a los responsables de la eventual frustración del pacto ha resultado decisiva para propiciar los acuerdos más recientes. Ahora se trata de aprovechar al máximo el impulso “pactista” acometiendo con solvencia el resto de las reformas pendientes.

El pacto social suscrito en torno a pensiones, reforma laboral, políticas activas de empleo y negociación colectiva, constituye una gran noticia, tanto por su materialización como por su contenido. Las ganancias son evidentes en lo concreto, en el fortalecimiento del sistema público de pensiones, en la mejora de la empleabilidad de los parados jóvenes y mayores, en la apuesta por la contratación estable y con derechos.

Y las buenas noticias coadyuvan también en términos de confianza en lo interno y en lo externo. Los españoles confiaremos más ante la perspectiva de una salida de la crisis compatible con la justicia social. Y los ineludibles mercados financiaros recibirán la señal de un nuevo impulso de futuro, eficiente y optimista.

Igualmente merecemos una felicitación colectiva por el acuerdo reciente en torno a la llamada ley Sinde, que cierra un conflicto de alcance económico, político y social, con repercusiones incluso en nuestra imagen ante el resto del mundo. Si bien el texto pactado entre Gobierno, PP y CiU plantea algunas dudas sobre la viabilidad práctica de la fórmula elegida, resulta muy relevante el compromiso inequívoco de la gran mayoría de los representantes de nuestra ciudadanía en la defensa equilibrada de los derechos de creadores e internautas. Con procedimientos un tanto alambicados y con garantías sobre garantías y sobre garantías, pero por fin tendremos cobertura legal para combatir el latrocinio impune sobre la creación y la producción cultural en las redes.

Pero aún quedan otras reformas pendientes, que también precisan de esta súbita propensión general al acuerdo por encima de intereses de parte. Se me ocurren tres urgentes, al menos.

Primero la reforma del sector financiero. Se han dado ya muchos pasos en la dirección de consolidar su estabilidad y solvencia, unos concertados aquí y en Europa, y otros no tanto. Las principales reformas pendientes en este ámbito trascienden la capacidad de decisión de un solo país, sobre todo de un solo país que además está fuertemente endeudado. El establecimiento de un gobierno económico en Europa, que acompañe la unión monetaria con una política fiscal y presupuestaria común, o la fijación de reglas claras en orden a evitar la especulación incontrolada, son algunos de estos cambios que escapan a nuestra voluntad aislada.

No obstante, sí nos corresponde a nosotros solos resolver las dudas que se ciernen, aquí y fuera de aquí, sobre la solidez real de nuestras instituciones financieras. Y nos corresponde a nosotros arbitrar medidas que aseguren la solvencia transparente de estas instituciones, sin renegar necesariamente de una fórmula autóctona, apreciada por su contribución histórica al desarrollo de nuestra sociedad, y de viabilidad demostrada en la mayor parte de los casos, como son las cajas de ahorros. Sin es con pacto, mejor.

También es importante la reforma del sector energético. El último decreto que trata el supuesto déficit de la tarifa eléctrica, y que votamos en el Congreso el miércoles 26, introduce algunas dudas sobre la vigencia de nuestra apuesta estratégica por las energías renovables, y muestra también algún titubeo a la hora de hacer valer el interés general ante el lobby de las grandes compañías eléctricas. Cabe aclarar, mediante pacto, horizontes, objetivos y procedimientos que aporten seguridad a empresas, inversores, consumidores y ciudadanos.

Una reforma más: la eficiencia en las administraciones públicas. Los pescadores en río revuelto, como Aznar, enturbian maliciosamente un debate que debiera resultar tan positivo como lógico. El Estado de las Autonomías ha aportado prosperidad, desarrollo y progreso, con carácter general e innegable. Pero también es innegable la reforma pendiente en orden a asegurar coordinación y cooperación eficiente. No se trata de “recentralizar” el Estado, pero sí es preciso habilitar herramientas para la gestión coherente, austera y eficaz. Porque al socaire de la descentralización y de la autonomía, con demasiada frecuencia se comenten dispendios y desatinos, que en época de vacas gordas pueden camuflarse, pero que en tiempos de crisis resultan tan evidentes como inadmisibles.

Rafael Simancas | Diputado del PSOE en el Congreso

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