sábado. 20.04.2024

Algo se mueve en Portugal

Portugal lleva años viviendo en una especie de “crisis permanente” en términos económicos y sociales.

Portugal lleva años viviendo en una especie de “crisis permanente” en términos económicos y sociales. Esta situación arrastra los años de la dictadura (1932-1968) salazarista- como ocurrió en España con el franquismo- y la tardía descolonización de los países africanos de habla portuguesa, y se vio agravada porque en Portugal no se llevó a cabo, a la salida de la dictadura, una reforma profunda de las estructuras económicas y sociales y una reconversión de los sectores básicos (industria, agricultura y pesca), ni tampoco la racionalización de las administraciones públicas, los servicios públicos, la enseñanza, la sanidad… Las secuelas son conocidas: Una economía débil, ausencia de una fuerte clase media y profundas desigualdades sociales.

En la década de los 90 -aprovechando el avance económico que se produce al amparo de la Expo-98 de Lisboa- miles de empresas españolas se instalaron en Portugal (sobre todo en Lisboa y Oporto) acrecentando su fuerte presencia en los sectores de banca, energía, obra civil, y servicios. Por su parte, Portugal se percató que su economía sólo sería viable en un mercado más amplio y cercano (península ibérica) comenzando así una fuerte relación entre los dos países que aumentó según pasaban los años, en coherencia con la lógica derivada de su proximidad y la integración de España y Portugal en la UE (1985). En esa etapa, ambos países (sobre todo Portugal) se vieron muy favorecidos por los fondos estructurales de la UE, lo que ayudó a modernizar las infraestructuras públicas y las comunicaciones.

A pesar de los avances de los últimos años, la actual crisis en Portugal comienza en 2004- muy afectada por la falta de competitividad de sus empresas- y se agudiza en 2007 (crisis global) condicionada por su estancamiento económico, su déficit y el costo de su deuda pública (en los últimos días el bono portugués ha superado la barrera del 8% a 10 años y el 9% a 5 años). Para responder a esta situación, el gobierno luso ha venido aprobando, desde hace más de un año, tres planes de estabilidad y crecimiento de acuerdo con la UE y el principal partido de la oposición (PSD) que no han resultado suficientes para mejorar la situación económica, a pesar de sus costos sociales. Por el contrario, el cuarto plan (2011- 2014) acaba de ser votado en contra- en la Asamblea de la República- por la oposición en bloque de los partidos de izquierda y de derechas, rechazando así las medidas de austeridad destinadas a reducir el déficit al 4,6% del PIB este año, al 3% en 2012 y al 2% en 2013 (mucho más exigentes que las de Grecia, Irlanda y España), con el propósito de evitar la suspensión del pago de la deuda. Como consecuencia, el primer ministro portugués, José Sócrates, ha presentado su renuncia al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, que deberá convocar elecciones a corto plazo ante el previsible fracaso de los intentos para formar un gobierno de concentración nacional. Por lo tanto, a la crisis económica se ha añadido la crisis política, seguramente por la torpeza, cuando menos de procedimiento, del gobierno socialista (no ha consultado el Plan a los partidos políticos ni a los sindicatos) y el cálculo electoral y partidista (como ocurre en España) del PSD (centro derecha), lo que agravará la situación muy debilitada en términos económicos.

Además, a la crisis política y económica hay que añadir la crisis social. Los planes de estabilidad y crecimiento han significado una fuerte política de recortes que ha golpeado con dureza a los trabajadores (retribuciones de los empleados públicos, pensiones, inversión pública, aumento del IVA, recortes de derechos laborales y sociales…); a ello se debe sumar el acuerdo tripartito alcanzado sobre la reforma laboral entre el gobierno, tres asociaciones empresariales (CCP, CIP y CTP) y la UGT portuguesa que representa nuevos recortes de los derechos adquiridos por los trabajadores (entre otras medidas abarata el despido). El acuerdo ha sido rechazado por el sindicato mayoritario de Portugal (CGTP), constituido hace 40 años en base a la política “entrista” del partido comunista en el sindicato oficial de la dictadura. La CGTP no ha aceptado que la reforma laboral se lleve a cabo con su firma (abandonó las conversaciones, pero no la concertación social como instrumento para conseguir logros para los trabajadores), en base a los postulados que en estos momentos defiende la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Esta decisión ha dejado a la UGT de Portugal (de inspiración socialista) en una situación muy delicada- sobre todo cuando un día después el gobierno se ha visto obligado a dimitir-, y por lo tanto en dificultades para explicar en los centros de trabajo, en pugna con la CGTP, las ventajas que tiene el acuerdo para los trabajadores que, además, ha decaído por la actual crisis política. En todo caso, la firma de la UGT portuguesa en solitario agudiza la histórica desunión sindical que se viene produciendo en Portugal en los últimos años, lo que debilita la respuesta sindical a la crisis.

Si bien es cierto que la crisis social viene siendo fuertemente denunciada por la CGTP (huelga general el pasado 24 de noviembre y diversas movilizaciones), lo que últimamente ha llamado la atención, sobre todo, han sido las multitudinarias manifestaciones convocadas de forma virtual en Lisboa y Oporto (12 de marzo), por cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes (“quinientoseuristas”), para denunciar las insoportables políticas de ajuste, el creciente desempleo (11,2%) y la precariedad del empleo (14%). Estas movilizaciones han sorprendido a propios y extraños y demuestran, entre otras cosas, la escasa credibilidad de los partidos políticos en Portugal entre los jóvenes, que son los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis: precariedad, desempleo, desprotección social, difícil acceso a la educación… Las movilizaciones de los jóvenes representan también un enfrentamiento con los planteamientos de la Sra. Merkel (Pacto del Euro Plus) y ponen en entredicho las brutales medidas de ajuste fiscal de la UE para responder a la crisis y resolver los problemas que sufren particularmente los jóvenes, sobre todo en un país como Portugal que se encuentra muy retrasado en todas las coordenadas que configuran el estado de bienestar social.

Ante estos problemas no resulta extraño que Portugal sucumba a la especulación de los mercados y tenga que acudir al fondo de rescate de la UE y del Fondo Monetario Internacional (la UE ya ha puesto precio al rescate, 75.000 millones de euros), incluso a sabiendas de que ello significará nuevos ajustes y mayores problemas para el crecimiento económico y el empleo (el Banco de Portugal reconoce que con las medidas del Plan-IV la economía se contraerá el 1,4% en el presente año) y, por lo tanto, para una verdadera salida a la crisis.

En este contexto, tampoco es extraño que la fuerte relación económica entre España y Portugal represente una preocupación añadida para la economía de nuestro país por el efecto contagio que puede tener una mayor exposición de España a la economía lusa. Debemos señalar que los bancos españoles, según fuentes del Banco de Portugal, son el principal acreedor externo de Portugal y tienen un tercio de la deuda bancaria acumulada por familias, empresas y Estado (108.000 millones de euros), destacando los 70.000 millones del sector privado no bancario, los 9.000 millones en el sector público, y los 6.000 millones en los bancos portugueses. Alemania, con 49.000 millones, ocupa el segundo lugar, seguida de Estados Unidos con 47.000 millones de euros.

También es conveniente recordar que, en el segundo trimestre, Portugal acumulará un número considerable de vencimientos (entre abril y junio vencen 9.500 millones de euros); esa es una buena razón para que la UE ayude a Portugal, con prontitud, a salir de la crisis (comprando el Banco Central Europeo títulos de deuda portuguesa, compatible con la defensa de los eurobonos como solución final), evitando así que ello incida negativamente en términos económicos y sociales en el conjunto de la UE.

Para responder a ello, se echa en falta una alternativa global a la crisis desde posiciones socialdemócratas que nadie ha presentado y menos defendido en el conjunto de la UE, si exceptuamos los reiterados llamamientos de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)- junto a ATTAC- para impulsar un sistema fiscal sobre el sector financiero. Efectivamente, resulta injusto y rechazable que los trabajadores de la UE tengan que soportar el costo de la crisis a través del desempleo, la precariedad, la reducción de salarios, la baja protección social, los recortes de los servicios públicos… mientras los causantes de la crisis siguen obteniendo importantes beneficios (la banca española en 2010 ha superado los 12.000 millones de euros) y sus ejecutivos se reparten cantidades desorbitadas de dinero. Todo ello está ocurriendo sin escándalo aparente en nuestra sociedad, que además asiste atónita a la ceremonia de la confusión montada por el presidente del gobierno con los empresarios más importantes del país, lamentablemente secundado por el líder del principal partido de la oposición al reunirse con representantes de las PYMES.

Lo más grave de la situación es que el rescate de un número de entidades financieras no ha provocado cambios en las políticas causantes de la crisis; más bien al contrario, siempre volverán a tener las entidades financieras el apoyo del Estado para volver a acudir a su rescate si ello fuera necesario. En este sentido, la CES defiende una supervisión más eficaz de los reguladores (Bancos centrales), poner coto a los abusos de las agencias de calificación de deuda, y suprimir los paraísos fiscales; además de un impuesto a las transacciones de carácter especulativo que se realicen dentro del sector financiero, lo que permitiría un reparto más justo del costo de la crisis, además de ayudar a financiar, entre otras materias, los servicios públicos, la educación, y la sanidad. En definitiva, una política económica y una fiscalidad común que frene el preocupante desarme fiscal.

Por eso, la fuerte contestación social a las medidas de la UE que se está desarrollando en nuestro país vecino resulta comprensible y por lo tanto no debe echarse en saco roto por los partidos políticos, los sindicatos, y los responsables de las instituciones europeas. No hay que descartar que la experiencia portuguesa se pueda reproducir en parte, o totalmente, en nuestro país (muy afectado por el desempleo), como ya ha ocurrido en la UE, sobre todo, en los países más débiles (Grecia e Irlanda). En todo caso, resulta evidente que esta política que sufren los ciudadanos no crea entusiasmo, ni mucho menos consolida el euro ni el estado de bienestar social y, desde luego, tampoco el proyecto político de la UE. ¿Dónde está la democracia?

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