20 de septiembre de 2010, 16:55
NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2009
La ciudadanía catalana se encuentra inmersa en un estado de alarma social, que considero plenamente justificada al entorno del caso Millet.
Debemos tener en cuenta que se trata de un caso de latrocinio continuado perpetrado sobre una de las instituciones culturales, el Palau de la Música y el Orfeó Catalá, de mayor arraigo, prestigio y llegaría decir de las que mayor cariño tienen en el seno de la sociedad catalana.
La alarma social se debe en primer lugar al propio hecho de la expoliación de la caja del Palau-Orfeo. Asimismo la continua aparición de nuevos hechos y datos en el caso, que hacen que la sociedad no salga de un permanente asombro e indignación. Primero fueron las imágenes de los Mossos d’Esquadra entrando en el Palau y sacando abundante material y comunicando el hecho de la existencia de situaciones irregulares d’expolio del Palau por parte de Millet y sus compinches, Después fue el hecho de que las cifras día a día van incrementándose, primero eran dos millones, después ocho, diez, doce y ahora ya se habla de catorce millones de euros. A continuación aparece el hecho de las subvenciones efectuadas a políticos de la órbita nacionalista, primero Ángel Colom, después de la Fundación de CDC. Seguidamente aparecen filmaciones donde se muestran como, después de los hechos, los afectados sacaban documentos y enseres del Palau. Se hace pública la indignación del personal del Palau, y en especial de las personas del Coro del Orfeó que manifiestan la situación precaria en que se encontraban los profesionales en todos los aspectos incluidos en el de su precaria situación laboral e incluso profesional, ya que el Palau se cedía para la celebración de actos sociales que impedían los propios ensayos generales de los coros, es decir que se anteponían la recaudación de ingresos a la propia primacía de la actividad cultural. Por último, hasta ahora, la utilización patrimonial de la institución por parte de los afectados, ya no es sólo el hecho de que familiares de primer grado ocuparan cargos en la entidad, es el propio hecho de utilizar el marco del Palau para la celebración de la boda de las hijas de Millet, y cargando los gastos en facturas al Palau. Un solo ejemplo es que para la boda de una de las hijas, le fue facturado al Palau más de un millón de las antiguas pesetas, sólo para la ornamentación floral.
En segundo lugar la alarma se debe al fallo de todo tipo de controles en una entidad que se nutría de fondos públicos. Es decir cuando día a día aparecen nuevas noticias de los hechos totalmente reprobables, a la vez que la ciudadanía se da cuenta de cómo han fallado todos los controles existentes. Los patrones del Palau no se enteraban de nada, pero dejaron hacer. Los auditores certificaban las cuentas, y como máximo establecieron alguna anotación sobre posibles problemáticas fiscales. Las Instituciones Públicas que formaban parte del Consorcio, Ministerio de Cultura, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona no se enteraron de nada. Sólo algunas excepciones manifestaron algún recelo como la Sindicatura de Comptes que manifestó sus objeciones a las cuentas del 2002, o como anteriormente a principio de los años 90, Lali Vintró, de ICV, que representaba en ese momento al Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo General ya manifestó su objeciones tanto sobre la acumulación de cargos de las tres entidades que engloban el Palau- Orfeó en una misma persona, o del hecho de que si el presupuesto se basa fundamentalmente en subvenciones públicas, la responsabilidad máxima también debería recaer en las mismas. Y al final como en el caso de Al Capone tuvo que ser Hacienda la que diera la voz de alarma.
En tercer lugar pero, no en el último en cuanto a causa de l’alarma social, l’actuación de la justicia. La actuación de la judicatura ha sido lamentable, como mínimo a ojos de los ciudadanos. La gente de la calle no entiende que ladrones confesos tarden meses en ser llamados a declarar. No entiende que las reiteradas peticiones de medidas cautelares por parte de la fiscalía sean desatendidas. Y no entiende que cuando se les llama finalmente a declarar salgan tan campantes después de ver al juez, y se les imponga tan sólo la medida de dejar el pasaporte, porque el juez considera que no hay peligro de huida de los acusados ni de destrucción de pruebas. La resolución parece sarcástica si no fuera indignante. No hay peligro de huida pese a que está probado de que dispone de una cuenta en Suiza y que en principio la petición por todos los hechos aparecidos, más los que puedan aparecer podrían comportar largas penas de prisión. En cuanto a la desaparición de pruebas, es cuanto menos de mal gusto, debe deberse al hecho que después de tantos meses ya han podido hacer desaparecer todas las que han podido. Hay imágenes que golpean al ciudadano de a pie, la tranquilidad en la entrada de Millet en el juzgado, que recogieron las cámaras de los medios, su media sonrisa cuando se le interpela, su cara es la del niño travieso que sabe que no va a ser castigado. Es como si tuviera el presentimiento de que iba a volver a casa. Y como escribía un lúcido periodista en un medio de Catalunya, será porque Millet pensaba que si ahora no ingresaba en prisión difícilmente lo haría pues la tramitación, si duraba el mismo tiempo que el anterior caso de Renta Catalana en el que se vio implicado, podría comportar que cuando finalice el tramite judicial el ya tenga más de cien años. Debe ser por ello que la Fiscalía de Catalunya, dirigida por una persona encomiable domo es la Fiscal Jefe de la Audiencia, Teresa Compte, haya salido en bloque a declarar ante los medios su oposición a la resolución y a la presentación inmediata de un recurso para conseguir el ingreso en prisión de los afectados.
Y esto nos lleva a extraer dos conclusiones del caso. Una es obvia, la lentitud de la justicia es uno de los factores de mayor deterioro de la vida social. Una justicia lenta es el mayor enemigo de la justicia. Y una segunda conclusión que me gustaría extraer del tema es que, los casos Millet, Gürtel, los múltiples escándalos de las Baleares que afectan a más del 10% de sus parlamentarios, estos casos no sólo perjudican a sus autores, sino que deterioran la confianza de la gente de a pie hacia las instituciones, de todas las instituciones, que cada vez más desconfía y recela de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas, así como de los partidos, de los sindicatos, de las ONG, de los medios de comunicación, en definitiva de lo todo lo que es colectivo, en definitiva del concepto propio de sociedad. Y eso sólo es caldo de cultivo, del individualismo social y del “berlusconismo” político o sus derivados.
Manel García Biel
La ciudadanía catalana se encuentra inmersa en un estado de alarma social, que considero plenamente justificada al entorno del caso Millet.
Debemos tener en cuenta que se trata de un caso de latrocinio continuado perpetrado sobre una de las instituciones culturales, el Palau de la Música y el Orfeó Catalá, de mayor arraigo, prestigio y llegaría decir de las que mayor cariño tienen en el seno de la sociedad catalana.
La alarma social se debe en primer lugar al propio hecho de la expoliación de la caja del Palau-Orfeo. Asimismo la continua aparición de nuevos hechos y datos en el caso, que hacen que la sociedad no salga de un permanente asombro e indignación. Primero fueron las imágenes de los Mossos d’Esquadra entrando en el Palau y sacando abundante material y comunicando el hecho de la existencia de situaciones irregulares d’expolio del Palau por parte de Millet y sus compinches, Después fue el hecho de que las cifras día a día van incrementándose, primero eran dos millones, después ocho, diez, doce y ahora ya se habla de catorce millones de euros. A continuación aparece el hecho de las subvenciones efectuadas a políticos de la órbita nacionalista, primero Ángel Colom, después de la Fundación de CDC. Seguidamente aparecen filmaciones donde se muestran como, después de los hechos, los afectados sacaban documentos y enseres del Palau. Se hace pública la indignación del personal del Palau, y en especial de las personas del Coro del Orfeó que manifiestan la situación precaria en que se encontraban los profesionales en todos los aspectos incluidos en el de su precaria situación laboral e incluso profesional, ya que el Palau se cedía para la celebración de actos sociales que impedían los propios ensayos generales de los coros, es decir que se anteponían la recaudación de ingresos a la propia primacía de la actividad cultural. Por último, hasta ahora, la utilización patrimonial de la institución por parte de los afectados, ya no es sólo el hecho de que familiares de primer grado ocuparan cargos en la entidad, es el propio hecho de utilizar el marco del Palau para la celebración de la boda de las hijas de Millet, y cargando los gastos en facturas al Palau. Un solo ejemplo es que para la boda de una de las hijas, le fue facturado al Palau más de un millón de las antiguas pesetas, sólo para la ornamentación floral.
En segundo lugar la alarma se debe al fallo de todo tipo de controles en una entidad que se nutría de fondos públicos. Es decir cuando día a día aparecen nuevas noticias de los hechos totalmente reprobables, a la vez que la ciudadanía se da cuenta de cómo han fallado todos los controles existentes. Los patrones del Palau no se enteraban de nada, pero dejaron hacer. Los auditores certificaban las cuentas, y como máximo establecieron alguna anotación sobre posibles problemáticas fiscales. Las Instituciones Públicas que formaban parte del Consorcio, Ministerio de Cultura, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona no se enteraron de nada. Sólo algunas excepciones manifestaron algún recelo como la Sindicatura de Comptes que manifestó sus objeciones a las cuentas del 2002, o como anteriormente a principio de los años 90, Lali Vintró, de ICV, que representaba en ese momento al Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo General ya manifestó su objeciones tanto sobre la acumulación de cargos de las tres entidades que engloban el Palau- Orfeó en una misma persona, o del hecho de que si el presupuesto se basa fundamentalmente en subvenciones públicas, la responsabilidad máxima también debería recaer en las mismas. Y al final como en el caso de Al Capone tuvo que ser Hacienda la que diera la voz de alarma.
En tercer lugar pero, no en el último en cuanto a causa de l’alarma social, l’actuación de la justicia. La actuación de la judicatura ha sido lamentable, como mínimo a ojos de los ciudadanos. La gente de la calle no entiende que ladrones confesos tarden meses en ser llamados a declarar. No entiende que las reiteradas peticiones de medidas cautelares por parte de la fiscalía sean desatendidas. Y no entiende que cuando se les llama finalmente a declarar salgan tan campantes después de ver al juez, y se les imponga tan sólo la medida de dejar el pasaporte, porque el juez considera que no hay peligro de huida de los acusados ni de destrucción de pruebas. La resolución parece sarcástica si no fuera indignante. No hay peligro de huida pese a que está probado de que dispone de una cuenta en Suiza y que en principio la petición por todos los hechos aparecidos, más los que puedan aparecer podrían comportar largas penas de prisión. En cuanto a la desaparición de pruebas, es cuanto menos de mal gusto, debe deberse al hecho que después de tantos meses ya han podido hacer desaparecer todas las que han podido. Hay imágenes que golpean al ciudadano de a pie, la tranquilidad en la entrada de Millet en el juzgado, que recogieron las cámaras de los medios, su media sonrisa cuando se le interpela, su cara es la del niño travieso que sabe que no va a ser castigado. Es como si tuviera el presentimiento de que iba a volver a casa. Y como escribía un lúcido periodista en un medio de Catalunya, será porque Millet pensaba que si ahora no ingresaba en prisión difícilmente lo haría pues la tramitación, si duraba el mismo tiempo que el anterior caso de Renta Catalana en el que se vio implicado, podría comportar que cuando finalice el tramite judicial el ya tenga más de cien años. Debe ser por ello que la Fiscalía de Catalunya, dirigida por una persona encomiable domo es la Fiscal Jefe de la Audiencia, Teresa Compte, haya salido en bloque a declarar ante los medios su oposición a la resolución y a la presentación inmediata de un recurso para conseguir el ingreso en prisión de los afectados.
Y esto nos lleva a extraer dos conclusiones del caso. Una es obvia, la lentitud de la justicia es uno de los factores de mayor deterioro de la vida social. Una justicia lenta es el mayor enemigo de la justicia. Y una segunda conclusión que me gustaría extraer del tema es que, los casos Millet, Gürtel, los múltiples escándalos de las Baleares que afectan a más del 10% de sus parlamentarios, estos casos no sólo perjudican a sus autores, sino que deterioran la confianza de la gente de a pie hacia las instituciones, de todas las instituciones, que cada vez más desconfía y recela de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas, así como de los partidos, de los sindicatos, de las ONG, de los medios de comunicación, en definitiva de lo todo lo que es colectivo, en definitiva del concepto propio de sociedad. Y eso sólo es caldo de cultivo, del individualismo social y del “berlusconismo” político o sus derivados.
Manel García Biel