Entre los recortes de educación, sanidad y servicios sociales a muchos se nos escapa, que otros servicios que pasan desapercibidos para la gran mayoría de los madrileños están desapareciendo paulatinamente en ese afán del PP de acabar con todo lo que se identifique con políticas sociales y servicios para sectores de la población que realmente lo necesitan.
Para la derecha neoliberal que nos gobierna en Madrid y que en breve se va a extender como la pólvora por todo el territorio nacional, no existe en su diccionario la palabra igualdad y el término oportunidades va unido a lo económico.
A pesar de que nos quieran hacer comulgar con rueda de molino todos los días, seguimos trabajando por construir una sociedad más justa en la que las oportunidades y la calidad de vida vayan unidas a la igualdad en derechos.
Ahora más que nunca hay que luchar por defender esos derechos a través de servicios y políticas públicas realmente sociales, porque en este tesón incansable de Aguirre por eliminar lo que beneficia a la ciudadanía, acaba de fulminar a través de su nueva Consejera de Justicia el Servicio de Orientación Jurídica a mayores y mujeres que prestaba el Colegio de Abogados de Madrid. No han prorrogado el Convenio.
Es difícil justificar un recorte cuando el coste de este servicio de asesoramiento jurídico mediante el que los mayores y las mujeres pueden realizar consultas jurídicas y solicitar asistencia jurídica gratuita no llega a 300.000 euros anuales, que la Comunidad paga “tarde, mal y nunca” igual que hace con los abogados del turno del oficio.
Es preocupante que Aguirre siga castigando a los que peor lo pasan, en este caso, a los que están en peores condiciones para acceder al asesoramiento jurídico en el ejercicio de sus derechos en situaciones de necesidad.
Fulminar este servicio sin explicación ninguna, supone un paso más hacia la creación de barreras sociales, hacia las desigualdades, y no tiene justificación porque con muy poco dinero, se ayuda jurídicamente a las personas mayores y a las mujeres.
¿Por qué perjudican deliberadamente al sector de la población madrileña integrado por las personas mayores y mujeres negándoles este servicio?
Ya en enero de 2009 se suspendió el servicio de orientación jurídica a mayores y en abril de 2010 se restableció. Durante más de un año se privó a un sector de la población que lo necesita de un servicio social. También sin criterio aparente se suspendieron los servicios en horario de tarde de los Distritos de Carabanchel, Puente de Vallecas y Chamberí desde abril de 2010.
En 2009 se atendieron 10.300 consultas y se atendieron 1.423 solicitudes de asistencia jurídica gratuita a través del Convenio de asesoramiento a la mujer y en 2010 10.717 consultas y 1971 solicitudes de justicia gratuita. Asimismo, una vez restablecido el servicio de orientación a mayores en abril de 2010, se atendieron 5.165 consultas y 123 peticiones de asistencia jurídica gratuita, lo que demuestra, según las estadísticas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que las personas utilizan el servicio cuando realmente lo necesitan, sin que exista un abuso y que el servicio está plenamente justificado.
Hay un amplio detalle publicado del trabajo realizado por el ICAM en las 27 Oficinas Judiciales, oficinas de servicio jurídico al ciudadano, distribuidas entre Madrid Capital y distintos municipios de la Comunidad de Madrid y las cifras de su coste real indican que no hay abuso por parte del Colegio o que es innecesario. El coste del servicio a mayores en 2010 fue de 66.086, teniendo en cuenta que el servicio se restableció en abril y el de mujer fue de 104.481.
El Colegio de Abogados y distintas Asociaciones, tuvieron que reivindicar el restablecimiento de un servicio de carácter social, el de asistencia a mayores, durante más de un año para conseguirlo. Ahora no solo se elimina el de mayores, sino que también se fulmina el de mujer.
No es un problema de dinero, el paraguas de la crisis sobre la que se protege Aguirre para arremeter contra todo derecho ciudadano o servicio público que se preste no es una excusa cuando en el Presupuesto de 2012 hay asignados 1.999.827 para Convenios, Conciertos o Acuerdos en el capítulo presupuestario de bienes y servicios corrientes dentro del Programa “Relaciones con la Administración de Justicia” cuyo responsable es la Dirección General de Justicia. ¿No hay 300.000 euros más?
Exigimos a la Comunidad de Madrid no la prórroga del Convenio, sino la firma de uno nuevo con dinero suficiente para atender el servicio de orientación jurídica a mayores y a mujeres. Con dinero suficiente, porque por desgracia Aguirre y su nueva Consejera, bien aleccionada, pagan con más de un año de retraso los servicios que presta el Colegio. No hay más que leer la Memoria Económica del Colegio de Abogados.
No es un problema de crisis, es un problema de un Gobierno Regional que crea desigualdades sociales, con la eliminación de este servicio. Queremos que se mantenga el servicio y se firmen los Convenios que garantizan una prestación pública sin que se privatice y se haga negocio una vez más con las personas mayores y las mujeres.
Desde nuestro compromiso político no vamos a permitir que engañen y perjudiquen a la ciudadanía poniéndoles las cosas difíciles para defender sus derechos. No podremos tomar decisiones, pero no nos cansaremos de decir lo que está haciendo el PP en nuestra Comunidad porque si no reaccionamos, dentro de poco, muy poco, nos veremos despojados de nuestros servicios públicos y de este modelo social en el que creemos los socialistas que pretende equilibrar y corregir desigualdades y que es patrimonio de toda la ciudadanía.