Las noticias sobre el deterioro y pudrimiento del grupo Nueva Rumasa, se ha convertido en un folletín al que se han enganchado expectantes, la opinión publica, la fiscalía, y lo que resulta más preocupante e inexplicable, la Seguridad Social. La Fiscalía de Delitos Económicos, según filtran medios de comunicación, sospecha de la existencia de delitos de blanqueo de capitales, de estafa, de alzamiento de bienes, y falsedad de documentos públicos. Asuntos muy graves, que necesitan de una intervención judicial, y llevan bastante tiempo. Un tiempo que las empresas del grupo Rumasa, no están en condiciones de soportar. El desorden empresarial, la ausencia de tesorería, y múltiples carencias de suministros están haciendo pudrirse a todo el grupo, con una amenaza real, e inmediata de pulverizar a todas estas empresas, y sus miles de empleos. Una semana sin actividad, en una empresa de productos alimentarios es una tragedia, varios semanas, la puntilla, que disuelve la confianza y garantía en el suministro de los productos a los clientes de grandes, y pequeñas distribuciones.
En esta situación, los acreedores tienen comportamientos expectantes. Los más importantes, los bancos, esperan complacientes a que se agoten los cuatro meses de la maniobra dilatoria, que es la solicitud de preconcurso. Tienen garantizados con activos hipotecados la mayoría de los créditos concedidos al grupo. Además, el tiempo devenga intereses, que con toda seguridad cobraran antes que el resto de acreedores, gracias a una Ley Concursal, que casualidades del proceso legislativo democrático, es muy atenta y cuidadosa con los intereses de las entidades financieras. Es la Seguridad Social, el otro gran acreedor con alrededor de 45 millones por cuotas pendientes de ingreso, que se han acumulado, con retrasos, e incumplimientos de moras, desde hace mas de un año.
Y en el estado agónico en que se encuentra el grupo, sorprende que la dirección política de la Seguridad Social, siga esperando “acontecimientos”. Cuando los bancos han pasado a solicitar ejecuciones de garantías; cuando los fondos de inversión “buitres”, acostumbrados a entrar en empresas con graves problemas, han desistido de entrar en el grupo; y cuando se acumulan incumplimientos de moratorias concedidas por la propia Seguridad Social, esperar a que se materialice, un Convenio Voluntario con los Acreedores (objetivo presunto del preconcuro), es una actitud cínica, e irresponsable de los servidores públicos.
¿A que espera la Seguridad Social, para tutelar eficazmente los intereses públicos asociados a los 45 millones de euros que el grupo debe a la Seguridad Social?, ¿Qué razones están detrás de la espera a que se pulvericen en el transcurso de los cuatro meses de preconcurso los valores industriales, productivos, y comerciales de las empresas (Clesa, Carcesa, Royne, Dhull,…)?. ¿A que consideraciones esta atendiendo el responsable de la Seguridad Social, y su tutor político el Ministro de Trabajo, para proceder cuanto antes a instar el concurso necesario a los juzgados de lo mercantil que han recibido las solicitudes de preconcurso?.
Los servidores públicos tienen responsabilidades ejecutivas claras y directas, frente a la agonía de un preconcurso sin salida. Y no pueden esconderse, ni excusarse tras cálculos sobre hipotéticos costes mediáticos alentados por la prensa de derechas, ante una acción gubernamental que demande el concurso necesario. Si así estuviera ocurriendo, se trataría de justificaciones ajenas e impropias, esto es bastardas, al interés que ha de orientar a un servidor público.
Toda la responsabilidad, es de la familia Ruiz Mateos. El alcance y consecuencias de la situación actual, se puede agravar por la diletante actitud de los poderes políticos. Es preciso minimizarlos solicitando lo antes posible el concurso necesario a iniciativa de la Seguridad Social, para limitar los daños laborales, económicos, y empresariales de cualquier crisis, incluso en aquellas como la del grupo Rumasa, que desbordan indicios de tener origen en oscuras prácticas delictivas de sus propietarios.