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jueves. 11.08.2022

Un acuerdo por el empleo de calidad y salarios más altos

En nuestro país, los ciudadanos están mostrando, cada vez con mayor dureza, su preocupación por el desempleo...

Una gran parte de los analistas económicos vienen poniendo de manifiesto las grandes diferencias que han existido entre EEUU y la Unión Europea a la hora de responder y gestionar las políticas contra la crisis económica y social que venimos sufriendo desde el año 2007. De la misma manera están poniendo de relieve las fuertes dificultades en la Unión Europea para llevar a la práctica una política económica común, porque las políticas de austeridad se toleran y soportan, en general, mucho mejor en Alemania que en los países del Mediterráneo, muy acuciados por el déficit, la deuda pública y privada, el desempleo, la precariedad, la pobreza y la creciente desigualdad. A pesar de todo ello, Alemania tampoco está exenta de sufrir los terribles efectos de la crisis, como lo demuestra que más de dos terceras partes de los desempleados (69,3%) están muy amenazados por la pobreza y la exclusión social, lo que sitúa a Alemania un 23% por encima de la media europea- que se sitúa en el 46,5%-, según Eurostat del año 2013.

Por eso, no puede resultar extraño que la duración de la crisis y la extrema dureza de algunas medidas que se siguen poniendo en práctica en la Unión Europea (las políticas de austeridad no se negocian, se imponen) alienten las movilizaciones de la ciudadanía, como denuncia y documenta Antonio López Pina. En Bélgica, cien mil personas se han manifestado por primera vez en décadas y ha sido convocada una huelga general para el próximo 15 de diciembre, en contra de retrasar la jubilación a los 67 años y del desmantelamiento de los servicios sociales; en Italia, varias decenas de miles de funcionarios y de trabajadores han protestado por la reforma laboral y el despido libre y la CGIL (el sindicato más fuerte y con mayor afiliación) ha convocado una huelga general de ocho horas para el próximo 5 de diciembre; en Toulouse (Francia), se ha producido una fuerte protesta por el asesinato -por la policía- de un defensor del medio ambiente; en Irlanda, decenas de miles de personas han protestado contra el incremento de una nueva tasa del agua y de una serie de recortes generalizados; incluso, en Alemania han ido a la huelga los pilotos de avión y los maquinistas de tren, lo que ha suscitado, desde la derecha, un debate interesado sobre las limitaciones al derecho de huelga y a la negociación colectiva.

En nuestro país - al margen de la inestabilidad política que se viene generando por el problema catalán y la corrupción política-, los ciudadanos están mostrando, cada vez con mayor dureza, su preocupación por el desempleo (el 76%, según el CIS), por la precariedad de nuestro mercado de trabajo, el desplome de los salarios, la desprotección de los desempleados más jóvenes, así como de los parados de larga duración de más de 55 años. Este último colectivo añade mayor dramatismo a la actual situación y sitúa en alerta roja a los sindicatos, sobre todo si tenemos en cuenta que España tiene la tasa de paro más elevada de la OCDE en el tramo de 55 a 64 años -el 20%-, cuatro veces superior a su promedio situado en el 5,6%.

A esto hay que sumar el informe del Departamento de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, donde hipócritamente se denuncia la dualidad de nuestro mercado de trabajo y, sin embargo, se propone como solución -lo que es una auténtica aberración-, igualar por abajo los salarios de los trabajadores con contrato indefinido (que son más altos) con los salarios de los que tienen un contrato temporal (mucho más bajos). En definitiva, y una vez más, el estudio defiende en la práctica el recurrentecontrato único que, precisamente, pretende eliminar los logros conseguidos por los trabajadores con un contrato indefinido, con el subterfugio, según se dice, de suprimir la discriminación que sufren los trabajadores con un contrato en precario.

La reciente EPA del III trimestre ha confirmado la gravedad de las cifras de desempleo y de precariedad que nos sitúan a la cabeza -junto a Grecia- de la Unión Europea. El número de desempleados alcanza la cifra de 5.427.700 (23,67%), lo que significa que el empleo crece en 151.000 personas en relación con el trimestre anterior. No obstante, este dato, valorado positivamente por los sindicatos, está muy marcado por la estacionalidad, la temporalidad, la contratación a tiempo parcial y el descenso de la población activa: emigración económica de los jóvenes, retorno de inmigrantes y desánimo de los desempleados en la búsqueda de un empleo.

El número de asalariados ha aumentado en 95.700 personas. Sin embargo, el empleo temporal avanza en 122.400 personas (3,57%) y el empleo indefinido retrocede en 26.700 personas (0,25%). En cómputo anual el incremento del número de asalariados con contrato temporal ha subido un 4,55% frente a los contratos indefinidos, que sólo lo han hecho en el 1,25%, lo que sitúa la temporalidad en el 24,64%. Por su parte, la contratación a tiempo parcial se ha incrementado en 10.700 personas sobre el mismo trimestre del año anterior, lo que sitúa la contratación a tiempo parcial en el 15% y el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que no lo desean en el 63%, según UGT.

A todo ello debemos añadir que, en 2008, poco más del 20% de las personas desempleadas llevaban un año buscando un empleo y, en estos momentos, este porcentaje se eleva al 62% en el tercer trimestre de 2014 (3,5 millones de personas). A esto hay que añadir, lo que resulta aún más grave, que el 43% de todos los desempleados llevan buscando trabajo durante más de dos años (2.343.600), sin ninguna esperanza de alcanzarlo, como denuncian los sindicatos. Esta situación desemboca en cifras verdaderamente intolerables: 1.789.400 hogares tienen todos sus miembros en paro y, además, 728.300 hogares no tienen ingresos de ningún tipo: salarios, pensiones o prestaciones sociales.

La reforma laboral -después de más de 32 meses de vigencia- ha demostrado sobradamente su fracaso en la misión de crear empleo (en estos momentos hay más desempleados que antes de ser aprobada la reforma laboral). Sin embargo, ha sido decisiva en la devaluación salarial, en la reducción del costo del despido, la consolidación de la temporalidad y en la contratación a tiempo parcial. De manera especial ha incidido fuertemente en dotar de más poder a los empresarios, eliminando los derechos conquistados por los trabajadores, además de golpear a la negociación colectiva rompiendo el equilibrio relativo que existía en las relaciones laborales: descuelgues, ultractividad, negociación prioritaria en la empresa, pérdida del poder sindical y judicialización de las relaciones laborales.

Sobre todo, la devaluación salarial y la precariedad han sido el blanco de la reforma laboral. Desde el comienzo de la crisis los salarios de los trabajadores con un contrato temporal acumulan una caída del 20% frente a una reducción del 5% en los trabajadores con un contrato indefinido. Por su parte, las retribuciones de los empleados públicos se volverán a congelar (PGE-2015) por quinto año consecutivo y será el sexto ejercicio en el que no crecen, ya que a la congelación salarial del periodo de 2011-2015 habría que sumar el recorte salarial de entre el 5% y el 7% que aplicó el Gobierno Zapatero en 2010 y la supresión de la paga extra de navidad decidida por el Gobierno Rajoy en 2012. Por último, el SMI también ha sufrido las consecuencias de las políticas de austeridad extrema desde el año 2011 (congelación de su cuantía) y, todo indica, que el actual Gobierno lo volverá a congelar en el año 2015.

Otro asunto de máxima gravedad en la actualidad es el desplome de la protección social de los desempleados en los PGE-2015, según Alternativas Económicas, que alcanza los 4.427 millones de euros (14,89%). Se trata de un colectivo especialmente vulnerable con serias dificultades para cubrir sus necesidades más acuciantes y completar sus carreras profesionales.

Por eso, en este marco general, el diálogo social es más una aspiración que una realidad tangible, a pesar del esfuerzo que están haciendo los sindicatos para firmar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con el Gobierno y los empresarios, que sirva de referencia para una negociación colectiva que deberá ser más descentralizada. En este sentido, no debemos olvidar los destrozos que está causando la vigente reforma laboral ni tampoco su incidencia negativa en la relación de fuerzas de los sindicatos y, por lo tanto, en el contenido de un hipotético acuerdo.

En todo caso, y en las actuales circunstancias, un acuerdo debería apostar decididamente por un empleo de calidad, lo que exige eliminar las políticas de austeridad, reactivar la economía y aumentar el consumo de las familias. Esto es lo que justifica la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que pretende flexibilizar los objetivos de consolidación fiscal y poner en marcha un Plan de Choque de 10 años de duración, con una inversión del 2% del PIB de la Unión Europea, cada año, que sea capaz de crear 11 millones de empleos. En segundo lugar, se debe superar la dualidad de nuestro mercado de trabajo, luchar contra la temporalidad, la contratación a tiempo parcial no deseada y los falsos autónomos. En tercer lugar, el acuerdo debe contemplar un aumento real del poder de compra de los salarios que tenga en cuenta el IPC, una cláusula real de revisión salarial y el reparto de los beneficios que se generan por un aumento de la productividad; además del incremento real de las retribuciones de los funcionarios y del SMI, hasta alcanzar los 800 euros en el año 2016, como proponen los sindicatos. En cuarto lugar, se debe mejorar y aumentar la protección social de los desempleados de larga duración sin recursos y establecer una nueva prestación, como también exigen UGT y CCOO, de 426 euros para los hogares unipersonales y de 490 para los que tienen responsabilidades familiares; esta nueva prestación alcanzaría, aproximadamente, a 500.000 familias, donde el cabeza de familia lleve dos o más años en paro, no tenga ninguna prestación y se encuentre al borde de la exclusión social. En quinto lugar hay que combatir el fraude fiscal y, además, el Gobierno debe reconsiderar las últimas medidas sobre fiscalidad, encaminadas a reducir impuestos, sobre todo a los que más tienen, cuando la situación económica y social recomienda todo lo contrario (penalizar a los más ricos). Finalmente, es urgente implementar las políticas activas de empleo, fomentar la intermediación de los servicios públicos de empleo y, sobre todo, cambiar nuestro modelo productivo, que dote de la dimensión adecuada a nuestras empresas y potencie la industria, la tecnología, la investigación, la cualificación y, en definitiva, la competitividad de nuestra economía, muy condicionada por los servicios, el turismo y la agricultura. Estaremos atentos a las conversaciones. 

Un acuerdo por el empleo de calidad y salarios más altos