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viernes. 03.02.2023

Acabar con la información para que se imponga la propaganda

El Consejo de Ministros del pasado viernes, ha aprobado mediante  un nuevo Real Decreto Ley (16º desde la conformación del nuevo gobierno) la modificación de la Ley de la Corporación RTVE y en esta ocasión, de nuevo, acude a la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para su promulgación lo que  aparte de chusco, resulta insultante.

El Consejo de Ministros del pasado viernes, ha aprobado mediante  un nuevo Real Decreto Ley (16º desde la conformación del nuevo gobierno) la modificación de la Ley de la Corporación RTVE y en esta ocasión, de nuevo, acude a la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para su promulgación lo que  aparte de chusco, resulta insultante.

Así mismo, se ha acordado  la remisión al Congreso del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en lo relativo a la regulación de los canales autonómicos de televisión.

Finalmente, han cedido a la caverna mediática y a numerosas voces del PP que se han venido manifestando por dar un puñetazo en la mesa para acabar “con el intolerable tratamiento de los informativos de RTVE hacia el Partido Popular y el Gobierno” a la vez que el desgaste acelerado ante la opinión pública que sufren, fruto de sus decisiones y mentiras, se justifican en “fallos en la política de comunicación”.

No les bastaba con el TDT Party, ni con la abrumadora mayoría de prensa escrita de derechas, ni con la concentración de medios generalistas en manos de dos grandes grupos como MEDIASET (Tele5) y Antena 3, que controlan la mitad de los canales que permite el sistema de Televisión Digital Terrestre y que en lo referente a la publicidad se quedan directamente con todo el pastel de ingresos, más del 85%.

En conclusión, el pluralismo televisivo que ofrece el mercado, después de conceder el estado licencias para más de treinta canales, se ha quedado en dos y desde el punto de vista informativo, la pluralidad de los medios públicos salvo RTVE, es la que conocemos.

Se arremete contra el servicio público de la radiodifusión estatal en un paso más para acabar con todo lo público en España. Un paso más para cercenar los derechos de la ciudadanía, en este caso el derecho fundamental a la información plural y veraz. Volvemos a una radiotelevisión pública de partido político dominante, se retrocede para volver a épocas que parecían superadas de control político.

El gobierno se exonera a sí mismo del compromiso de buscar el consenso que establecía la ley y se busca la utilización partidista de los medios públicos. Se acaba con la dedicación exclusiva de los miembros del Consejo de Administración a excepción del Presidente de la Corporación y, como no, se expulsa a los sindicatos del mismo.

La reforma por trámite de urgencia de la LGCA, de la que los medios destacan que da vía libre a la eventual privatización de los canales públicos autonómicos, atenta contra el principio de libertad de información y pluralidad.

Convendría no dejarse engañar por los titulares ya que mientras que en la justificación de la reforma se cita genéricamente la externalización o cesión de la producción de programas, la modificación propuesta solo introduce como novedad eliminar la prohibición de ceder a terceros la producción de informativos, ya que con la regulación en vigor, es potestad de los poderes públicos determinar el catálogo de programas protegidos o excluidos de la cesión en el ejercicio de sus funciones legislativas, exceptuando estos.

Conviene recordar que la LGCA es una ley de bases, lo que implica que esta medida podría ser también de aplicación a RTVE.

Actualmente se dispone por parte de las diferentes administraciones en el uso de sus competencias, de flexibilidad suficiente para determinar a que programas no le será de aplicación la prohibición de cesión a terceros mediante lo que se estipule en cada mandato marco, salvo los programas informativos que no son elegibles.

En otro orden de cosas, la gestión indirecta de los programas informativos, haría irrelevante el papel de los Consejos de Informativos constituidos en los operadores públicos, al no ser extensible sus funciones frente a terceros, siendo los Consejos de Informativos elemento esencial para garantizar la independencia, objetividad, pluralidad y calidad de los servicios públicos de comunicación audiovisual, así como un adecuado ejercicio en el desempeño profesional de los informadores.

Con respecto a la pretendida búsqueda de eficiencia económica en la utilización de los recursos públicos, no deja de ser un nuevo pretexto, ya que la regulación europea especifica que las ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión se justifican por que “Los servicios públicos de radiodifusión, a pesar de tener una importancia económica evidente, no son comparables con los servicios públicos de ningún otro sector económico. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio a la población, le proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos y, de este modo, transmita las opiniones individuales y la opinión pública e influya tanto en las mismas.”

Estas directrices obligan a que, para que las compensaciones no sean consideradas ayudas estatales, los parámetros del cálculo de la compensación deben establecerse de forma objetiva y transparente definidas en un acto público formal y, para evitar el falseamiento de la competencia, no debe superar el coste neto soportado por la empresa por el funcionamiento del servicio sobre la base de un análisis de los costes necesarios para poder satisfacer las exigencias de servicio público determinadas por los poderes públicos.

Los pretendidos diferenciales positivos obtenidos por la producción por parte de terceros de los programas informativos o los establecidos en los diferentes mandatos marco, solo pueden obedecer al erróneo cálculo realizado por sus gestores en la determinación de sus costes actuales (que no ha sido puesta de manifiesto por las autoridades comunitarias ni por las autoridades audiovisuales competentes) o a la disminución de los medios utilizados en su producción, lo que conllevaría una modificación a la baja de las exigencias de servicio público requeridas, no producidas hasta la fecha, con consecuencias graves en la calidad y pluralidad de los mismos.

En resumen, ambas medidas están destinadas por igual a socavar la pluralidad y la veracidad, quieren acabar con todo y ahora le toca el turno a la radiotelevisión pública,  acabando con la información para que se imponga la propaganda.

Acabar con la información para que se imponga la propaganda
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