La senadora Mónica Alminyana (PSC) propuso al grupo de l’Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC+ICV-EUiA) realizar una pregunta en cada pleno al ministro Ruiz Gallardón sobre su anteproyecto de ley de protección de vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. De forma rotativa todos los miembros del grupo, pleno tras pleno, interpelamos al ministro sobre su contra-reforma de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo. Desde distintos enfoques los senadores y senadoras de L’Entesa venimos denunciando el grave atentado a los derechos de las mujeres que representará esta nueva ley del PP.
La tarea va para largo, leía días pasados en la prensa que Gallardón quiere aprobar la ley después de las elecciones europeas y antes de la municipales y autonómicas del 2015. Esto evidencia que, consciente del rechazo social, el PP intenta buscar los espacios que menores costes electorales les comporte, ya que no hay que olvidar que solo el 8% de la población apoya esta ley.
Si realmente el objetivo es defender el derecho a la vida del concebido y esta defensa produce tal rechazo social que un gobierno con mayoría absoluta en ambas cámaras va posponiendo su aprobación, hay que recordar que llevamos ya casi 30 meses de legislatura, es que algo falla o en la sociedad o en el gobierno.
El error está en el gobierno Rajoy, en el PP, en la jerarquía católica, no en la sociedad que apoya y vive sin ningún tipo de problemas la ley vigente de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, ley homologable a las de los países más avanzados de Europa.
¿Por qué el PP quiere reformar la actual ley del aborto?
Por convicción de defender el derecho a la vida del concebido, seguro que no. Si no, no se explican estos retrasos legislativos que hubieran impedido que en España se practicarán más de 260.000 abortos en lo que llevamos de legislatura conservadora. De ellos, unos 240.000 son por decisión de la mujer, derecho que el PP no reconoce. Una media aproximada de 300 abortos diarios.
Si realmente estuvieran convencidos de que están protegiendo vidas, la hubieran aprobado en el primer segundo de esta legislatura.
Seguro que en el PP y en el gobierno hay ultra católicos convencidos de que el aborto es un crimen, pero lo que abundan son los cínicos, la hipocresía y el servilismo al servicio del integrismo más rancio.
Estamos ante una nueva ley impulsada por un partido y un gobierno de fuerte ideología machista e instalado en un autoritario patriarcado e integrado por unos sujetos que en caso de verse afectados por un embarazo no deseado no dudarían, en su inmensa mayoría, en ir a abortar al extranjero, eso si después de haber votado esa ley.
Si al final se atreven, aprobarán una ley que lo que realmente pretende es condicionar y limitar las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres. Unas mujeres a las que este gobierno no reconoce autonomía moral ni capacidad para tomar la decisión más adecuada sobre su maternidad. Aprobarán una ley negra, inspirada en un pensamiento negro, sin recordar que los dogmas religiosos no tienen cabida en el cuerpo legislativo de un estado democrático y aconfesional.
El siglo XX marcó el inicio del proceso de liberación de la mujer. Seguramente es la revolución más trascendental de ese siglo. Pretender pararla a golpe de BOE, es no entender nada, es un proceso imparable porque está en la sociedad.