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viernes. 19.08.2022

A la corrupción hay que combatirla con ética

NUEVATRIBUNA.ES - 13.10.2009Es lamentable el estado al que está llevando la trama de la corrupción Gurtel a las instituciones de representación política, y en particular a la Asamblea de Madrid, lugar donde hay nada menos que 64 imputados, entre ellos varios alcaldes, así como tres diputados regionales que, en contra de toda lógica, siguen aforados.
NUEVATRIBUNA.ES - 13.10.2009

Es lamentable el estado al que está llevando la trama de la corrupción Gurtel a las instituciones de representación política, y en particular a la Asamblea de Madrid, lugar donde hay nada menos que 64 imputados, entre ellos varios alcaldes, así como tres diputados regionales que, en contra de toda lógica, siguen aforados. Vertí mi opinión en Abril y Mayo de este año, cuando este caso estaba en investigación, para mostrar la contradicción en la que a mi juicio incurría la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que con una mano cesaba al Viceconsejero y a otros dos diputados “apartándoles del partido”, pero con al otra permitía que siguieran manteniendo el acta de diputados. Una curiosa medida que permite que estos tres señores, cuando aparecen por la Asamblea, voten con el Partido Popular.

Ya les advertimos que lo coherente hubiera sido retirarlos de todo cargo público, pues no es ejemplarizante para nuestra sociedad mantener privilegios a los políticos ante serios indicios del peor delito de los que puede cometer un cargo público. Pero la presidenta, al parecer, no se atrevió a ir a más o tal vez ha creído que con medias tintas podía distraer a la ciudadanía.

Ahora que el sumario empieza a conocerse públicamente, seguimos con medidas que no pueden interpretarse sino como una mera distracción: los tres diputados antes “apartados” pero activos, ahora son “expulsados” del partido (lo cual es un buen ejemplo que hemos de reconocer a la presidenta Aguirre) pero siguen en el lugar del que no salieron nunca, en el Parlamento y en grupo adscrito, compuesto por los tres de marras que, como veremos, seguirá prestando apoyo al PP. ¿Serán irreprochables las votaciones que el PP gane con los votos de tales diputados?, ¿Se dejará el PP prestar sus votos y complicidades?, ¿Se atreverá el PP a aislar a sus antiguos compañeros, a condenarlos al ostracismo político que merecen, a demostrar su absoluto rechazo y censura de políticos que no merecen ninguna confianza?

Pero hay un segundo aspecto que creo que ni siquiera tangencialmente ha afrontado el PP con su solución salomónica: ¿dónde quedan las responsabilidades políticas del gobierno regional?, Si a la medida adoptada no se le puede llamar, precisamente, tomar medidas, sino puro fariseísmo, a la falta de verdaderas medidas ejemplares y profundas no la podemos entender sino como una actitud de encubrimiento que hace sospechar, como algún ex dirigente popular encausado ha manifestado, que estos sujetos obraban por órdenes superiores, “órdenes de Sol”.

Yo sigo pensando que la corrupción no nos debe llevar a la resignación, ni a medidas de cálculo a corto o a largo plazo que acepten que los medios (cualquier medio) justifican el fin (cualquier fin), aunque en múltiples espacios cada vez más interrelacionados se fragüen tramas de corrupción millonarias. Los efectos en el largo plazo de la corrupción penetrando las instituciones políticas son muy negativos para el crecimiento y desarrollo del país y para el interés general. La corrupción genera confusión, incertidumbre, anarquía, desconfianza, apropiación indebida, malversación del erario y los bienes públicos, arbitrariedad y deslegitimación de las instituciones, entre otros males.

Pero además afecta de forma directa a aspectos como la salud y la educación, dadas las distorsiones que introduce en la composición del gasto, ya que el dinero quiere dirigirse a unos proyectos menos eficientes que permitan el soborno y las comisiones. Altera prácticas administrativas como los concursos para la contratación pública o los criterios para la subvención de actividades, genera opacidad donde deberían regir criterios de objetividad y transparencia tanto en las adjudicaciones como en su fiscalización. Acrecienta la discrecionalidad en la asignación de los recursos.

Todo esto es lo que ha generado la trama Gurtel en detrimento de las sociedades de las comunidades autónomas donde ha conseguido infiltrarse. No es una exageración y no es para tomarlo como cosa de poca monta. Una muestra palpable de hasta dónde podemos llegar la tenemos en Italia y se que la gran mayoría de ciudadanos miramos aquella realidad con asco y estupor, pensando que está lejos de nosotros.

En la medida en que no es todo el Partido Popular el que reclama a sus instancias de control la corrección de esta situación y el castigo de sus culpables, podemos sospechar legítimamente que la corrupción, lejos de lo dicho por Rajoy, no ha sido contra el PP, sino con el PP. Esta corrupción se ha extendido dentro del sistema político y ha llegado a ser parte del comportamiento cotidiano de algunos de los dirigentes populares. Hay honrosas excepciones, como la de su líder Vasco, buen ejemplo para la presidenta y lideresa Aguirre.

La lucha contra la corrupción, es por tanto uno de los retos a los que nos enfrentamos. La alteración de la cultura democrática y la idea de enriquecimiento fácil, representados en instituciones como la Asamblea de Madrid, la ponen en cuestión, por lo que los imputados no pueden estar sentados allí, como si nada hubiera pasado. Todo lo que se apruebe se hará con unos votos deslegitimados. Hasta el lugar donde estos tres señores tomen café debe ser un lugar proscrito al menos mientras ellos permanezcan en él.

Ante este panorama, los socialistas hemos de dar lección ejemplar en reclamar y hacer visible una ética basada en lo societario y humano. Nuestro proceder debe cargarse de valores al servicio de la ciudadanía y en lucha radical contra la corrupción. Cualquier comportamiento que pueda ser leído como mero consentimiento, por mínimo que sea, condena al desánimo a la ciudadanía que no tendrá razones para confiar en nadie. Hemos de pedir responsabilidad política a la presidenta por el aumento y la persistencia de los antivalores dentro de la función pública. Ese virus que enferma al cuerpo de gobierno y a las instituciones no debe ser el referente, ni la normalidad. Hemos de ejercer el control político que nuestro papel institucional exige.

Hay que evitar que se cometan actos de corrupción en el ámbito público, vengan de donde vengan, despertando en todo servidor público una conciencia profunda de interiorización de una ética que permita discernir lo correcto y actuar en consecuencia. No basta con poseer conciencia respecto de lo que está bien o no, si finalmente se actúa de manera inadecuada o se mira para otro lado. Más allá de comprender que ahora esto es lo que nos pasa, la sociedad ha de ser capaz de rechazarlo con contundencia.

Yo propongo, como primera medida ejemplar, la condena al ostracismo de los diputados corruptos, no transigir con ellos, no votar a favor de ningún tipo de acuerdo que goce de su voto. Exigir su marcha del parlamento regional y exteriorizar nuestro compromiso radical mediante la visibilización de algún signo de repudio (lazo negro por ejemplo). Y pedir a los diputados del PP que hagan lo mismo, que presionen con verdadera convicción a estos tres diputados acusados de corrupción hasta obligarles a entregar su acta. Exigir al PP el compromiso de no pactar, no pedir y no consentir los votos de los diputados expulsados de su partido para demostrar a la ciudadanía nuestro compromiso compartido de lucha contra la corrupción.

Pero más lejos de esto, creo esencial mostrar con los hechos que no estamos dispuestos a ningún pacto con el PP, a ningún reparto de cargos o de puestos en ninguna institución pública o participada por los partidos políticos mientras el PP no muestre su radical lucha contra la corrupción.

Sólo las convicciones éticas y su fortaleza permiten al servidor público cubrir el vacío que la situación produce. La posesión de principios guían la conducta adecuada y esta hace frente al deterioro de lo público y a sus efectos negativos en la sociedad. Cuando esta ética se olvida en la vida pública aparecen los tiranos, los demagogos, mentirosos, ambiciosos y populistas que se obsesionan con el poder y para conservarlo no les importa recurrir a lo que sea. Que no se aparte de nuestra preocupación esta deriva, porque no se trata ya de su eliminación, sino de su control. Intentar extirpar la corrupción del mundo de la política y la gestión pública parece a muchos utópico. Sin embargo, no hemos de cejar en fortalecer la moral pública y establecer esos principios éticos que tutelen los actos de los servidores públicos poniendo el freno a la corrupción, para mantener el buen gobierno o dar un giro hacia él. Eso es lo que necesita Madrid.

Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.

A la corrupción hay que combatirla con ética
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