1 de octubre de 2010, 15:10
NUEVATRIBUNA.ES - 3.2.2010
En otra muestra del estilo jovialmente errático que impera en la Moncloa, el Gobierno ha anunciado por sorpresa su propuesta de alargar dos años la edad de jubilarse, que, de aprobarse, pasará de los 65 a los 67 años.
La medida, presentada con urgencia como un ejercicio de realismo, tiene como pretexto evitar la quiebra de la caja de la Seguridad Social, reducir la deuda por la exigencia de la UE y devolver la confianza a los mercados financieros, que parecen basar sus expectativas en aumentar la explotación de los ancianos, aunque no se puede perder de vista el interés de las empresas de seguros en acceder a la suculenta tarta de las pensiones públicas, dado el bajo porcentaje de trabajadores que tienen planes de jubilación privados. Una de las pocas excepciones españolas que, respecto a la Unión Europea, compensa en algo nuestro menguado estado del bienestar.
Hace tiempo, Fernández Ordóñez avisaba sobre la posible quiebra de la Seguridad Social si persistía el desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones, y hace unos días, el recién encajado Rato apuntaba algo similar apoyándose en un informe de las compañías de seguros, que son la competencia privada de las pensiones públicas.
La Seguridad Social ha terminado el año 2009 con un superávit de casi el 1% (el 0,8%). No es mucho y puede tener déficit a largo plazo, pero el remedio no puede estar en privar de pensión un par de años a quienes tienen ya deseos de dejar de trabajar. A los que ya han cumplido su parte.
La crisis económica, con sus negativos efectos sobre el mercado de trabajo (menos gente trabajando y cotizando y más parados recibiendo subsidios), ha acentuado las secuelas de los disparates cometidos en años de bonanza con las jubilaciones anticipadas. Hay que recordar que las fusiones de los grandes bancos para ser mundialmente competitivos se han saldado con jubilaciones anticipadas. En la banca pública, formada por la Caja Postal, el Banco Exterior y el Hipotecario para formar Argentaria, que luego se uniría (se entregaría) al Banco de Bilbao y al de Vizcaya para formar el grupo de banca privada BBVA, y lo ocurrido con la fusión del Banco Santander, con el Central y el Hispano Americano, son buena prueba de ello, pues jubilaron a miles de empleados que no habían llegado a los sesenta años. También hubo jubilaciones anticipadas en Caja Madrid y es de temer que las anunciadas fusiones de las cajas de ahorros vayan por el mismo camino. Lo mismo ocurrió en Telefónica y, en fecha más reciente, con el expediente de regulación de empleo de RTVE, que ha jubilado a más de 4000 personas que apenas sobrepasaban la cincuentena.
En estos y otros casos (las prejubilaciones han sido una moda) se han jubilado miles de personas que ocupaban puestos de trabajo cualificados, en no pocos casos eran directivos de grado medio, incluso altos, y atesoraban una larga experiencia. Con ello se ha prescindido de una enorme masa de activo capital humano en un país donde faltan empleos cualificados. Por el contrario, se ha fomentado el crecimiento vertiginoso del sector de la construcción, que requiere grandes cantidades de mano de obra escasamente instruida y genera empleo temporal, que es justamente lo que nos sobra.
La situación tiene también otras causas. Por un lado, los bajos salarios, pues, cuanto menos se cobra menos se cotiza, y por otro, la economía sumergida, el empleo pirata donde no cotizan ni el empleador ni el empleado, y que algunos autores sitúan entre el 15 y el 18% del PIB.
La decisión de alargar la edad de jubilarse es aún más sorprendente en un país que tiene más de 4 millones de parados, en su mayoría jóvenes que están deseando trabajar (el 40% de los menores de 25 años está parado), a los que se condena a seguir siendo una carga familiar en vez de un alivio. La solución estaría en hacer lo contrario: facilitar cuanto antes empleo a los jóvenes, lo cual ayudaría, a corto plazo, a salir de crisis al aumentar el consumo para satisfacer las necesidades de gente recién emancipada y de nuevas familias, y, a largo plazo, a contrarrestar las tasas demográficas negativas que se prevén a partir de 2020. Cuando hay 1.200.000 familias con todos sus miembros en paro, alargar la vida laboral de quienes ya tienen empleo es una muestra de insensibilidad ante un drama nacional y de miopía al atender sólo al corto plazo. Y, por otra parte, si se reforma el mercado laboral en el sentido que desean hacerlo el Partido Popular y los empresarios, es decir si se facilita y abarata el despido, hay que preguntarse cuántos trabajadores van a conservar su empleo hasta los 67 años.
Francisco Javier Vivas - Escritor.
En otra muestra del estilo jovialmente errático que impera en la Moncloa, el Gobierno ha anunciado por sorpresa su propuesta de alargar dos años la edad de jubilarse, que, de aprobarse, pasará de los 65 a los 67 años.
La medida, presentada con urgencia como un ejercicio de realismo, tiene como pretexto evitar la quiebra de la caja de la Seguridad Social, reducir la deuda por la exigencia de la UE y devolver la confianza a los mercados financieros, que parecen basar sus expectativas en aumentar la explotación de los ancianos, aunque no se puede perder de vista el interés de las empresas de seguros en acceder a la suculenta tarta de las pensiones públicas, dado el bajo porcentaje de trabajadores que tienen planes de jubilación privados. Una de las pocas excepciones españolas que, respecto a la Unión Europea, compensa en algo nuestro menguado estado del bienestar.
Hace tiempo, Fernández Ordóñez avisaba sobre la posible quiebra de la Seguridad Social si persistía el desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones, y hace unos días, el recién encajado Rato apuntaba algo similar apoyándose en un informe de las compañías de seguros, que son la competencia privada de las pensiones públicas.
La Seguridad Social ha terminado el año 2009 con un superávit de casi el 1% (el 0,8%). No es mucho y puede tener déficit a largo plazo, pero el remedio no puede estar en privar de pensión un par de años a quienes tienen ya deseos de dejar de trabajar. A los que ya han cumplido su parte.
La crisis económica, con sus negativos efectos sobre el mercado de trabajo (menos gente trabajando y cotizando y más parados recibiendo subsidios), ha acentuado las secuelas de los disparates cometidos en años de bonanza con las jubilaciones anticipadas. Hay que recordar que las fusiones de los grandes bancos para ser mundialmente competitivos se han saldado con jubilaciones anticipadas. En la banca pública, formada por la Caja Postal, el Banco Exterior y el Hipotecario para formar Argentaria, que luego se uniría (se entregaría) al Banco de Bilbao y al de Vizcaya para formar el grupo de banca privada BBVA, y lo ocurrido con la fusión del Banco Santander, con el Central y el Hispano Americano, son buena prueba de ello, pues jubilaron a miles de empleados que no habían llegado a los sesenta años. También hubo jubilaciones anticipadas en Caja Madrid y es de temer que las anunciadas fusiones de las cajas de ahorros vayan por el mismo camino. Lo mismo ocurrió en Telefónica y, en fecha más reciente, con el expediente de regulación de empleo de RTVE, que ha jubilado a más de 4000 personas que apenas sobrepasaban la cincuentena.
En estos y otros casos (las prejubilaciones han sido una moda) se han jubilado miles de personas que ocupaban puestos de trabajo cualificados, en no pocos casos eran directivos de grado medio, incluso altos, y atesoraban una larga experiencia. Con ello se ha prescindido de una enorme masa de activo capital humano en un país donde faltan empleos cualificados. Por el contrario, se ha fomentado el crecimiento vertiginoso del sector de la construcción, que requiere grandes cantidades de mano de obra escasamente instruida y genera empleo temporal, que es justamente lo que nos sobra.
La situación tiene también otras causas. Por un lado, los bajos salarios, pues, cuanto menos se cobra menos se cotiza, y por otro, la economía sumergida, el empleo pirata donde no cotizan ni el empleador ni el empleado, y que algunos autores sitúan entre el 15 y el 18% del PIB.
La decisión de alargar la edad de jubilarse es aún más sorprendente en un país que tiene más de 4 millones de parados, en su mayoría jóvenes que están deseando trabajar (el 40% de los menores de 25 años está parado), a los que se condena a seguir siendo una carga familiar en vez de un alivio. La solución estaría en hacer lo contrario: facilitar cuanto antes empleo a los jóvenes, lo cual ayudaría, a corto plazo, a salir de crisis al aumentar el consumo para satisfacer las necesidades de gente recién emancipada y de nuevas familias, y, a largo plazo, a contrarrestar las tasas demográficas negativas que se prevén a partir de 2020. Cuando hay 1.200.000 familias con todos sus miembros en paro, alargar la vida laboral de quienes ya tienen empleo es una muestra de insensibilidad ante un drama nacional y de miopía al atender sólo al corto plazo. Y, por otra parte, si se reforma el mercado laboral en el sentido que desean hacerlo el Partido Popular y los empresarios, es decir si se facilita y abarata el despido, hay que preguntarse cuántos trabajadores van a conservar su empleo hasta los 67 años.
Francisco Javier Vivas - Escritor.