El gobierno del PP ha modificado la regulación de las prestaciones por desempleo para “impulsar la activación de los desempleados incentivando el pronto retorno a la ocupación”, como zafiamente dijo Rajoy y como reza en el apartado III de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Cuando se modifica algo tan sensible como las prestaciones por desempleo es preciso ver qué efecto tendrán las nuevas y en qué situación se deja a los actuales perceptores de las diferentes modalidades. No prever este extremo tan obvio tiene efectos tremendamente perniciosos. No haberlo hecho ha llevado al PP a excluir a los 371.764 perceptores del subsidio para mayores de 52 años del mercado de trabajo.
Con el objetivo de “incentivar el alargamiento de la vida activa de los mayores de 52 años”, ha efectuado cuatro cambios normativos sobre este subsidio:
• Ya no se tiene derecho con 52 años sino que es preciso tener 55 años de edad.
•Ya no termina a los 65 años, edad ordinaria de jubilación, sino en el momento en que su edad le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación en cualquiera de sus modalidades. En caso de que fuera posible acceder a la jubilación anticipada a los 61 años por tener suficiente período cotizado, ese sería el momento de finalización del subsidio. Se alarga la vida activa, forzando la jubilación anticipada.
•Ya las cotizaciones no son el 125% de la base mínima de cotización sino exclusivamente esa base mínima.
•Ya no es un subsidio al que se pueda acceder al cumplir la edad requerida, sino que es preciso, además, estar percibiendo o tener derecho a percibir otro subsidio.
Estos cambios suponen además de la pérdida de hasta seis años en la percepción del subsidio, una segunda pérdida aún mayor en la propia pensión de jubilación que puede oscilar entre un 30% y un 24% si la jubilación se anticipa a los 61 años. La otra alternativa es continuar sin ingresos ni cotizaciones hasta la jubilación ordinaria a los 65 años.
Ante este panorama los actuales perceptores del subsidio de mayores de 52 años deberán optar entre mantenerlo o cambiar aceptando ese recorte que, después, se prolongará durante el resto de su vida como pensionista.
Para mantenerlo es preciso que no generen el derecho a una nueva prestación contributiva por desempleo lo que implica que no trabajen doce meses en seis años. Después de trabajar doce meses, se tiene derecho a cobrar cuatro meses de paro, que prevalece sobre cualquier subsidio, y, a su término, deberá solicitar el nuevo subsidio previo a la jubilación, si son mayores de 55 años, con las nuevas condiciones hasta que se puedan jubilar anticipadamente.
Este es el dilema en que el PP ha colocado a los 371.764 perceptores del subsidio por ser mayor de 52 años. En la práctica los ha excluido del mercado laboral. Los ha condenado a no trabajar más o a ver reducida de forma muy considerable su pensión de jubilación. Esta es la forma en que se incentiva el alargamiento de la vida activa.