El proceso de la huelga general del 29 de marzo ha permitido una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la política de profundos recortes sociales y laborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora y ciudadana constituye un paso imprescindible para frenar su ofensiva antisocial, erosiona su legitimidad y refuerza a la izquierda social y el movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y laborales.
Es difícil realizar un análisis detallado y completo del nivel de participación, con pocos datos fiables y mucha división entre distintas fuentes. La cifra oficial facilitada por los sindicatos CCOO y UGT es de más de 10 millones de huelguistas, un 77% de la población asalariada (una vez descontados 1,3 millones en servicios mínimos). Fuentes empresariales y gubernamentales han señalado un seguimiento ‘escaso’ (15% en la administración pública) y los medios liberales y de derechas incluso hablan de ‘derrota sindical’. Medios afines a la oposición socialista han destacado una participación significativa pero no general (‘parcial o sectorial’). Diversas encuestas de opinión reflejaban una disponibilidad participativa de, al menos, un tercio de asalariados (unos cinco millones) junto con una mayoría que estaba en contra de la reforma laboral y la consideraba legítima. Otros indicadores, como el consumo de energía eléctrica, la situaban en un rango similar a la de 2010 y 2002, y lejos de la excepcionalidad de la generalizada paralización de la actividad productiva y ciudadana en la de diciembre de 1988.
No obstante, se pueden señalar varios hechos significativos o diferenciales y valorar algunas enseñanzas. Primero, la participación en los paros de las capas asalariadas ha sido superior a la del 29-S del año 2010 (y similar a la del año 2002). Su distribución es desigual. Muy generalizada en la gran industria, la construcción y el transporte; importante en el sector público, particularmente en la enseñanza, y con menor impacto en las pymes del sector servicios y el sector financiero. Así mismo, ha tenido una gran repercusión en los grandes núcleos industriales y urbanos y menor en las zonas con predominio del sector servicios y en poblaciones medianas y pequeñas. En particular, se ha notado un impacto muy superior en Euskadi y Navarra (y algo también en Galicia) al converger las convocatorias de los sindicatos confederales (CCOO y UGT) y los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, CIG…) que en el año 2010 se habían expresado en fechas distintas (junio y septiembre).
Segundo, se ha producido una diferencia cualitativa en la presencia en las manifestaciones: casi ha duplicado a las realizadas durante la huelga general anterior hasta llegar a millón y medio (en este caso se puede contar con el dato objetivo más fiable del espacio ocupado en las más de 100 manifestaciones realizadas, en un tramo entre uno y dos millones), destacando un cuarto de millón en Madrid y Barcelona y siendo en diversas capitales la más amplia de la última década (desde las movilizaciones contra la guerra de Irak en el año 2003).
Tercero, hay que añadir varios elementos que pueden configurar una nueva dimensión participativa. Uno, mayor participación de capas medias o profesionales, particularmente de la enseñanza y la sanidad, que también han visto peligrar sus condiciones laborales y derechos sociales. Dos, mayor presencia juvenil y estudiantil particularmente en las manifestaciones, así como la práctica paralización académica en las universidades. Es un hecho que ya comenzó en 2010 pero que ahora se consolida y amplía. Junto a ello, un mayor desarrollo, con una mayor composición juvenil, de múltiples piquetes, grupos informativos y concentraciones locales en muchos pueblos y barrios. También ha influido positivamente la participación de activistas del movimiento 15-M, así como la disponibilidad de un amplio sector social participante de forma pacífica en sus movilizaciones o con distintos bloques críticos.
Cuarto, se ha expresado una conciencia colectiva mayoritaria sobre el carácter injusto de esta reforma laboral (y los planes de recortes sociales y presupuestarios), su profundo carácter regresivo, y el desequilibrio para las relaciones laborales con refuerzo del poder empresarial. La extrema dureza y agresividad de estas medidas, sus efectos perjudiciales para la mayoría de la sociedad y la falta de credibilidad del Gobierno del PP para la creación de empleo y la protección social, han profundizado la indignación ciudadana y la legitimidad de la resistencia popular contra ellas. Las personas que han apoyado esta movilización lo han hecho más convencidos y de forma más firme. Un elemento asociado a esto es que la realidad de la coacción empresarial en los pequeños centros de trabajo y hacia la gente precaria ha sido más evidente, así como una mayor conciencia social sobre las dificultades para una opción ‘libre’. Dicho de otro modo, parte de las dificultades para la participación provenían más del miedo a las consecuencias para su empleo o trayectorias laborales, que de una valoración sobre la inconveniencia de esta movilización colectiva.
Quinto, un hecho diferencial es que, aunque esta política es una continuidad de las reformas regresivas aprobadas por el Gobierno socialista desde mayo de 2010, ahora tiene un desarrollo y unos efectos acumulativos más graves para las clases trabajadoras y las relaciones laborales, y su gestión corresponde a la derecha. El poder institucional y mediático ha estado más dividido. La cúpula del PSOE (y los medios afines) no avala esta reforma laboral y, aunque su apoyo a la huelga ha sido leve, no ha apostado abiertamente por su desactivación y su fracaso como el 29-S. Así, una parte de su base social, entonces descontenta contra su gestión pero sin querer implicarse activamente en su rechazo, ahora se ha sentido más cómoda en su actitud de oposición contra esta reforma laboral y en la conveniencia del éxito de la movilización para frenar al Gobierno (ahora del PP). Por tanto, al aumento de la participación hay que sumar dos factores nuevos que explican su mayor impacto social. Uno, que junto con la consolidación de la izquierda social o crítica, con una participación activa en el conflicto social se ha configurado otro amplio sector social que simpatiza más con este rechazo popular. Entonces estaba constreñido por los intereses políticos del aparato socialista que pretendía desactivar la indignación y el rechazo ciudadanos contra aquella reforma laboral regresiva, construir un cortafuegos en torno a esa contestación social, y evitar la desafección de izquierdas, objetivos que no alcanzó. Aunque la deslegitimación de fondo es hacia la misma política antisocial, la diferencia ahora es que la responsabilidad de su gestión es del PP y su descrédito se considera funcional para los intereses electorales del PSOE. Dos, esta movilización popular ha superado el fuerte aislamiento institucional y mediático y el intento de desprestigio de los sindicatos, objetivos que ha seguido pretendiendo las derechas (PP-CIU) sin mucho éxito; o dicho de otra manera, esta huelga general ha conseguido un mayor reconocimiento y visibilidad en la opinión publicada de distintos medios de comunicación más neutros y, al mismo tiempo, ha tenido un mayor reflejo en la sociedad.
No obstante, antes de terminar esta valoración, hay que criticar los hechos violentos aislados protagonizados por algunos activistas, al margen de la mayoría de manifestantes y las organizaciones convocantes, en Barcelona; son métodos equivocados y contraproducentes que enturbian el carácter democrático y pacífico de la movilización popular, aun considerando la falta de capacidad preventiva de la policía, su reacción desproporcionada y la sospecha de la existencia de provocadores junto con gente ingenua y espontanea. No obstante, las derechas, a pesar de la instrumentalización mediática de algunos de sus medios de comunicación, no han conseguido tergiversar esta masiva movilización ciudadana y pacífica, ni convertirla en un conflicto de orden público o una imposición de minorías violentas.
En resumen, este proceso de huelga general ha constituido una prueba de acción colectiva progresista y reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía indignada. Es una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores (ya evidente en los resultados electorales en Andalucía y Asturias que han evidenciado el freno al supuesto avance de las derechas). Se ha extendido una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva. Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, ha conseguido quitarle legitimidad y credibilidad social, y refuerza las condiciones sociopolíticas para obtener su abolición (junto a las dos anteriores: reforma laboral de 2010, y reforma de la negociación colectiva de 2011). Es un paso clave para frenar la ofensiva liberal y regresiva del nuevo Gobierno del PP, y supone ya una importante erosión de su plan antisocial. Es un fuerte impulso social que persiste en el empeño de exigir un giro social de la política socioeconómica y laboral. Necesita continuidad y una estrategia de firmeza para consolidar y ampliar los apoyos sociales y generar una dinámica de cambio social profundo hacia una salida de la crisis económica más justa y equitativa.