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jueves. 30.06.2022

29 de septiembre: Una respuesta social y democrática

NUEVATRIBUNA.ES - 6.9.2010La Huelga General del 29 de Septiembre se va a convertir en una gran respuesta social y democrática en defensa de la dignificación del trabajo, del trabajo con derechos, del trabajo como elemento central de la sociedad y no como una parte periférica de la misma.
NUEVATRIBUNA.ES - 6.9.2010

La Huelga General del 29 de Septiembre se va a convertir en una gran respuesta social y democrática en defensa de la dignificación del trabajo, del trabajo con derechos, del trabajo como elemento central de la sociedad y no como una parte periférica de la misma.

La Reforma Laboral que se está debatiendo en el Parlamento modifica en profundidad el Estatuto de los Trabajadores. No sólo es muy lesiva para los trabajadores, sino que además de ser un auténtico disparate, carente de rigor, es enormemente preocupante dado que muestra un enorme desconocimiento del papel que el mercado laboral y el sistema de relaciones laborales juega en la actividad económica y productiva de un país.

¿Pero sigue siendo necesario argumentar, tal y como sostiene el profesor Alberto Alonso, que el aumento del empleo no es un problema dependiente de la regulación del mercado de trabajo sino del crecimiento de la demanda?

Recientemente en China y Japón, el Presidente del Gobierno presentó las reformas que se están produciendo en España, como los “sacrificios” necesarios para abordar mejor el futuro. De nuevo se equivoca, porque además confunde el concepto “sacrificio”. En una etapa de crisis como la actual, “los sacrificios” responderían a políticas desde las que la carga de la crisis se repartiera entre el conjunto de la sociedad, muy en función también a los recursos de cada uno; por el contrario, en la Reforma Laboral no son “sacrificios” lo que se demanda, sino “derechos”, que no es lo mismo, los que se eliminan.

Qué significa si no la ampliación de las causas del despido objetivo y con ellas el abaratamiento del coste del mismo, sino la pérdida de un derecho. O la pérdida de eficacia vinculante de la práctica totalidad del articulado del Convenio Colectivo, excepto la jornada, para aquellas empresas que tramiten el descuelgue del mismo o la equiparación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo a despido objetivo.

Como igualmente sostiene el profesor Antonio Baylos, la reforma laboral en sustancia implica la revisión de los modelos legislativos de regulación del trabajo para degradar las garantías de empleo, actuando sobre el coste y la motivación del despido, a la vez que se apuesta por una decisiva “empresarialización” de los ámbitos de regulación colectiva, con la consiguiente derogación de unidades de negociación superiores en el nivel del sector de producción, y erosionando por consiguiente de forma irreversible la fuerza vinculante de los convenios colectivos sobre la base de una inaplicación de los mismos en los establecimientos empresariales a voluntad de los titulares de la empresa.

Las medidas contempladas en la reforma, además de lesivas, se van a convertir en un auténtico lastre para el desarrollo de la competitividad con mayúsculas de las empresas. A lo que hay que añadir que son un factor desincentivador de lo que debería haber sido, y no es, la gran prioridad de nuestra economía, cambiar el modelo productivo de nuestro país.

Ese y no las políticas laborales es el mayor problema de nuestra economía; esa es la cuestión que nos hace muy vulnerables, en términos de empleo, en cualquier ciclo de crisis. Y ello, junto al grado de alcance del Estado del Bienestar, es una de las grandes diferencias que tenemos con las economías centrales de la Unión Europea.

La huelga es una respuesta a la reforma laboral y se ha de convertir en el punto de inflexión para que las muchas razones que nos han llevado a convocarla sean acompañadas de la fuerza de la movilización, de la respuesta masiva de los trabajadores, para con ello modificar los aspectos lesivos que contiene la misma. Ya ha ocurrido en otras ocasiones y, esta vez, ese giro también se va a producir.

Es una respuesta al plan de ajuste del Gobierno, a las injustas medidas, no de contención salarial, que se podían suscribir para un periodo temporal, sino de rebaja de los salarios de los empleados públicos, ampliadas en ciertas Comunidades Autónomas al conjunto del sector público, incluyendo por tanto a las sociedades mercantiles.

Una decisión que no tiene nada de ingenua, ya que a la vez que se deprecia el valor del trabajo, de los trabajadores de este sector, se manda un nítido mensaje al conjunto del sector privado para que actúe en la misma dirección.

Es una respuesta a la congelación del salario de los pensionistas, exigiendo igualmente una rectificación en los Presupuestos Generales de Estado para 2011.

Es una apuesta por el empleo, reclamando una política económica que lo sitúe como la prioridad, que intervenga sobre la crisis de demanda en la que estamos inmersos, que igualmente temporalice, pero que no reduzca la inversión publica, que actúe en el terreno fiscal, en primer lugar sobre el fraude, y también en materia de impuestos pues existen márgenes después de las políticas de desfiscalización para las más altas rentas que se han realizado en este país.

No diré que no hay que tener en cuenta a los mercados, pero si afirmaré que estos no pueden ser quienes, tal y como está sucediendo, dicten la política económica en España.

Una huelga en defensa de la negociación colectiva, que ya sale muy debilitada de la reforma laboral con la pérdida de la eficacia vinculante de los convenios colectivos.

Una medida que pretende complementarse con la idea que recorre los despachos de la CEOE de que hay que desindicalizar la pequeña y mediana empresa. Y que nadie la confunda: lo que persigue es la pérdida del peso del Convenio Colectivo de carácter sectorial, modificando los índices de prevalencia en distintas materias, por ejemplo llevando la negociación del salario al ámbito de la empresa, haciendo que el convenio colectivo sectorial pierda todo su carácter regulador, abriendo la vía tantas veces perseguida de individualizar las relaciones laborales, provocando con ello un mayor deterioro de las mismas.

Una huelga en defensa del sistema público de pensiones, un sistema que no presenta déficit, tan siquiera en este ciclo de crisis. Más bien al contrario: dispone de un fondo de reserva de más de 60.000 millones de euros.

Una huelga de rechazo a la ampliación de la edad de jubilación, a la ampliación del periodo de carencia para el acceso a la misma, hoy establecido en 15 años, o a la ampliación del periodo de 35 años para tener derecho al valor cien de la pensión.

¿Sobran o no sobran las razones? Efectivamente son muchas las razones para una huelga general, masiva en su seguimiento, que impulse los cambios necesarios que eviten la pérdida de derechos sociolaborales y que apunte a una salida distinta a la crisis, porque es posible además de justa y necesaria.

Rodolfo Benito - Secretario Confederal de Estudios y Presidente de la Fundación 1º de Mayo

29 de septiembre: Una respuesta social y democrática
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