10 de enero de 2011, 3:43
nuevatribuna.es | 04.01.2011
Los pronósticos favorables que se hicieron sobre la evolución económica en el año 2010 no se han cumplido, sobre todo en el segundo semestre. Por el contrario, el pasado año ha sido horrible: escaso crecimiento económico salpicado de ataques al euro y a la deuda soberana; desempleo en torno al 20%; presupuestos generales del estado con fuertes recortes en la inversión pública; pérdida del poder adquisitivo (asalariados, empleados públicos, pensionistas); reforma laboral (facilita y abarata el despido); anuncio de la reforma de la seguridad social (pensiones a la baja); decisión de eliminar los 426 euros del PRODI; y, en definitiva, aumento de la pobreza y de las desigualdades (transferencias de renta del trabajo al capital), contestado por una huelga general. También para el partido que soporta al gobierno (PSOE) el año ha sido malo: debacle electoral en Cataluña, encuestas en caída libre, y enfrentamiento del gobierno con el movimiento sindical. Todo ello ha sido posible a pesar de la escasa credibilidad del principal partido de la oposición, perdido en su oportunismo táctico y en su carencia de alternativas para salir de la crisis.
El año que comienza no parece que vaya a ser mejor. Las próximas elecciones del mes de mayo (municipales y en algunas CCAA) ya están condicionando en términos políticos la acción del gobierno, como lo confirman las declaraciones de algunos barones del PSOE en las que se plantean veladas críticas al gobierno y se especula con buscar un nuevo candidato de cara a las elecciones del año 2012; incluso Zapatero ha dejado entrever que no se presentará a las próximas elecciones generales justificando así lo que algunos llaman su “inmolación” a su particular política de reformas.
En términos económicos, las declaraciones (en sede parlamentaria) del presidente del gobierno sitúan la resolución de la crisis en un periodo más creíble de tiempo (5 años) y, por lo tanto, todo indica que vamos a convivir en la presente década con porcentajes de desempleo de dos dígitos (que representa en perspectiva nuestro principal problema), si nadie lo remedia.
La situación actual se puede agravar aún más si se continúa aplicando una política de ajuste brutal preconizada por la UE, con el propósito de reducir el déficit y la deuda. Porque las reformas llevadas a cabo por el gobierno no van a significar una mejora de la situación económica (reforma laboral, reforma de las pensiones y reforma de la negociación colectiva) y por lo tanto no contribuirán al crecimiento económico y a la mejora del empleo; sobre todo cuando se asume con mucha dificultad y sin prisas la necesidad de abordar en profundidad dos grandes asuntos pendientes: la reforma del sistema financiero y sobre todo la reforma fiscal, que resultan claves para salir de la crisis.
El gobierno ha dejado la aplicación de la reforma del sistema financiero prácticamente en manos del Banco de España (el zorro cuidando el gallinero), y las medidas llevadas a cabo por el momento se establecen en torno a las cajas de ahorro encaminadas inexorablemente a su privatización (“bancarización”), además de dar mayor transparencia al sistema financiero globalmente considerado. Sin embargo, el problema fundamental del sistema financiero no sólo se refiere a la transparencia y traslado a la opinión pública y a los mercados de informes sobre su situación (pruebas de resistencia). El problema reside en que los mercados no se fían de los datos, porque piensan que no reflejan el valor real de sus activos inmobiliarios- muy devaluados-, sobre todo en el corredor mediterráneo. Los bancos y cajas deben reducir el precio de sus activos porque de lo contrario no convencerán a los mercados y, lo que es peor, no venderán su cartera, lo que les obligará a provisionar sus productos inmobiliarios con escaso valor: terrenos, viviendas a medio construir, viviendas en la costa, lonjas… Por otra parte, las entidades financieras también deben ajustar sus infraestructuras (sucursales y delegaciones sobredimensionadas para responder al boom del ladrillo) a la nueva situación (unificación de cajas de ahorro). Resolver estos problemas resulta fundamental para dar confianza a los mercados (bancos alemanes y franceses) y poder canalizar créditos a familias y PYMES.
En relación con la reforma fiscal el gobierno debe de actuar con decisión y eficacia, asumiendo que es una parte importante de la necesaria corrección del déficit y de la deuda; además es de justicia y sería valorada muy positivamente por los sindicatos y la izquierda. Ya pasaron los años donde se decía que bajar los impuestos era de izquierdas (desarme fiscal), que había que reducir el IRPF a un sólo tramo, y que había que suprimir el impuesto sobre el patrimonio… Cuántas tonterías y barbaridades se han dicho en nombre de la socialdemocracia. La reforma debe garantizar la equidad y debe ser justa y progresiva, con el propósito de que paguen más los que más tienen. Ello sólo será posible potenciando los impuestos directos sobre los indirectos, recuperar los impuestos perdidos (por ejemplo el impuesto del patrimonio a las grandes fortunas), penalizar los altos ingresos, los altos dividendos, así como imponer tasas a las transacciones financieras (cuando menos a nivel europeo). Además, resulta imprescindible revisar las desgravaciones fiscales (por ejemplo, de los planes de pensiones privados: el que quiera un plan que se lo pague) y a la seguridad social, y desde luego abordar de una vez por todas el fraude fiscal (en algún caso amparado por el poder: casos Correa y Fabra) y la economía sumergida. Es oportuno recordar que los datos que publica el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) sobre el fraude resultan aterradores (se sitúa en el 23,3% del PIB, cuando en la UE se establece entre el 10% y el 12%) y nunca han sido contestados por el gobierno, ni han merecido un simple comentario. GESTHA estima que se pueden recaudar, combatiendo el fraude fiscal, 25.000 millones de euros a los que habría que sumar otros 13.000 millones por cuotas impagadas a la seguridad social.
En el marco político queda pendiente que el PSOE responda a la debacle de Cataluña y trabaje a fondo para evitar un mal resultado en las próximas elecciones municipales y de CCAA (mes de mayo), que se verán negativamente afectadas por las medidas tomadas por el gobierno socialista y por las que se puedan tomar para responder a la crisis.
Para evitar una derrota electoral el gobierno debe superar antes el enfrentamiento con los sindicatos y en particular el problema de las pensiones y la reforma de la negociación colectiva que le enfrenta a los sindicatos. Efectivamente, los sindicatos en primer lugar son contrarios a medidas (entre ellas retrasar la edad de jubilación a los 67 años) encaminadas a reducir las pensiones y, por lo tanto, a establecer una seguridad social de mínimos que debería ser en este caso complementada por un plan privado de pensiones (que es la gran obsesión del sector bancario y de seguros por el negocio que representa) con el único argumento de responder al problema demográfico, que no se hará visible, según los expertos, hasta el año 2029. Los argumentos de los sindicatos, la izquierda, y diversos analistas señalan que de cara al futuro hay que considerar otras variables que incidirán positivamente en el sistema: la creación de empleo (sin empleo no hay supervivencia del sistema), el aumento de la productividad, la incorporación de la mujer al trabajo, la inmigración, y la mejora de los salarios; sin embargo, estos argumentos no son considerados válidos por el gobierno. Tampoco el gobierno considera que el sistema esté saneado y cuente con un fondo de reserva (62.500 millones de euros), ni que el actual gasto en pensiones (8,9% del PIB) se sitúe muy por debajo de la media de la UE-27 (11,9%). Mucho menos se tiene en cuenta un dato rotundo: las pensiones en España están un 54,3% por debajo de las pensiones de la UE-15, según GESTHA.
En segundo lugar, los sindicatos se oponen a que se suprima la “ultraactividad” de los convenios y el descuelgue (sin justificación suficiente) de un convenio superior. Medidas de esta naturaleza- defendidas por la CEOE- dejarían a los sindicatos a los pies de los caballos y vaciarían de contenido la negociación colectiva y significaría un golpe bajo a los propios sindicatos en su misión constitucional de defender a los trabajadores. Cuesta trabajo pensar que el gobierno se atreva a semejante atropello…
Para responder a estas medidas, los sindicatos ya han amenazado con una nueva huelga general si el gobierno continúa con su política de alargar de forma obligatoria la edad de jubilación y aprueba la reforma de la negociación colectiva, lo que sería la primera vez que se convocan dos huelgas generales en el plazo de cuatro meses, con el agravante de hacerlo en vísperas de unas elecciones importantes como son las municipales y las de algunas CCAA. También alertan sobre el problema del desempleo- sobre todo el de los jóvenes- y sobre la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo para hacer sostenible nuestra economía.
Como se puede observar, estamos viviendo un momento político apasionante donde el gobierno- según dice- intenta conjugar el ejercicio de una política que, por una parte, responda a la actual crisis económica y por otra defienda el estado de bienestar social y, por lo tanto, a los más desfavorecidos. Hasta el momento- hay que decirlo rotundamente-, eso no se ha conseguido; sólo se están atendiendo las exigencias del mercado y de los empresarios (dictado ideológico y defensa de intereses) y no las demandas y las reivindicaciones de los trabajadores; el último ejemplo es el aumento de la tarifa eléctrica (se hecha en falta una reforma urgente y en profundidad del sector energético) que beneficiará a empresas que reparten cuantiosos dividendos.
Por eso, si persiste esta política y, por lo tanto, el enfrentamiento con sus aliados naturales, Zapatero puede verse obligado a repetir la experiencia de Montilla. No debemos olvidar que un buen líder lo primero que tiene que hacer es defender con coherencia sus políticas programáticas (en este caso la socialdemocracia), en segundo lugar determinar el momento más adecuado para abandonar su responsabilidad, y por último, facilitar la elección de su sustituto. De no ser consecuente con estas ideas, el posible debacle electoral podría alcanzar el año 2012, lo que abriría una crisis profunda en el PSOE que puede conducir incluso a la convocatoria de un congreso para elegir a un nuevo secretario general y, en su caso, a un nuevo candidato. Todo ello sin descartar que se presenten más de un candidato con programas, en esta ocasión, diferenciados. Esperemos acontecimientos. Feliz año nuevo, sobre todo para los más necesitados, y- de acuerdo con Forges- no nos olvidemos de Haití...ni del Sáhara.
Antón Saracíbar