20 de septiembre de 2010, 16:52
NUEVATRIBUNA.ES - 17.1.2010
El 7 de enero, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, aprobó el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario del Senado. Es posible que en abril pueda entrar en vigor. Este es el último paso dado por el Gobierno, hasta el momento, para regular la actividad de los medios audiovisuales de información y comunicación. Antes del verano, aprobó con carácter de urgencia medidas que facilitan la fusión de cadenas, establecen la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago y suprimen la publicidad en TVE.
Esto último es efectivo desde el uno de enero lo que ha permitido que el año comience sin publicidad en Televisión Española, siguiendo los pasos de Radio Nacional. Pero no es este el único cambio. También se han efectuado los nombramientos de Santiago González y Benigno Moreno como Director de TVE y Responsable de RNE, respectivamente. Nombramientos no exentos de polémica en el Consejo de Administración que llevó al Presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, a amenazar con dimitir en la reunión del lunes, día 11, si se cuestionaban estos nombramientos.
En cuanto a la Ley Audiovisual que se promulgue, debería ser expresión del hecho de que los medios de comunicación en general audiovisuales en particular, tienen el reconocimiento de la Unión Europea como sectores estratégicos que han de ser protegidos en tanto que valiosos instrumentos para la identidad de los estados, para los derechos esenciales de los ciudadanos y para el mantenimiento y la conservación de los valores y la diversidad cultural de los pueblos. El dato del aumento del consumo televisivo hasta alcanzar una media de cuatro horas diarias también ha de tenerse en cuenta en los contenidos de la ley.
Tampoco tenemos que olvidar que los servicios de comunicación audiovisual en general y la televisión, en concreto, son, como se han calificado desde Europa, servicio esencial de la comunidad, fuente de transmisión de información y de patrimonio cultural. Tampoco es baladí que diferentes iniciativas legislativas de países europeos, los señalen como un importante yacimiento de actividad económica y empleo con perspectivas de futuro.
De momento, el Proyecto de la ley General de Comunicación Audiovisual que ha llegado al Senado, contiene pocas obligaciones para un sector productivo que destaca (junto con los bancos) por las astronómicas cifras de primas a sus directivos y el reparto de la totalidad de los dividendos sin reinversión alguna en la transformación anunciada del modelo televisivo. Reparto de dividendos y altísimas primas que conviven sin rubor con una disminución paulatina pero inexorable de las plantillas propias mediante no renovaciones de contratos y despidos colectivos. Unas políticas contrarias a la estabilidad y al futuro de unas empresas cuyos direcciones utilizan al máximo la externalización de diversos ámbitos productivos que deterioran las condiciones laborales de los trabajadores y debilitan su capacidad organizativa y de representación. En definitiva, una política antisindical y por lo mismo antisocial que nos coloca delante de un empresariado que, mayoritariamente, parece poco interesado en contribuir a generar empresas serias y solventes más allá de las cotizaciones en bolsa.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO defiende que la radio y la televisión son servicios públicos esenciales, con independencia de cuál sea la titularidad de su gestión y, por tanto, los operadores públicos y privados son prestatarios de un servicio público que ha de estar sujeto a determinadas regulaciones.
Unas normas que han de obligar a programar contenidos de calidad y garantizar el pluralismo político y social. Unas normas que han de promover y conseguir un modelo productivo estable.
CCOO considera que la radio y la televisión, son de vital importancia en todos los órdenes sociales. Defiende que los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía y han de contribuir a formar ciudadanos libres, críticos e interactivos con los medios. Apuesta por un modelo que informe, entretenga y eduque. Modelo que ha de ser común para las radiotelevisiones de titularidad pública y para los operadores privados.
Estos argumentos son los que han inspirado las enmiendas elaboradas y presentadas al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Enmiendas que se han entregado y argumentado ante todos los partidos políticos con representación en el Parlamento y, algunas de las cuales, han sido defendidas y sacadas adelante por Izquierda Unida en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
En concreto, la enmienda transaccional 50 que garantiza la no privatización de las radios y televisiones autonómicas, aunque para CCOO es necesario que en el trámite del Senado el texto de la Ley recoja expresamente la protección del sector público audiovisual de ámbito autonómico.
Este año además, los medios de comunicación y los ciudadanos celebraremos el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, de una forma especial porque en España hace 200 años, el 10 de noviembre de 1810 las Cortes de Cádiz promulgaron el Decreto de Libertad política de la Imprenta, que dice así:
Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en el presente decreto.
Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras políticas precedente a su impresión.
Los autores e impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad.
Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres serán castigados con la pena que de la ley, y las que aquí se señalarán.
Este texto de la primera Constitución inicia el recorrido normativo de las libertades en España y en Hispanoamérica,entre ellas la de opinión e información, interrumpido sólo por el fanatismo y la violencia durante periodos más o menos largos de los Siglos IX y XX.
Carmen Rivas es periodista. Directora del Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
El 7 de enero, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, aprobó el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario del Senado. Es posible que en abril pueda entrar en vigor. Este es el último paso dado por el Gobierno, hasta el momento, para regular la actividad de los medios audiovisuales de información y comunicación. Antes del verano, aprobó con carácter de urgencia medidas que facilitan la fusión de cadenas, establecen la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago y suprimen la publicidad en TVE.
Esto último es efectivo desde el uno de enero lo que ha permitido que el año comience sin publicidad en Televisión Española, siguiendo los pasos de Radio Nacional. Pero no es este el único cambio. También se han efectuado los nombramientos de Santiago González y Benigno Moreno como Director de TVE y Responsable de RNE, respectivamente. Nombramientos no exentos de polémica en el Consejo de Administración que llevó al Presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, a amenazar con dimitir en la reunión del lunes, día 11, si se cuestionaban estos nombramientos.
En cuanto a la Ley Audiovisual que se promulgue, debería ser expresión del hecho de que los medios de comunicación en general audiovisuales en particular, tienen el reconocimiento de la Unión Europea como sectores estratégicos que han de ser protegidos en tanto que valiosos instrumentos para la identidad de los estados, para los derechos esenciales de los ciudadanos y para el mantenimiento y la conservación de los valores y la diversidad cultural de los pueblos. El dato del aumento del consumo televisivo hasta alcanzar una media de cuatro horas diarias también ha de tenerse en cuenta en los contenidos de la ley.
Tampoco tenemos que olvidar que los servicios de comunicación audiovisual en general y la televisión, en concreto, son, como se han calificado desde Europa, servicio esencial de la comunidad, fuente de transmisión de información y de patrimonio cultural. Tampoco es baladí que diferentes iniciativas legislativas de países europeos, los señalen como un importante yacimiento de actividad económica y empleo con perspectivas de futuro.
De momento, el Proyecto de la ley General de Comunicación Audiovisual que ha llegado al Senado, contiene pocas obligaciones para un sector productivo que destaca (junto con los bancos) por las astronómicas cifras de primas a sus directivos y el reparto de la totalidad de los dividendos sin reinversión alguna en la transformación anunciada del modelo televisivo. Reparto de dividendos y altísimas primas que conviven sin rubor con una disminución paulatina pero inexorable de las plantillas propias mediante no renovaciones de contratos y despidos colectivos. Unas políticas contrarias a la estabilidad y al futuro de unas empresas cuyos direcciones utilizan al máximo la externalización de diversos ámbitos productivos que deterioran las condiciones laborales de los trabajadores y debilitan su capacidad organizativa y de representación. En definitiva, una política antisindical y por lo mismo antisocial que nos coloca delante de un empresariado que, mayoritariamente, parece poco interesado en contribuir a generar empresas serias y solventes más allá de las cotizaciones en bolsa.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO defiende que la radio y la televisión son servicios públicos esenciales, con independencia de cuál sea la titularidad de su gestión y, por tanto, los operadores públicos y privados son prestatarios de un servicio público que ha de estar sujeto a determinadas regulaciones.
Unas normas que han de obligar a programar contenidos de calidad y garantizar el pluralismo político y social. Unas normas que han de promover y conseguir un modelo productivo estable.
CCOO considera que la radio y la televisión, son de vital importancia en todos los órdenes sociales. Defiende que los medios de comunicación deben estar al servicio de la ciudadanía y han de contribuir a formar ciudadanos libres, críticos e interactivos con los medios. Apuesta por un modelo que informe, entretenga y eduque. Modelo que ha de ser común para las radiotelevisiones de titularidad pública y para los operadores privados.
Estos argumentos son los que han inspirado las enmiendas elaboradas y presentadas al Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Enmiendas que se han entregado y argumentado ante todos los partidos políticos con representación en el Parlamento y, algunas de las cuales, han sido defendidas y sacadas adelante por Izquierda Unida en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
En concreto, la enmienda transaccional 50 que garantiza la no privatización de las radios y televisiones autonómicas, aunque para CCOO es necesario que en el trámite del Senado el texto de la Ley recoja expresamente la protección del sector público audiovisual de ámbito autonómico.
Este año además, los medios de comunicación y los ciudadanos celebraremos el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, de una forma especial porque en España hace 200 años, el 10 de noviembre de 1810 las Cortes de Cádiz promulgaron el Decreto de Libertad política de la Imprenta, que dice así:
Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en el presente decreto.
Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras políticas precedente a su impresión.
Los autores e impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad.
Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres serán castigados con la pena que de la ley, y las que aquí se señalarán.
Este texto de la primera Constitución inicia el recorrido normativo de las libertades en España y en Hispanoamérica,entre ellas la de opinión e información, interrumpido sólo por el fanatismo y la violencia durante periodos más o menos largos de los Siglos IX y XX.
Carmen Rivas es periodista. Directora del Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.