La última semana de estos 100 días de Gobierno que ahora celebra Rajoy ha sido un auténtico varapalo. Por más que intenten exacerbar la alegría por estos primeros meses, es obvio que en la última semana las medidas del Gobierno han sido sometidas a consulta popular. Y no han salido bien paradas. Por más que se empeñen en negar la realidad hay que decirlo: la política de recortes y austeridad de Rajoy ha precipitado la respuesta del electorado en Andalucía, por más que Arenas pareciera al fin tenerlo todo de cara. Igualmente, la Huelga General ha tenido un seguimiento masivo. En la mañana del día 29, el consumo eléctrico industrial caía por debajo del que se registró en la huelga de 1988. La respuesta ciudadana en la calle fue masiva y espontánea. De esto, por más que el Gobierno se excuse de manera permanente en la herencia recibida del Gobierno anterior, el único responsable es este Gobierno. Y la gente lo sabe bien, de ahí las respuestas en estos dos días.
Sin embargo, el Gobierno continúa en la senda del error, precipitando lo que podría ser el principio de su decadencia entre su electorado: presenta unos presupuestos que agravan el recorte, la desigualdad y fomentan el despido y la recesión. Además, ni siquiera se cuidan las formas: no comparece Rajoy para explicar los presupuestos más difíciles de la democracia ante los ciudadanos; sólo los explica privadamente al delegado del gobierno alemán. Por contra, Soraya y Montoro en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos no cesan de reír y bromear con los periodistas, ¿cuál era el motivo de la risa? Tan poco acertadas son estas risas como la euforia saltarina de Fátima Báñez la noche electoral del 25 en un balcón de Sevilla ¿de qué se ríe, por qué salta una ministra de empleo a cuatro días de una Huelga General?
El mensaje que manda el Gobierno a los ciudadanos es idéntico al que Báñez envía a los sindicatos y con la misma validez: “queremos diálogo, diálogo y diálogo hasta la saciedad” y tras el 29 M aún no se ha dirigido a los sindicatos. Los ciudadanos plagaron las calles ese día y faltaron a la cita electoral con el PP el 25 M y, sin embargo, el Gobierno no tiene reparos en presentar una amnistía fiscal, rechazada esta sí hasta la saciedad por Rajoy y Cospedal -inmortalizados en material de archivo el año pasado-, que vulnera los principios constitucionales (según plantea la Asociación de Inspectores de Hacienda) y que supone el perdón al que comete un delito fiscal mientras se incrementa la presión fiscal vía IRPF sobre el ciudadano. Y en los próximos meses podríamos ver la subida del IVA.
Esto pone en serio peligro nuestro estado democrático y la fe ciudadana en el sistema, fomenta la cultura del fraude y disminuye los ingresos de las arcas del estado. De tal manera, que el País Vasco y Navarra ya han renunciado a aplicar la amnistía fiscal por un único y sencillo motivo: en la práctica les supondría una rebaja considerable de la recaudación fiscal por fraude sobre lo que hasta ahora venían recaudando. El verdadero motivo de esta amnistía es la falta total de plan (voluntad) de lucha contra el fraude por parte del Gobierno. Vean sino la rueda de prensa donde, a la hora de exponer el plan de lucha contra el fraude, Montoro afirmaba “no haberlo traído hoy” o el cese de los miembros de la Oficina contra el Fraude que sólo el año pasado recaudaron 10.000 millones de euros, mientras que la amnistía fiscal propuesta por Montoro sólo pretende aflorar 2.500.
Por más que Rajoy insista en que estas medidas no le gustan pero que son las únicas posibles y que no tiene otra alternativa, los ciudadanos sabemos que sí, que hay otras alternativas. Mientras Andalucía y Cataluña ven recortados sus presupuestos (38% y 45%), Galicia incrementa su presupuesto (un 10,4%) coincidiendo con las próximas elecciones autonómicas. En esta línea de manipulación interesada de las cuentas públicas, desciende el presupuesto en educación en un 22% pero aumenta el presupuesto para los conciertos educativos privados. El concordato con la Iglesia Católica se mantiene sin rebaja mientras el Gobierno excluye de la dependencia a 30.000 personas con derecho a ayuda por ley. No es posible creer que no hay otras alternativas, los ciudadanos sabemos que el Gobierno continúa con estos presupuestos poniendo en marcha su ideología antisocial y persiste en el error: estos presupuestos responden al empecinamiento del BCE y Alemania, compartido por el PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el problema verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.
Los ciudadanos en estos cien días ya han juzgado al Gobierno. La cuestión es ¿hasta dónde está dispuesto a avanzar este Gobierno sin oír a los ciudadanos? ¿hasta dónde llegará la indignación ciudadana?