4 de noviembre de 2010, 15:03
NUEVATRIBUNA.ES - 27.5.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Ya está hecho. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Ha ganado el “sí”, se ha aprobado el decreto de medidas de ajuste para atajar el déficit, en consonancia con el resto de nuestros socios europeos. Y el PSOE ha asumido en solitario la responsabilidad y el coste de sacarlo adelante. Pero, ¿y si hubiera ganado el “no”? ¿Y si hubieran logrado su propósito aquellos que han movilizado hasta a sus enfermos en tratamiento de cáncer para hacer ganar el “no”?
Esta muy claro quién administra el “sí”, en su decisión, en su explicación y en su coste: el Gobierno y el PSOE. Para bien y para mal. Pero, ¿quién administra el “no”? ¿Quién asume la responsabilidad de situar a nuestro país, su economía, su papel en Europa, y el mismísimo euro al borde del abismo? ¿Quién se hace cargo del “no” ante los ciudadanos españoles? El “sí” tendrá un precio. Seguro. Pero quién piense que el “no” sale gratis está muy equivocado.
Situémonos por un momento en el escenario del rechazo parlamentario al decreto del ajuste. No resulta difícil prever las consecuencias. En lo político, es posible que se hubieran hecho realidad las ensoñaciones de muchos. Escándalo nacional e internacional, crisis de descrédito en el Gobierno, disolución de las Cortes, adelanto electoral… Esto es lo que buscaban unos cuantos y puede que lo hubieran conseguido.
Ahora bien, ¿y las consecuencias para el país? A cortísimo plazo, el triunfo del “no” hubiera provocado el hundimiento de las bolsas, un fuerte castigo a España en los mercados financieros y el encarecimiento brutal de la deuda. Si uno de los objetivos más relevantes del decreto de ajuste consiste en reducir el coste de la financiación de la deuda, sobre todo de la deuda privada (178% del PIB), la derogación del decreto hubiera supuesto la multiplicación exponencial de su precio. Probablemente hasta el punto de hacerla inviable.
El fracaso del plan de ajuste nos hubiera llevado a la quiebra definitiva de la confianza en los mercados internacionales de deuda. Es decir, a la reedición de la “crisis griega”, pero con una dimensión y unas consecuencias extraordinariamente más graves, aquí y en el conjunto de Europa. El coste en términos de estabilidad para el euro y para las economías que dependen de la moneda común hubiera sido tremendo.
Quienes hoy practican alegremente la demagogia con los sacrificios de funcionarios y pensionistas saben, con seguridad, que el triunfo del “no” en el Congreso hubiera obligado al Gobierno, a este o a cualquier otro, a afrontar un ajuste mucho más duro en un futuro próximo. Y quizás entonces, con bastante probabilidad, el recorte salarial progresivo para los servidores públicos se hubiera convertido en despidos masivos, y la congelación de las pensiones contributivas no mínimas se hubiera transformado en una rebaja drástica y dolorosa.
El reprochatorio al Gobierno puede entenderse y hasta justificarse. Que si no se atajó a tiempo la burbuja inmobiliaria, que si se suprimió el impuesto de patrimonio, que si se venden rectificaciones como errores… El regate político forma parte del juego. Ahora bien, apostar deliberadamente al colapso del país para obtener un rendimiento electoral no solo es ilegítimo; resulta miserable. Y, desde luego, se trata de un comportamiento que no tiene parangón en Europa. Las oposiciones reprochan, critican y plantean sus propias opciones. Pero una oposición democrática legítima no llama a la ruina general para cimentar el éxito electoral propio. Al menos no debe hacerlo gratis.
Porque, ¿cuál era la alternativa al decreto del Gobierno? ¿Evitar el ajuste? Imposible, porque se trata de una imposición inexorable del neonato Gobierno económico de Europa para hacerse cargo del salvamento del euro. ¿Hacer un ajuste distinto en el gasto? ¿Cuál? ¿De dónde recortar 15.000 millones de euros en año y medio? Solo cabe hacerlo de las grandes partidas, y estas son pocas y dolorosas: la nómina de los funcionarios, las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios de la educación y la sanidad, las infraestructuras…
Plantear como alternativa al decreto la supresión de cargos ministeriales y de coches oficiales es un insulto al sentido común. Integrar el departamento de Vivienda en Fomento, o el de Cultura en Educación, por ejemplo, tan solo ahorraría la diferencia salarial entre un ministro y un secretario de Estado, porque nadie está proponiendo suprimir las políticas culturales o de vivienda, ni los puestos de trabajo de sus funcionarios, ¿o sí? ¿Y a cuánto asciende el total de la factura de los coches oficiales que aún hoy siguen disfrutando los dirigentes del PP que reclaman su desaparición? ¿Un millón, dos, tres?
¿Debe establecerse el ajuste desde el capítulo de los ingresos? Las medidas aprobadas deben complementarse con una mayor presión fiscal dirigida a las rentas y los patrimonios más relevantes. El Gobierno ya ha anunciado iniciativas en este sentido. Pero hemos de ser conscientes también que un ajuste destinado a generar confianza en los mercados financieros debe ser prudente en el tratamiento de los capitales y atender a su extraordinaria volatilidad.
En definitiva, no hay alternativa factible al ajuste aprobado a instancias del Gobierno. Sí pueden complementarse algunos contenidos y sí pueden mejorarse las formas, desde luego. Y son imprescindibles, claro está, algunas de las “reformas estructurales” siempre pendientes: además de la reforma laboral anunciada (y espero que acordada), merecen atención la reforma educativa, la reforma de los modelos productivos, la reforma de los mercados financieros (para limitar la especulación criminal) y la citada reforma fiscal.
Baste una sola conclusión: quienes sonríen en estos días con la calculadora del coste y del beneficio electoral en la mano, han de saber que los ciudadanos no votarán a aquellos que resulten más hábiles en el aprovechamiento político de la crisis, sino a quienes más responsabilidad y competencia demuestren en su combate. Y puede que a la hora de la verdad se les hiele la sonrisa.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Ya está hecho. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Ha ganado el “sí”, se ha aprobado el decreto de medidas de ajuste para atajar el déficit, en consonancia con el resto de nuestros socios europeos. Y el PSOE ha asumido en solitario la responsabilidad y el coste de sacarlo adelante. Pero, ¿y si hubiera ganado el “no”? ¿Y si hubieran logrado su propósito aquellos que han movilizado hasta a sus enfermos en tratamiento de cáncer para hacer ganar el “no”?
Esta muy claro quién administra el “sí”, en su decisión, en su explicación y en su coste: el Gobierno y el PSOE. Para bien y para mal. Pero, ¿quién administra el “no”? ¿Quién asume la responsabilidad de situar a nuestro país, su economía, su papel en Europa, y el mismísimo euro al borde del abismo? ¿Quién se hace cargo del “no” ante los ciudadanos españoles? El “sí” tendrá un precio. Seguro. Pero quién piense que el “no” sale gratis está muy equivocado.
Situémonos por un momento en el escenario del rechazo parlamentario al decreto del ajuste. No resulta difícil prever las consecuencias. En lo político, es posible que se hubieran hecho realidad las ensoñaciones de muchos. Escándalo nacional e internacional, crisis de descrédito en el Gobierno, disolución de las Cortes, adelanto electoral… Esto es lo que buscaban unos cuantos y puede que lo hubieran conseguido.
Ahora bien, ¿y las consecuencias para el país? A cortísimo plazo, el triunfo del “no” hubiera provocado el hundimiento de las bolsas, un fuerte castigo a España en los mercados financieros y el encarecimiento brutal de la deuda. Si uno de los objetivos más relevantes del decreto de ajuste consiste en reducir el coste de la financiación de la deuda, sobre todo de la deuda privada (178% del PIB), la derogación del decreto hubiera supuesto la multiplicación exponencial de su precio. Probablemente hasta el punto de hacerla inviable.
El fracaso del plan de ajuste nos hubiera llevado a la quiebra definitiva de la confianza en los mercados internacionales de deuda. Es decir, a la reedición de la “crisis griega”, pero con una dimensión y unas consecuencias extraordinariamente más graves, aquí y en el conjunto de Europa. El coste en términos de estabilidad para el euro y para las economías que dependen de la moneda común hubiera sido tremendo.
Quienes hoy practican alegremente la demagogia con los sacrificios de funcionarios y pensionistas saben, con seguridad, que el triunfo del “no” en el Congreso hubiera obligado al Gobierno, a este o a cualquier otro, a afrontar un ajuste mucho más duro en un futuro próximo. Y quizás entonces, con bastante probabilidad, el recorte salarial progresivo para los servidores públicos se hubiera convertido en despidos masivos, y la congelación de las pensiones contributivas no mínimas se hubiera transformado en una rebaja drástica y dolorosa.
El reprochatorio al Gobierno puede entenderse y hasta justificarse. Que si no se atajó a tiempo la burbuja inmobiliaria, que si se suprimió el impuesto de patrimonio, que si se venden rectificaciones como errores… El regate político forma parte del juego. Ahora bien, apostar deliberadamente al colapso del país para obtener un rendimiento electoral no solo es ilegítimo; resulta miserable. Y, desde luego, se trata de un comportamiento que no tiene parangón en Europa. Las oposiciones reprochan, critican y plantean sus propias opciones. Pero una oposición democrática legítima no llama a la ruina general para cimentar el éxito electoral propio. Al menos no debe hacerlo gratis.
Porque, ¿cuál era la alternativa al decreto del Gobierno? ¿Evitar el ajuste? Imposible, porque se trata de una imposición inexorable del neonato Gobierno económico de Europa para hacerse cargo del salvamento del euro. ¿Hacer un ajuste distinto en el gasto? ¿Cuál? ¿De dónde recortar 15.000 millones de euros en año y medio? Solo cabe hacerlo de las grandes partidas, y estas son pocas y dolorosas: la nómina de los funcionarios, las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios de la educación y la sanidad, las infraestructuras…
Plantear como alternativa al decreto la supresión de cargos ministeriales y de coches oficiales es un insulto al sentido común. Integrar el departamento de Vivienda en Fomento, o el de Cultura en Educación, por ejemplo, tan solo ahorraría la diferencia salarial entre un ministro y un secretario de Estado, porque nadie está proponiendo suprimir las políticas culturales o de vivienda, ni los puestos de trabajo de sus funcionarios, ¿o sí? ¿Y a cuánto asciende el total de la factura de los coches oficiales que aún hoy siguen disfrutando los dirigentes del PP que reclaman su desaparición? ¿Un millón, dos, tres?
¿Debe establecerse el ajuste desde el capítulo de los ingresos? Las medidas aprobadas deben complementarse con una mayor presión fiscal dirigida a las rentas y los patrimonios más relevantes. El Gobierno ya ha anunciado iniciativas en este sentido. Pero hemos de ser conscientes también que un ajuste destinado a generar confianza en los mercados financieros debe ser prudente en el tratamiento de los capitales y atender a su extraordinaria volatilidad.
En definitiva, no hay alternativa factible al ajuste aprobado a instancias del Gobierno. Sí pueden complementarse algunos contenidos y sí pueden mejorarse las formas, desde luego. Y son imprescindibles, claro está, algunas de las “reformas estructurales” siempre pendientes: además de la reforma laboral anunciada (y espero que acordada), merecen atención la reforma educativa, la reforma de los modelos productivos, la reforma de los mercados financieros (para limitar la especulación criminal) y la citada reforma fiscal.
Baste una sola conclusión: quienes sonríen en estos días con la calculadora del coste y del beneficio electoral en la mano, han de saber que los ciudadanos no votarán a aquellos que resulten más hábiles en el aprovechamiento político de la crisis, sino a quienes más responsabilidad y competencia demuestren en su combate. Y puede que a la hora de la verdad se les hiele la sonrisa.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.