La pregunta que da título a este artículo puede parecer del todo ridícula para cualquier lector de esta publicación mínimamente informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dictadura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso de la derecha que afirma que los sindicatos han heredado del franquismo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan millones de parados condenados a estar excluidos del mercado laboral en democracia, se haya fuertemente arraigado en la cultura política popular de la derecha española. Esta cultura ha salido a relucir recientemente con el discurso público que lanzaban numerosas autoridades políticas del PP con ocasión de la última reforma laboral y de la huelga general.
En unas recientes declaraciones en apoyo de la reforma laboral del PP, Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con el marco franquista de relaciones laborales y acusaba a los sindicatos de defender políticas anticuadas, reaccionarias y antisociales.
Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un reciente artículo, en inglés, para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explicaba a un público internacional cual había sido, según ella, la verdadera condición privilegiada bajo la que vivían los trabajadores y los sindicatos bajo Franco mediante afirmaciones como ésta: " La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienestar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacionalsocialistas que intentaban preservar la armonía social en Europa en ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco [1]".
Si uno tuviese que basar su conocimiento de la historia de la Europa de posguerra en esta especie de Cuéntame como fue surrealista de la derecha Española podría llegar a pensar que el estado de bienestar en realidad lo inventó el fascismo y que en los verdaderos estados de bienestar que se establecieron en las democracias liberales de posguerra en países como la Alemania Federal, Inglaterra, Francia o Italia reinaba el despido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco sucedía todo lo contrario. Por lo visto en el ideario político de Ana Palacio solo los regímenes fascistas promueven seguridad en el empleo ysistemas de bienestar mientras que democracia debería de ser sinónimo de despido libre y libertad de contratación.
En realidad este relato revisionista de la derecha Española se apoya en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las relaciones laborales durante un periodo concreto del franquismo para tergiversarlos de manera interesada. El marco de relaciones laborales franquista no fue homogéneo durante los casi cuarenta largos años de dictadura y con el paso del periodo autárquico al periodo de liberalización económica bajo el Plan de Estabilización, a finales de los años cincuenta, estas relaciones sufrieron importantes transformaciones.
En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa Ley de Convenios Colectivos Sindicales que rompía el monopolio del gobierno a la hora de fijar las condiciones laborales, existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el Plan de Estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente para facilitar la liberalización de la economía, tratando de adaptar los salarios a la productividad, tal y como hoy pretende la CEOE.
Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el franquismo en un marco normativo en el que el que no se reconocía la existencia de las partes en las relaciones laborales y por tanto, tampoco su autonomía. De este modo, los convenios se negociaban en el seno de la Organización Sindical Española (OSE), el Sindicato Vertical, que integraba obligatoriamente tanto a patronos como a obreros en un mismo sindicato controlado por el estado. Los convenios colectivos se introdujeron para flexibilizar los salarios y las condiciones de trabajo y adecuarlos así a la situación de las empresas. En realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar el PP, descentralizando la negociación colectiva todavía más para dar más peso a los convenios de empresa.
Lo que Ana Palacio, por supuesto, se olvida convenientemente de decir en su artículo es que este fantástico marco de negociación colectiva franquista excluía la libertad sindical, la representación independiente de los intereses de los trabajadores en base a esta libertad sindical y el derecho de huelga. Ahora, puede que nosotros no hayamos recibido una educación política tan sofisticada como la de Ana Palacio, pero la pretendida validez de cualquier concepto de negociación colectiva sin libertad sindical y sin derecho de huelga se nos antoja cuanto menos surrealista. Ana Palacio dice también en su artículo de Bloomberg: "El bando franquista introdujo los fundamentos de la legislación laboral actual en 1938. Esta legislación estaba influenciada por la Carta del Trabajo de Mussolini y fue complementada con revisiones en los años cuarenta, sesenta y en los setenta. Gran parte de esa legislación se mantiene en vigor hoy".
Ana Palacio se refiere aquí al Fuero del Trabajo de 1938, de inspiración fascista, que se convirtió en una de las Leyes Fundamentales del franquismo. Pero se olvida de mencionar que esta ley fue derogada con la entrada en vigor de la Constitución democrática de 1978. Tampoco menciona que el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 reemplazaron la legislación laboral franquista.
La legislación laboral de la democracia esta fundada sobre la Constitución de 1978 que en su artículo 28 protege la libertad sindical y el derecho de huelga. El artículo 2 del capitulo XI del Fuero del Trabajo franquista, sin embargo, decía sobre actos como el derecho de huelga que Los actos ilegales, individuales o colectivos, que perturben de manera grave la producción o atenten contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes.
Asimismo, todo el Capitulo XIII del Fuero del Trabajo franquista esta basado sobre la negación de la libertad sindical al obligar explícitamente a los trabajadores a encuadrarse en un solo sindicato, la Organización Sindical, junto a empresarios, controlada por el estado. El Fuero del Trabajo, en suma, respondía a una concepción coercitiva del trabajo, que era considerado como un deber.
Por lo tanto es ridículo afirmar, como hace Ana Palacio, que una legislación laboral basada en la libertad sindical y el derecho de huelga está fundamentada en otra cuyos principios fundamentales niegan estas dos libertades esenciales para el ejercicio del derecho de los trabajadores a defender sus intereses.
Asimismo, de ninguna manera se puede afirmar que la legislación protectora del trabajo surgió en el franquismo, como viene a sugerir Palacio. Por el contrario, en España esa legislación arranca a finales del siglo XIX, con la Comisión y luego el Instituto de Reformas Sociales y cristaliza al fin en un corpus de Derecho del Trabajo en –vaya, otra vez- la Segunda República. Muy al contrario, el franquismo se funda, precisamente en la prohibición de las organizaciones libres de los trabajadores, en la persecución feroz de sus miembros y dirigentes y en la erradicación completa de los derechos colectivos del trabajo.
A propósito de la seguridad laboral de hierro que según Ana Palacio ofrecía el franquismo a los trabajadores, esa seguridad en realidad desaparecía cuando se trataba de despedir o encarcelar a trabajadores que se atrevían a protestar por sus condiciones de trabajo. Cárcel, despido libre y despido express era lo que ofrecía también el marco laboral franquista a los enlaces sindicales infiltrados en el Sindicato Vertical por unas Comisiones Obreras (CCOO), situadas primero fuera de la legalidad y más tarde declaradas explícitamente ilegales por el franquismo, cada vez que éstos eran elegidos por los trabajadores para negociar en favor de sus intereses los convenios colectivos. Es decir, que cuando los trabajadores se atrevían a negociar verdaderamente sus convenios, la libertad de despido de repente funcionaba de manera bien flexible y mucho más que bajo la democracia actual.
Ana Palacio tampoco menciona que, aunque hubiese convenios colectivos bajo el franquismo, cuando el gobierno de la dictadura consideraba que los trabajadores intentaban aprovecharse de su marco de negociación colectiva para verdaderamente defender sus intereses a menudo anulaba los acuerdos alcanzados mediante las llamadas Normas de Obligado Cumplimiento (NOC) que imponía el gobierno. El número de NOCs fue aumentando según iba avanzando el movimiento obrero ilegal pero independiente de CC.OO que conseguía imponerle a los empresarios convenios más favorables para los trabajadores. En este punto conviene recordar que lo que el gobierno de Rajoy ha hecho es reinstaurar las NOC franquistas en la negociación colectiva, a través de la Reforma Laboral y se han puesto en marcha con ocasión del actual conflicto de los pilotos de Iberia.
En fin, la realidad del mercado laboral franquista era mucho más flexible de lo que se imagina Ana Palacio cuando de lo que se trataba era de despedir a trabajadores que intentaban mejorar sus condiciones de trabajo. Y no sólo eso, sino que a lo hasta ahora dicho debe añadirse que la legislación franquista –las Reglamentaciones de Trabajo-, así como los Reglamentos de Régimen Interior de las Empresas autorizados por la autoridad laboral, consagraba un brutal desequilibrio de poder entre el empresario y el trabajador, que hacía del primero el señor absoluto dentro de la empresa. Y es precisamente hacia esa situación franquista en las relaciones laborales hacia donde la reciente Reforma Laboral se ha dirigido a toda máquina. En segundo lugar, más allá de la legislación laboral franquista, bajo la dictadura existió un colosal mercado de trabajo negro, que afectó a hombres y mujeres durante los primeros veinte años y a éstas últimas a o largo de toda la dictadura. Y, como se sabe, en el mercado laboral sumergido o negro se carece de derechos. ¿Qué mayor flexibilidad?
Pero después de todo esto, lo que a uno realmente le entran ganas de preguntarse es donde estaban Ana Palacio y sus amigos del PP cuando el proceso 1.001 de 1973 abierto por el franquismo contra la cúpula sindical clandestina de CCOO o cuando ametrallaban a los trabajadores a la salida de una asamblea en la iglesia de San Francisco en marzo de 1976 en Vitoria. ¿Donde estaban ellos en julio de 1970 cuando la policía franquista asesinaba a tiros a tres trabajadores huelguistas en Granada cuando los trabajadores de la construcción se movilizaban para negociar un convenio? ¿Donde estaban en marzo de 1972 cuando la policía franquista asesinaba a tiros a dos trabajadores huelguistas de CCOO en el Ferrol, delante del actual secretario confederal de CC.OO? ¿Donde estaban ellos cuando se sucedían las palizas y los asesinatos que sufrían los trabajadores cada vez que se les ocurría reclamar algo? Quizás estos son los auténticos ejemplos de lo bien que se llevaba la negociación colectiva y el marco de relaciones laborales bajo el régimen franquista que a Ana Palacio y al PP no le interesen hoy recordar.
Autores: Marta Rojo y Alvaro Rein
Nota: [1] Ana Palacio: “Spain’s Wilting Economy Still Held in Franco’s Grip”, Bloomberg, 17 abril 2012.