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martes. 04.10.2022

¿Será De Guindos el Monti español?

(Está permitido mentir a los ciudadanos pero no a los prestamistas). Han pasado las elecciones griegas, con un resultado que no ha abierto el escenario de mayor incertidumbre sobre el futuro del euro, y la prima de riesgo española sigue escalando.

(Está permitido mentir a los ciudadanos pero no a los prestamistas). Han pasado las elecciones griegas, con un resultado que no ha abierto el escenario de mayor incertidumbre sobre el futuro del euro, y la prima de riesgo española sigue escalando. Parece evidente que el encarecimiento del coste de financiación de España esta mostrando la incapacidad de Mariano Rajoy para gobernar un escenario en el que se conjugan de forma compulsiva la globalización financiera y la crisis fiscal. Lo que mediáticamente ha hecho Rajoy respecto al rescate del sector bancario tiene un nombre: “dispararse en el propio pie”.

La actual crisis pone de manifiesto que, en la medida que los estados pierden gran parte de su capacidad de financiarse a través de sus propios medios mecanismos, aumenta el grado de dependencia de los prestamistas exteriores. España no puede emitir dinero por haber cedido esas competencias al Banco Central Europeo (BCE), y tiene grandes dificultades para recaudar más impuestos por razones estructurales (la desfiscalización de las rentas del capital llevada a cabo en los últimos veinte años) y coyunturales (crisis económica). De forma que el gobierno debe responder a dos legitimidades que en numerosas ocasiones tienen intereses divergentes.

La legitimidad tradicional de un gobierno proviene la decisión democrática de sus ciudadanos. Estos otorgan a uno u otro político la capacidad de administrar los recursos de un estado, recursos que provienen de los impuestos que pagan dichos ciudadanos.

Sin embargo la crisis fiscal inducida por las políticas fiscales de los gobiernos de los últimos tres lustros ha hecho que cada vez en mayor medida los gobernantes deban recurrir a dinero prestado para mantener los gastos de la actividad pública. Ese dinero que nos prestan puede provenir de los inversores privados, a través de las emisiones de deuda pública, y de instituciones internacionales con capacidad y solvencia financiera, la Unión Europea, el Banco Central Europeo o el propio FMI. Esta segunda vía de financiación se utiliza cuando la primera es inaccesible por su alto coste, camino hacía el que se dirige la deuda española. Por tanto, la legitimidad de los gobernantes de países europeos con problemas de financiación exterior depende ahora de tres pilares: de sus votantes, de los prestamistas exteriores privados y de los responsables de las instituciones públicas supranacionales con capacidad de financiación (UE, BCE y FMI).

Y es a esos tres grupos, con intereses a menudo contradictorios, frente a quienes debe responder Mariano Rajoy, con la diferencia de que mientras que los votantes sólo pueden cuestionar la legitimidad de sus actos cada cuatro años (y los políticos saben que en sus decisiones hay una gran influencia de factores emocionales intentan manipular en su beneficio), los responsables de las instituciones europeas lo hacen cada vez que se les solicita ayuda (véase la presión a la que someten a Grecia cada vez que deben pagar un plazo del rescate acordado), y los mercados financieros lo hacen todos los días en los mercados secundarios de deuda pública, de forma que se les oye muchísimo más. Conjugar un discurso que satisfaga los intereses de los tres grupos no es fácil, pero la evidencia práctica está demostrando que Rajoy lo esta haciendo rematadamente mal.

Parece que el Partido Popular, analizando los errores cometidos por Zapatero, esto es responder sólo a las demandas de los prestamistas exteriores y no a las de los votantes, no quiere echar por la borda la legitimidad democrática adquirida en las recientes elecciones generales, como hizo el PSOE al aceptar acríticamente las decisiones de su ex-secretario general. Las palabras de Mariano Rajoy negando la realidad de que, ante la incapacidad de nuestro país de obtener recursos en los mercados de capitales internacionales, se había producido un rescate a nuestro país con fondos europeos, no tenían como destinatarios a los mercados financieros, no la mentira estaba dirigida a los ciudadanos españoles, bajo la idea de que una mentira repetida un millón de veces se convierte en verdad. El PP consideró que podía mentirnos de forma gratuita sobre las consecuencias del rescate que nos había concedido la Unión Europea, ya que la mayoría de los votantes no se leerán nunca la letra pequeña del acuerdo. Lo importante era mandar un mensaje claro y contundente sobre la capacidad de gobierno de Rajoy, aunque fuera falso, bajo la consideración de que entre elecciones y elecciones pasan cuatro años y que la actual coyuntura económica habrá cambiado algo antes del 2015, lo que el PP aprovechará para apuntarse el tanto de la recuperación económica.

Mariano Rajoy miente porqué sabe que el dinero que la UE nos va a prestar se va a hacer a una entidad pública el FROB, que luego se lo prestará a unos bancos que también han sido incapaces de obtener esos fondos en los mercados internacionales de capital, debido a la que su negocio no parece rentable, y a los que no puede prestar dinero público español por los enormes costes políticos que tendría después de los duros ajustes sobre servicios públicos básicos. Pero el discurso de Pocoyo con el que quieren hacernos comulgar los portavoces del PP olvida interesadamente que nadie garantiza que ese dinero vaya a ser devuelto al FROB en su totalidad, ya que muchos de los bancos intervenidos son entidades zombies, quebradas, que como ha reconocido el propio comisario Almunia puede que se cierren porqué su saneamiento y su posterior venta a terceros (posiblemente bancos extranjeros) sea imposible, ya que tendrán muy poco que ofrecer (una marca devaluada por la mala gestión o una red de oficinas muy mermada tras los ajustes que se planteen), o sean incapaces de generar suficiente valor para devolver unos créditos que el propio comisario ha llegado a verbalizar que alcanzarían una tasa de interés del 8,5%. Pero el FROB, que es parte del estado español, si tendrá que devolverlo a la UE.

Lo que el PP intenta ocultar burdamente a los ciudadanos españoles lo saben perfectamente las autoridades europeas, como han puesto de manifiesto las palabras de Almunia. Aunque algunos de los colegas europeos de la misma familia política que el PP lo obvien bajo la consideración, parafraseando a Kissinger, de que “Rajoy sera un mentiroso, pero es un mentiroso de los nuestros”. Mientras los países de la zona euro no pongan en marcha mecanismos estables y eficaces para resolver los problemas de financiación exterior de algunos de sus miembros (nuevo papel del BCE, emisión de eurobonos, prestamos, a través del BEI, a proyectos de inversiones que impulsen la actividad económica) los beneficios para quien participa en un rescate la define mucho más claramente la ley de navegación mexicana que Rajoy: “El salvador, además del privilegio marítimo que le corresponda, tendrá el derecho de retención sobre la embarcación y los bienes salvados hasta que le sea cubierta o debidamente garantizada la recompensa por el salvamento y sus intereses.”

La prueba del ocho sobre como el gobierno español ha gestionado el rescate bancario es la valoración que hacen de él los inversores privados, ya que no pueden ser ni ignorados ni engañados, como se intenta con el electorado español, ni se tapan los ojos en función del color político del interfecto, como hacen algunos dirigentes de la derecha europea. La evolución de la prima de riesgo es, pues, determinante, ya que los prestamistas exteriores sólo tienen un objetivo: que se remuneren sus inversiones al mayor tipo de interés posible, siempre que sean devueltas. El continuo incremento de la prima de riesgo tras el anuncio del rescate, que se ha prolongado tras las elecciones griegas, pone en evidencia que dichos inversores no se creen las palabras de Rajoy. El que los inversores crean que el gobierno ha perdido el principio de realidad para evaluar la situación de la economía española les hace albergar enormes dudas sobre que le devuelvan el dinero prestado. Cómo ha reconocido el propio Ministro de Economía, a diferencia de otras tonterías expresadas por algunos compañeros de gabinete, la presión sobre la deuda española, el voto diario de los inversores sobre la credibilidad de las políticas del gobierno, no puede mantenerse mucho tiempo.

Si la prima de riesgo sigue creciendo llegará un momento en que los prestamistas públicos europeos decidirán que Rajoy, a pesar de ser uno de los suyos, es tan inútil para resolver el problema como lo fue Berlusconi hace un año, y por tanto buscarán un Monti español para que ocupe su lugar. Asimismo en el PP muchos pueden empezar a pensar que para poder seguir gobernando les conviene cambiar al jefe de equipo, un tipo que “confundía” el mayor vertido de petróleo sucedido en nuestras costas con unos hilillos de plastelina.

¿Será entonces el momento del ambicioso De Guindos? El anterior ejecutivo de Lehman Brothers, el Ministro de Economía más poderoso de nuestra corta historia democrática, ha demostrado que no tiene tantos complejos e inseguridades como Rajoy. No le ha temblado el pulso a la hora de equivocarse reiteradamente: en tan sólo seis meses ha usurpado las funciones del gobernador del Banco de España poniendo en evidencia un ilegal sometimiento al gobierno; ha cuestionado la capacidad inspectora del Banco de España, mostrando en canal las cuentas de la entidades financieras con problemas a firmas de consultoría que serán juez y parte en su posterior privatización a precio de saldo; ha defenestrado sin misericordia a su colega Rato al coste de 20.000 millones de euros, lo que ha precipitado un rescate bancario generalizado; ha impuesto unos recortes sobre la sanidad, la educación y la investigación pública brutales que tendrán efectos negativos durante las próximas décadas; ha impulsado una reforma laboral que supone el empobrecimiento de millones de trabajadores; ha logrado aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que, al elevar a rango legal una parte muy importante de los componentes ideológicos de la visión neoclasica de la economía, ha restado al Congreso gran parte de su poder de decisión sobre los presupuestos generales, lo que supone una importante devaluación de nuestro sistema democrático. Es una buena hoja se servicios para ser el Presidente del próximo “Gobierno Tutelado” del Reino de España. 

¿Será De Guindos el Monti español?
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