20 de septiembre de 2010, 16:07
NUEVATRIBUNA.ES - 2.10.2009
...Cuando abuela de Joan Pinyol acudió al campo de prisioneros de Lleida a buscar el cadáver de su marido que había sido vilmente fusilado el único resultado que obtuvo fue una recomendación del capellán:
“No se puede hacer nada, sea una buena cristiana y cuide de sus hijos".
Durante años Joan Pinyol y su madre estuvieron llevando flores a una tumba en la que no descansaban, como ellos creían, los restos del abuelo de Joan.
Si una sociedad quiere avanzar sin tabúes, sin “agujeros negros” en su memoria colectiva, tiene que hacer una profunda reflexión que le permita soltar los lastres que impiden la valoración real de su pasado. Es necesario que los invisibles salgan a la luz, que los cuerpos enterrados indignamente, porque indignos eran los culpables, puedan reposar en el lugar que por derecho les corresponde. Sin embargo y desafortunadamente las declaraciones inaceptables de muchos políticos del PP sobre cualquier cuestión que haga referencia a la Ley de la Memoria Histórica suelen ser una constante afrenta a los familiares de las víctimas y a todo a lo que podemos denominar democráticamente tolerable.
Hace escasas fechas Carlos Negreira, portavoz del grupo popular en A Coruña calificó a Millán Astray como “un coruñés de pro”. Para Negreira la supresión de la estatua del fundador de la legión, supresión aprobada en pleno municipal, necesita una profunda reflexión porque según “argumenta” el portavoz popular “no se puede olvidar al fundador de un cuerpo de prestigio”. Es de suponer que el portavoz conoce la existencia de la Ley de la Memoria Histórica que regula la retirada de calles y edificios públicos de los símbolos vinculados al franquismo y es de suponer que sabe que esta ley fue aprobada por la mayoría del Congreso y el Senado.
Días pasados nuevamente un político popular rozó el delirio franquista y declaró que “el Valle de los Caídos es un lugar de culto, mitad basílica, mitad cementerio, similar a lo que puede ser el cementerio de Omaha Beach”.
El PP se niega a la devolución de los restos que están enterrados en el columbario del mausoleo del dictador porque consideran que no es competencia del Estado hacerse cargo del traslado de los restos; para ellos el Valle de los Caídos es igual que “cualquier otro cementerio” y los traslados tienen que ser gestionados por la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
La esperpéntica comparación y la negativa popular surgen a raíz de una propuesta de los diputados Joan Herrera (ICV) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai), propuesta que propició el compromiso del gobierno para subvencionar, dentro del marco de la Ley de la Memoria Histórica (esta ley no contempla entre sus contenidos los robos de cadáveres) la búsqueda, la identificación y la exhumación de los restos de los represaliados que fueron llevados a Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias. En los años negros de la dictadura, plagados de muerte y represión, millares de cadáveres fueron vilmente robados para rellenar los nichos del mausoleo del dictador que tan fervorosamente custodia la orden benedictina.
El gobierno tiene un plazo de seis meses para realizar el censo de las víctimas trasladas hasta el valle. El mayor número de traslados se llevó a cabo antes del año 1964 pero no fue hasta el año 1983 cuando cesaron a raíz de la firma del acuerdo entre Patrimonio Nacional y los monjes benedictinos que gestionan el Valle de los Caídos.
A pesar de que el PP continúa defendiendo que los traslados fueron consentidos una investigación llevada a cabo por el profesor Joan Pinyol desmonta esta teoría. Según documentos conservados en el archivo de Lleida en un primer momento hubo una orden del Gobierno indicando a los ayuntamientos y a los gobiernos civiles que se avisase a los familiares pero una circunstancia del todo imprevista hizo que los planes iniciales variasen, algunas familias franquistas se negaron a que se trasladasen los cuerpos de sus familiares y para Pinyol "Eso debió trastocar los planes y decidieron tirar de los republicanos".
Pilar Rego - Educadora Social.
...Cuando abuela de Joan Pinyol acudió al campo de prisioneros de Lleida a buscar el cadáver de su marido que había sido vilmente fusilado el único resultado que obtuvo fue una recomendación del capellán:
“No se puede hacer nada, sea una buena cristiana y cuide de sus hijos".
Durante años Joan Pinyol y su madre estuvieron llevando flores a una tumba en la que no descansaban, como ellos creían, los restos del abuelo de Joan.
Si una sociedad quiere avanzar sin tabúes, sin “agujeros negros” en su memoria colectiva, tiene que hacer una profunda reflexión que le permita soltar los lastres que impiden la valoración real de su pasado. Es necesario que los invisibles salgan a la luz, que los cuerpos enterrados indignamente, porque indignos eran los culpables, puedan reposar en el lugar que por derecho les corresponde. Sin embargo y desafortunadamente las declaraciones inaceptables de muchos políticos del PP sobre cualquier cuestión que haga referencia a la Ley de la Memoria Histórica suelen ser una constante afrenta a los familiares de las víctimas y a todo a lo que podemos denominar democráticamente tolerable.
Hace escasas fechas Carlos Negreira, portavoz del grupo popular en A Coruña calificó a Millán Astray como “un coruñés de pro”. Para Negreira la supresión de la estatua del fundador de la legión, supresión aprobada en pleno municipal, necesita una profunda reflexión porque según “argumenta” el portavoz popular “no se puede olvidar al fundador de un cuerpo de prestigio”. Es de suponer que el portavoz conoce la existencia de la Ley de la Memoria Histórica que regula la retirada de calles y edificios públicos de los símbolos vinculados al franquismo y es de suponer que sabe que esta ley fue aprobada por la mayoría del Congreso y el Senado.
Días pasados nuevamente un político popular rozó el delirio franquista y declaró que “el Valle de los Caídos es un lugar de culto, mitad basílica, mitad cementerio, similar a lo que puede ser el cementerio de Omaha Beach”.
El PP se niega a la devolución de los restos que están enterrados en el columbario del mausoleo del dictador porque consideran que no es competencia del Estado hacerse cargo del traslado de los restos; para ellos el Valle de los Caídos es igual que “cualquier otro cementerio” y los traslados tienen que ser gestionados por la Comunidad de Madrid o por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
La esperpéntica comparación y la negativa popular surgen a raíz de una propuesta de los diputados Joan Herrera (ICV) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai), propuesta que propició el compromiso del gobierno para subvencionar, dentro del marco de la Ley de la Memoria Histórica (esta ley no contempla entre sus contenidos los robos de cadáveres) la búsqueda, la identificación y la exhumación de los restos de los represaliados que fueron llevados a Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias. En los años negros de la dictadura, plagados de muerte y represión, millares de cadáveres fueron vilmente robados para rellenar los nichos del mausoleo del dictador que tan fervorosamente custodia la orden benedictina.
El gobierno tiene un plazo de seis meses para realizar el censo de las víctimas trasladas hasta el valle. El mayor número de traslados se llevó a cabo antes del año 1964 pero no fue hasta el año 1983 cuando cesaron a raíz de la firma del acuerdo entre Patrimonio Nacional y los monjes benedictinos que gestionan el Valle de los Caídos.
A pesar de que el PP continúa defendiendo que los traslados fueron consentidos una investigación llevada a cabo por el profesor Joan Pinyol desmonta esta teoría. Según documentos conservados en el archivo de Lleida en un primer momento hubo una orden del Gobierno indicando a los ayuntamientos y a los gobiernos civiles que se avisase a los familiares pero una circunstancia del todo imprevista hizo que los planes iniciales variasen, algunas familias franquistas se negaron a que se trasladasen los cuerpos de sus familiares y para Pinyol "Eso debió trastocar los planes y decidieron tirar de los republicanos".
Pilar Rego - Educadora Social.