El pasado 23 de mayo, ha sido presentado el informe elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad (formado por 17 grandes empresas españolas y el Instituto de Empresa Familiar) ‘Crecimiento y sostenibilidad de la economía española’ que ha conseguido una amplia repercusión mediática y que sostiene como afirmación principal que la economía española ha tocado fondo, pero es más la formulación de un deseo que el resultado de un análisis riguroso, ya que en julio de 2011 ya afirmaban categóricamente que “…la opinión generalizada sobre España desde un punto de vista económico es que ha tocado fondo” y ahora el augurio es “…que la economía tocará fondo en el cuarto trimestre de 2012”.
Las variables sobre la que se sustenta tal afirmación son igualmente llamativas. Sobre el estado de salud del sistema financiero en julio de 2011 afirmaban que “España cuenta con grandes entidades bancarias bien capitalizadas, rentables y diversificadas” y que “España ha llevado a cabo un importante proceso de reforma en el sector, facilitando la reestructuración, recapitalización y cambio en el sistema de gobierno de las Cajas de Ahorro. Las reformas emprendidas han dotado al sistema financiero de mayor fortaleza y transparencia”.
El evidente fracaso de sus previsiones de 2011, como demuestra la imposición de auditores internacionales para conocer el estado verdadero de nuestro sistema financiero, el control estatal mediante la posible creación de una banca pública con las distintas entidades nacionalizadas, cuya cuantía sumaría un total de 450.000 millones de euros en activos bancarios o la falta de concreción aún del apoyo público necesario a las entidades no nacionalizadas para cumplir los nuevos criterios de solvencia; no les impide afirmar que “…tenemos argumentos sólidos que nos permiten justificar que nos encontramos cerca del final de la absorción de pérdidas derivadas de la crisis” o que “las pérdidas esperadas en el sector bancario están acotadas”.
En julio de 2011 afirmaban que “La economía española ha sentando las bases de la recuperación, ya que se ha afrontado la recesión con ajustes sustanciales en los desequilibrios generados por la expansión y con reformas estructurales en aspectos clave” y que “…en 2011 el crecimiento será todavía modesto pero se han sentado las bases para una nueva etapa de crecimiento”.
Es más, sus previsiones determinaban que “España destine sólo un 7% de sus ingresos públicos al pago de intereses de la deuda, niveles cercanos a los de Alemania y Francia” y que “…la deuda se encuentra entre las más diversificadas a nivel de vencimientos en Europa, siendo la tercera con una mayor vida media, lo que reduce el riesgo de refinanciación”.
Ahora, en mayo de 2012, para el Consejo Empresarial para la Competitividad el ajuste fiscal previsto es viable y el esfuerzo a realizar en 2013 será la mitad que el realizado en 2012, lo que “ayudará a la recuperación económica”, yendo hacia una senda de estabilidad presupuestaria “sin excesiva penalización para el crecimiento”, pese a que hasta el Gobierno reclama que los “países cumplidores” con las medidas de estabilidad presupuestaria deben encontrar nuevos plazos para la estabilización de las cuentas públicas, o en palabras del ministro de economía “no podemos hacer más que lo que estamos haciendo y eso debe ser valorado por las instituciones europeas”.
Las posibilidades de alcanzar las previsiones de actividad de la economía española en 2012 manejadas en el informe (-1,4%) son limitadas y desgraciadamente, mucho más la de retornar a tasas positivas de crecimiento en 2013, en un contexto de reducción muy acelerada del déficit público (del -8,9% al 3% en dos ejercicios) y con una gran inestabilidad en Europa como consecuencia de la falta de confianza que actualmente genera su proyecto. Conseguir una tasa positiva de crecimiento de la actividad en un territorio, cuando al mismo tiempo que se reduce en 5,9 puntos del PIB el saldo de las cuentas públicas, es un hecho sin precedentes que reta la consistencia de la teoría económica y la experiencia conocida en la economía moderna.
Sin embargo nada se dice sobre la evolución de la presión del diferencial de la deuda, el desplome bursátil y la parálisis del crecimiento y entrada en una nueva recesión por parte de los países periféricos de la Unión, entre ellos España.
Y ello a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE), en su informe de coyuntura del pasado mes de abril, sitúa a España entre las naciones más “vulnerables” y con elevados “riesgos de liquidez”.
Las peticiones de la banca española al Banco Central Europeo se han triplicado en un año, ya que en febrero de 2011 la cifra fue de 49.268 millones de euros y superaron en enero, por primera vez en la historia, los 152.000 millones de euros, lo que representa cerca de la mitad del total de solicitudes por parte de la banca europea al organismo, alcanzando en febrero 152.432 millones de euros, el 47,3 % del total solicitado por las entidades europeas durante el mes y esto a pesar de las previsiones del Consejo Empresarial para la Competitividad que afirmaba, en julio de 2011, que debido a la credibilidad que supone las reformas emprendidas en el sistema financiero “…ya se están observando en la apelación por parte de las entidades a los préstamos del BCE que han caído”.
Sobre el papel que está llamado a jugar nuestro sector exterior, ampliamente destacado en el informe, las exportaciones españolas muestran una positiva evolución desde 2010, pero los datos correspondientes a los dos últimos trimestres muestran una fuerte ralentización en el ritmo.
La tasa intertrimestral de las exportaciones de bienes y servicios ha sido negativa en el cuarto trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012 (-1,6% y -0,9%) y sólo el mayor hundimiento de las importaciones provocado en mayor medida por el descenso de consumo interno, permite conseguir un saldo positivo en el comercio exterior. La buena marcha de los dos últimos años, se ha visto frenada, probablemente por la menor actividad en el resto del mundo pero también por un agotamiento de la capacidad determinada por la dimensión del tejido empresarial español y de iniciativas coyunturales adoptadas por algunas empresas como remedio de urgencia ante la fuerte crisis de la demanda nacional que les hizo elegir la opción exportadora aunque implicara asumir pérdidas.
Otro elemento que se destaca en el informe es el efecto que a su juicio se derivará del mecanismo de pago a proveedores. Para acogerse al mismo es necesario presentar un Plan de Ajuste que tiene como objeto garantizar solo aquellos servicios públicos que se financien con sus ingresos corrientes, ya que se fija la obligación de que dichos servicios no pueden ser deficitarios y sus costes deben cubrirse mediante el cobro de tasas y precios públicos. Se otorga prioridad absoluta al pago de la amortización de la deuda contraída.
En la práctica, los mecanismos de cumplimiento de los planes, llevan a que las entidades locales estén colapsadas por las retenciones de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y sin mecanismos de viabilidad, lo que explica la exigencia que señala el Fondo para que los planes de ajuste contengan una reforma estructural que reduzca los gastos del municipio y que incluyan modificaciones de la organización de la corporación local.
El Gobierno ha planteado a los 4.622 consistorios que se han sumado al plan de pago a proveedores bajar los sueldos a sus trabajadores e, incluso, despedirlos con veinte días de indemnización por año trabajado. El 60% de las 646.627 personas que trabajan para la administración local (384.273) puede verse afectado en mayor o menor medida por los planes de ajuste presentados, y la merma en el catálogo y calidad de los servicios públicos ofrecidos, está afectando al volumen de empleo de los grandes grupos empresariales que actúan como concesionarias de las administraciones públicas. Ello sin olvidar que muchas de las deudas contraídas lo están con pequeñas empresas y autónomos que ya no mantienen actividad alguna fruto de la crisis.
Con respecto a los beneficios esperados en términos de empleo por la entrada en vigor de la reforma laboral y otras “reformas estructurales”, no solo se apartan de las previsiones sobre desempleo estimado por el conjunto de las instituciones europeas e internacionales, sino también de las del propio Gobierno que prevé una tasa de paro del 22,13% en 2015, más elevada que la de 2011.
Se podrían destacar numerosas incongruencias más que, lógicamente, no son consideradas por los autores del informe, ya que no merecen ni la más minima referencia autocrítica por su parte con respecto a sus afirmaciones de julio de 2011.
Las únicas previsiones acertadas son las que se han derivado de su actividad como lobby en las materias de “profundización de las reformas estructurales” en el campo del mercado de trabajo y de la negociación colectiva, de las que, ahora sí, se muestran plenamente satisfechos o las que hacen referencia a la rebaja de cotizaciones empresariales, reorganización de la estructura de las administraciones públicas o enajenación de bienes de titularidad pública, entre otras, que con el fin de “lograr un mayor equilibrio presupuestario” el Gobierno tiene en estudio actualmente.
El contenido del informe elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad contiene unas conclusiones excesivamente optimistas, apoyadas en algunas consideraciones de dudosa credibilidad y apoyadas en determinadas afirmaciones que distan de ser reales.
La nueva terminología pretende sustituir las anteriores apelaciones a los “brotes verdes” que tanto juego dio, por los “rayos de esperanza” que como afirmó recientemente el ministro de Economía, se podían percibir en el futuro inmediato.
Las conclusiones del informe están más cerca de la propaganda (que no va a suponer un blindaje frente a operaciones especulativas o de adquisiciones no amistosas a las compañías cotizadas que forman parte del Consejo, ni una mejora de su posicionamiento internacional) que del análisis concienzudo y realista de la economía española y europea, sus problemas y las posibles soluciones.