28 de octubre de 2010, 15:29
NUEVATRIBUNA.ES - 25.4.2010
El avance de una sociedad está fuertemente influenciado por la autonomía moral de las personas que la integran. Treinta y cinco años después de muerto Franco y a pesar de la Ley de Memoria Histórica, es una tarea harto difícil visibilizar a los invisibles.
Dicho esto se hace inevitable realizar dos “pequeñas puntualizaciones” dirigidas a todos aquellos a los que se les llenó la boca de palabras absurdas a la hora de “valorar” las manifestaciones de este pasado sábado.
Manifestarse es un derecho constitucional de la ciudadanía.
Expresar discrepancia es totalmente compatible con el respeto a las instituciones.
Afrontamos la transición resignados con la certeza de la impunidad que iban a disfrutar los responsables de la dictadura.
Décadas después la resignación dejó un hueco a la esperanza cuando un juez, premiado internacionalmente por investigar dictaduras extranjeras, dio el primer paso para abrir una causa contra los crímenes del franquismo pero “lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks” que diría Sabina.
Grupos tan “representativos” de un estado democrático como Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española se personaron como acusación contra el juez Garzón y Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo, se apresuró a declarar que “ha lugar a proceder”, un claro ejemplo de lo que podría denominarse “una doble vara de medir”.
La respuesta internacional al procesamiento de Garzón por investigar los crímenes del fascismo se produjo sin demora y en España la sociedad civil salió a la calle para pedir "verdad, justicia y reparación".
La ONU reprobó en tres ocasiones al Gobierno español por mantener la Ley de Amnistía, por no investigar al franquismo y por no atender a las víctimas.
Nos recordaba el periódico Público un documento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fechado en enero de 2009, que “muestra preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977 y recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
José María Benegas en un artículo publicado en noviembre de 2007 en la revista El Siglo calificaba la Ley de Amnistía de 1997 como una ley de punto final, “La Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación... Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura” Declaraciones que se contradicen con la petición del actual ejecutivo de no confundir “la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final”.
Pilar Rego - Educadora Social.
El avance de una sociedad está fuertemente influenciado por la autonomía moral de las personas que la integran. Treinta y cinco años después de muerto Franco y a pesar de la Ley de Memoria Histórica, es una tarea harto difícil visibilizar a los invisibles.
Dicho esto se hace inevitable realizar dos “pequeñas puntualizaciones” dirigidas a todos aquellos a los que se les llenó la boca de palabras absurdas a la hora de “valorar” las manifestaciones de este pasado sábado.
Afrontamos la transición resignados con la certeza de la impunidad que iban a disfrutar los responsables de la dictadura.
Décadas después la resignación dejó un hueco a la esperanza cuando un juez, premiado internacionalmente por investigar dictaduras extranjeras, dio el primer paso para abrir una causa contra los crímenes del franquismo pero “lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks” que diría Sabina.
Grupos tan “representativos” de un estado democrático como Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española se personaron como acusación contra el juez Garzón y Luciano Varela, juez del Tribunal Supremo, se apresuró a declarar que “ha lugar a proceder”, un claro ejemplo de lo que podría denominarse “una doble vara de medir”.
La respuesta internacional al procesamiento de Garzón por investigar los crímenes del fascismo se produjo sin demora y en España la sociedad civil salió a la calle para pedir "verdad, justicia y reparación".
La ONU reprobó en tres ocasiones al Gobierno español por mantener la Ley de Amnistía, por no investigar al franquismo y por no atender a las víctimas.
Nos recordaba el periódico Público un documento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fechado en enero de 2009, que “muestra preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977 y recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
José María Benegas en un artículo publicado en noviembre de 2007 en la revista El Siglo calificaba la Ley de Amnistía de 1997 como una ley de punto final, “La Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación... Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura” Declaraciones que se contradicen con la petición del actual ejecutivo de no confundir “la Ley de Amnistía con las denominadas leyes de punto final”.
Pilar Rego - Educadora Social.