Hace unas semanas la derecha española ganó por amplia mayoría las elecciones generales y, en consecuencia, su derecho a conformar un nuevo poder ejecutivo. La victoria del PP se ha producido en la fase más aguda de la crisis institucional y de deuda pública que afecta desde principios de 2010 a la eurozona. Y el nuevo Gobierno de España presidido por Rajoy deberá afrontar la más grave situación que desde su nacimiento vive el proceso de construcción de la unidad europea.
El fin de la recesión que durante año y medio, entre 2008 y 2009, padecieron las economías capitalistas desarrolladas no supuso el final de la crisis. En mayo de 2010 y a pesar del bajo y precario crecimiento económico imperante en la eurozona, los líderes de la UE aprobaron e impusieron (coincidiendo con el rescate de Grecia) unas rigurosas políticas de austeridad fiscal que eran especialmente extremas para los países del sur de la eurozona.
Las políticas de consolidación fiscal impuestas se han revelado, sin ningún género de dudas, completamente ineficaces. La crisis de deuda pública, institucional y de gobernanza de la eurozona en lugar de mejorar ha empeorado. En este cuarto trimestre de 2011, las economías del sur de la eurozona parecen haber iniciado una nueva fase recesiva que complica aún más la tarea de salir de la crisis y salvar el euro.
La mayoría de los medios de comunicación han presentado la crisis de liquidez que desde agosto de este año padecen las deudas públicas de España y, en mayor medida, Italia (y no digamos Grecia o Portugal, que sufren una grave situación de insolvencia) como resultado de la acción conjunta de especuladores y agencias de calificación de riesgo. No es cierto. Hay, claro está, especulación y especuladores que propician aguas revueltas para pescar beneficios extraordinarios, pero la negativa de los inversores más conservadores a seguir financiando las deudas públicas española e italiana a unos costes razonables y asumibles (que no transformen la crisis de liquidez que sufren estos países en una crisis de solvencia) es fruto de una aversión más que razonable al riesgo que evidencian las deudas soberanas de España e Italia.
La espantada protagonizada por los grandes inversores institucionales (fondos de inversión soberanos, fondos de pensiones, grandes bancos y compañías de seguros,…), desembarazándose de las deudas públicas de la eurozona en situación más precaria, supone un juicio negativo sobre las políticas de austeridad que matan el crecimiento: ni la patada en el culo de Berlusconi ni el acceso a la presidencia del gobierno italiano de Monti (un economista “de los suyos”: de Goldman Sachs, The Coca-Cola Company, Trilateral Commission y cía.) o el duro recorte de gastos públicos aprobado inmediatamente por el nuevo ejecutivo italiano modificaron ese juicio de los inversores ni lograron que recuperaran sus carteras de inversión anteriores o modificaran su percepción de los altos niveles de riesgo asociados a la deuda soberana de Italia.
Algo similar cabe decir del triunfo electoral de Rajoy. La reacción inmediata de los inversores (el lunes, 21 de noviembre) reducía la cotización de las compañías del Ibex-35 en un 3,2% e incrementaba los costes financieros asociados al bono español a 10 años en un 2,7%. La mala racha se prolongó durante una semana, cada día se alcanzaban máximos históricos en los intereses a pagar por la deuda pública española. Solo la acción combinada de los grandes bancos centrales del mundo capitalista, proporcionando liquidez al sistema bancario, y del BCE, comprando más deuda soberana española e italiana en el mercado secundario, impidieron que la degradación de las deudas públicas en situación más delicada continuara.
Al juicio negativo de los inversores sobre las políticas aplicadas, hay que sumar las más que razonables dudas, compartidas por la mayoría de la ciudadanía, sobre la capacidad de los líderes europeos para gestionar los problemas institucionales, financieros y económicos que afectan a la eurozona.
En estos días y en medio de un ruido ensordecedor sobre lo que parece estar ocurriendo y sobre los riesgos y amenazas más acuciantes, los líderes europeos han intensificado sus movimientos y multiplicado declaraciones y planes para superar la crisis. Lo que se conoce de esos planes no muestra ninguna voluntad clara o firme de solucionar la crisis de deuda de una vez por todas; todo se queda en evitar que la situación empeore aún más, exigir más disciplina fiscal y mayor austeridad a los Estados miembros e impedir que se produzca un contagio y deterioro mayores de las deudas soberanas de Italia y España que pudieran acabar con la implosión del euro y, de propina, con el hundimiento del sistema bancario europeo.
En esta situación cambiante, de extrema gravedad y marcada por la vertiginosidad con la que se suceden los acontecimientos conviene pararse a tratar de distinguir las voces que importa escuchar de los muchos ecos que distorsionan lo importante. Y de igual forma, intentar comprender los elementos claves de las medidas que, más allá de los diferentes intereses y voluntades en presencia, han impuesto los líderes europeos para superar la crisis.
Con respecto a España, nadie debería dudar que Rajoy hará lo que tenga que hacer “por encima de todas las cosas” y que lo que haga coincidirá milimétricamente con lo que le exijan e insinúen los líderes e instituciones europeos. Será más de lo mismo de lo que le exigieron a Zapatero y que éste aceptó hacer suyo “costara lo que le costara”, aunque probablemente nunca intuyó que le costaría tan caro a él mismo y a su partido.
Con respecto a Europa, pocas correcciones o matices del esquema de acción política que han impuesto en el último año y medio los mercados y las instituciones europeas cabe esperar de la cumbre europea que comienza hoy, 8 de diciembre. Ni en los problemas de más urgente tratamiento (relacionados con el déficit público y la deuda soberana) ni en las tareas de mayor profundidad o estructurales, vinculadas a la pérdida de peso de actividades y empleos manufactureros y al reforzamiento de una especialización en sectores protegidos y no exportables marcados por el bajo valor añadido, el despilfarro de materiales, energía y territorio y la precariedad y baja cualificación del empleo.
Merkel y Sarkozy siguen empeñados en tratar los problemas de la deuda pública de Grecia y Portugal como un problema de liquidez (se les presta a tipos de interés inferiores a los del mercado y se les exige ajustes imposibles y una consolidación fiscal inalcanzable), sabiendo que sus problemas son de estructuras productivas y especializaciones que provocan esa situación de insolvencia. La única perspectiva que contemplan Merkel y Sarkozy es ganar tiempo para que los problemas de Grecia y Portugal no se conviertan en una catástrofe para el sistema bancario europeo e intentar que la crisis de deuda no termine en nuevos rescates de España (con una deuda pública que suma tantos euros como entre los tres países ya rescatados) o Italia (cuya deuda soberana rebasa ampliamente en términos absolutos la deuda pública conjunta de España, Grecia, Irlanda y Portugal)
Merkel y Sarkozy rehuyen institucionalizar los instrumentos que se han mostrado más eficaces para reducir los intereses de la deuda pública de los países del sur de la eurozona y que a corto plazo podrían impedir la catástrofe en España e Italia: actuación sin restricciones del BCE en el mercado secundario de deuda pública (monetización de la deuda). Y se niegan a abrir la puerta a reformas duraderas de carácter federal que permitirían dar una solución definitiva a la actual crisis de la eurozona: mutualización de riesgos y beneficios mediante avances en la unidad fiscal, un único emisor de eurobonos y fondos estructurales suficientes para compensar el movimiento natural a la heterogeneidad de estructructuras productivas y especializaciones que están detrás de la crisis de la eurozona. En todo caso, los líderes europeos dejan las posibles soluciones federales para el final de un prolongado proceso de austeridad y disciplina fiscal que ya se ha iniciado, pero que consideran insuficiente y pretenden completar aprobando más medidas disciplinarias, la aceptación por parte de todos los socios de sanciones creíbles y automáticas, la entronización constitucional de la regla de oro del equilibrio fiscal y concreciones que permitan la intromisión comunitaria en la elaboración y ejecución de los presupuestos públicos de los Estados miembros.
Existe otro terreno de gran interés en el que Merkel y Sarkozy tienen mucho que decir y más aún que imponer a sus socios del sur de la eurozona. Frente al desequilibrio de las cuentas exteriores que sufren los países del sur de la eurozona (fruto de una desindustrialización y especialización inconveniente que han sido alentadas por el mercado único y por los capitales alemanes invertidos en estos países) propugnan una disminución de la demanda interna que permita disminuir las importaciones y facilite un avance de las exportaciones que no exija, como hasta ahora, financiar con ahorro exterior el crecimiento económico. Para conseguir esa reducción de la demanda interna es necesario disminuir los costes laborales (salarios y cotizaciones sociales a cargo de las empresas) y fiscales (impuestos sobre beneficios y tributos que recaen sobre las empresas). Con esta devaluación interna, aspiran a incrementar márgenes empresariales, mejorar la competitividad de costes e impulsar (abaratando) las exportaciones. La reducción de ingresos fiscales se compensaría con impuestos indirectos, tasas y recortes de gastos, inversiones y servicios públicos.
Nada nuevo ni bueno cabe esperar de una cumbre europea liderada por Merkel y Sarkozy. Aunque habrá que esperar unos días para conocer el alcance de las propuestas que aprueben, es más que probable que confirmen las políticas de austeridad extrema que reducen el bienestar de la mayoría de la población, aumentan la desigualdad social y ponen en riego de exclusión a una parte importante de los trabajadores de menor renta.
Las políticas que propugnan Merkel y Sarkozy son ineficaces para lograr los objetivos que se proponen. No pueden avanzar sin extender la pobreza en Grecia y Portugal o sin generar graves problemas sociales y retroceso en las condiciones de vida y trabajo de buena parte de la población europea. No pueden solucionar ni los problemas de desempleo que afectan especialmente a los parados de larga duración empleados antes en la construcción y a una juventud con altos niveles de formación y cualificación laboral ni los problemas de endeudamiento que colocan a los países del sur de la eurozona al borde de la insolvencia.
Si la actuación de mercados e inversores agravan la crisis y las instituciones europeas no son capaces de plantear salidas razonables y equitativas en el reparto de costes, la ciudadanía está legitimada para intentar frenar, debilitar e impedir las medidas conservadoras y antisociales que se está imponiendo.