22 de septiembre de 2010, 14:59
NUEVATRIBUNA.ES - 7.12.2009
Desde hace treinta y cinco años, las autoridades españolas –dictatoriales en su día, democráticas hoy—tienen una patata caliente encima de la mesa: el Sáhara, aquella provincia española que contó incluso con procuradores en las Cortes franquistas y a la que abandonamos a su suerte en los acuerdos tripartitos de Madrid que luego hicieron posible la Marcha Verde de Marruecos para anexionarse aquella costa saharaui, rica en fosfatos y en caladeros de pesca.
Durante más de tres décadas, una de las interrogantes más incómodas para el Gobierno de Madrid ha estribado en qué hacer con sus antiguos compatriotas saharauis, a los que ahora ha puesto nombre, rostro y apellidos la activista Aminatu Haidar. La cuestión sin embargo, no es qué hacemos con ella o con los habitantes del Sáhara ocupado o los exiliados en Tinduf. La cuestión es qué hacemos con Marruecos, en relación con este caso: está claro que no sólo es un importantísimo aliado de España sino de las potencias occidentales en el polvorín del Magreb al que brinda una cierta estabilidad política, religiosa y militar. Sin embargo, ¿tendremos que estar sometidos eternamente a sus presiones y chantajes respecto a la cuestión saharaui?
En las últimas horas, Rabat ha amenazado con consecuencias imprevisibles en el caso de que España siga apoyando a la pacifista saharaui en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. ¿Pero cómo no apoyarla? Las insinuaciones de la diplomacia marroquí, claro está, no sólo se relacionan con ese eterno grifo de lanchas fuera borda que cruzan el Estrecho contrabandeando seres humanos o cannabis. También su eco llega hasta Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas del Estado español junto a las fronteras marroquíes de Nador, Castillejos y Ben Younesh, que el Istiqlal reclama desde hace décadas, junto a los territorios saharauis, para completar el mapa imaginario de los sueños que alberga todavía la dinastía alhauita.
Durante tres décadas y media, España ha hecho equilibrios en el alambre respecto al Sáhara. No ha llegado a reconocer oficialmente a la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio, tal y como han hecho otros ochenta países, pero al menos y fundamentalmente a través de los ayuntamientos ha brindado ayuda humanitaria a los deportados en ese enorme pedregal que es la Hamada argelina.
También a lo largo de ese periodo, los diferentes gobiernos españoles han respaldado abiertamente la resolución de Naciones Unidas que invitaba a la celebración de un referéndum de autodeterminación que viene siendo aplazado desde 1993, por las zancadillas marroquíes a la fijación de un censo que permitiera la consulta. La cuestión saharaui estuvo detrás, por ejemplo, de la práctica ruptura de relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat, durante el último periodo del mandato de José María Aznar, ya que los marroquíes no entendieron nunca como el Parlamento de Andalucía pudo servir de escenario para un simulacro de referéndum que auspiciamos algunos andaluces que seguimos creyendo en que la única solución posible a este litigio pasa por las urnas.
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE recién electo, viajó a Marruecos como primer destino oficial, regresó a casa convencido de que había que pasar página respecto al Sáhara, que nuestras relaciones con el reino de Mohamed VI debían ser prioritarias, que era suicida el coqueteo hispano-argelino del Aznarato y que debíamos olvidar la mala conciencia que aún nos afligía respecto a nuestra antigua traición a los saharauis cuando agonizaba el régimen franquista. Esa convicción de ZP llevó a nuestros representantes en Naciones Unidas a recular ligeramente en las posiciones que habíamos venido manteniendo respecto a la necesidad de una consulta a los habitantes del Sáhara, una hipótesis que Marruecos pretende aplazar mediante el establecimiento de una generosa autonomía para dicho territorio.
Esa indefinición más cobarde que prudente es la que está asumiendo nuestro país respecto a la crisis desatada por la voluntad heroica de una mujer que no se aviene a razones de Estado y en la que priman las razones importantes, las del corazón. Aminatu Haidar quizá se haya extralimitado a la hora de denunciar la postura española respecto a su pasaporte cuando realmente tendría que haber cargado las tintas contra el país que ocupa su patria profunda, ese desierto litoral que lleva desde poblaciones como Dajla, la antigua Villa Cisneros, a El Aiún, donde no le permiten desembarcar. Es verdad que Marruecos es el principal culpable de su desgracia y la de su pueblo, pero España como muchas otras potencias occidentales ha terminado convirtiéndose en cómplice necesario para su via crucis.
¿Tendremos el valor político de arriesgarnos a defender la dignidad de los saharauis, aunque ello nos cueste nuevos quebraderos de cabeza en el Estrecho? Esa pregunta no sólo cabe formularla al actual Gobierno español sino a la oposición. Y, sobre todo, a nuestro pueblo. En nuestras manos está la vida de esa mujer ejemplar y el destino de más de doscientas mil personas que siguen hablando en hassanía pero que a veces piensan aún en español.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
> Blog de Juan José Téllez
Desde hace treinta y cinco años, las autoridades españolas –dictatoriales en su día, democráticas hoy—tienen una patata caliente encima de la mesa: el Sáhara, aquella provincia española que contó incluso con procuradores en las Cortes franquistas y a la que abandonamos a su suerte en los acuerdos tripartitos de Madrid que luego hicieron posible la Marcha Verde de Marruecos para anexionarse aquella costa saharaui, rica en fosfatos y en caladeros de pesca.
Durante más de tres décadas, una de las interrogantes más incómodas para el Gobierno de Madrid ha estribado en qué hacer con sus antiguos compatriotas saharauis, a los que ahora ha puesto nombre, rostro y apellidos la activista Aminatu Haidar. La cuestión sin embargo, no es qué hacemos con ella o con los habitantes del Sáhara ocupado o los exiliados en Tinduf. La cuestión es qué hacemos con Marruecos, en relación con este caso: está claro que no sólo es un importantísimo aliado de España sino de las potencias occidentales en el polvorín del Magreb al que brinda una cierta estabilidad política, religiosa y militar. Sin embargo, ¿tendremos que estar sometidos eternamente a sus presiones y chantajes respecto a la cuestión saharaui?
En las últimas horas, Rabat ha amenazado con consecuencias imprevisibles en el caso de que España siga apoyando a la pacifista saharaui en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. ¿Pero cómo no apoyarla? Las insinuaciones de la diplomacia marroquí, claro está, no sólo se relacionan con ese eterno grifo de lanchas fuera borda que cruzan el Estrecho contrabandeando seres humanos o cannabis. También su eco llega hasta Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas del Estado español junto a las fronteras marroquíes de Nador, Castillejos y Ben Younesh, que el Istiqlal reclama desde hace décadas, junto a los territorios saharauis, para completar el mapa imaginario de los sueños que alberga todavía la dinastía alhauita.
Durante tres décadas y media, España ha hecho equilibrios en el alambre respecto al Sáhara. No ha llegado a reconocer oficialmente a la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio, tal y como han hecho otros ochenta países, pero al menos y fundamentalmente a través de los ayuntamientos ha brindado ayuda humanitaria a los deportados en ese enorme pedregal que es la Hamada argelina.
También a lo largo de ese periodo, los diferentes gobiernos españoles han respaldado abiertamente la resolución de Naciones Unidas que invitaba a la celebración de un referéndum de autodeterminación que viene siendo aplazado desde 1993, por las zancadillas marroquíes a la fijación de un censo que permitiera la consulta. La cuestión saharaui estuvo detrás, por ejemplo, de la práctica ruptura de relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat, durante el último periodo del mandato de José María Aznar, ya que los marroquíes no entendieron nunca como el Parlamento de Andalucía pudo servir de escenario para un simulacro de referéndum que auspiciamos algunos andaluces que seguimos creyendo en que la única solución posible a este litigio pasa por las urnas.
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE recién electo, viajó a Marruecos como primer destino oficial, regresó a casa convencido de que había que pasar página respecto al Sáhara, que nuestras relaciones con el reino de Mohamed VI debían ser prioritarias, que era suicida el coqueteo hispano-argelino del Aznarato y que debíamos olvidar la mala conciencia que aún nos afligía respecto a nuestra antigua traición a los saharauis cuando agonizaba el régimen franquista. Esa convicción de ZP llevó a nuestros representantes en Naciones Unidas a recular ligeramente en las posiciones que habíamos venido manteniendo respecto a la necesidad de una consulta a los habitantes del Sáhara, una hipótesis que Marruecos pretende aplazar mediante el establecimiento de una generosa autonomía para dicho territorio.
Esa indefinición más cobarde que prudente es la que está asumiendo nuestro país respecto a la crisis desatada por la voluntad heroica de una mujer que no se aviene a razones de Estado y en la que priman las razones importantes, las del corazón. Aminatu Haidar quizá se haya extralimitado a la hora de denunciar la postura española respecto a su pasaporte cuando realmente tendría que haber cargado las tintas contra el país que ocupa su patria profunda, ese desierto litoral que lleva desde poblaciones como Dajla, la antigua Villa Cisneros, a El Aiún, donde no le permiten desembarcar. Es verdad que Marruecos es el principal culpable de su desgracia y la de su pueblo, pero España como muchas otras potencias occidentales ha terminado convirtiéndose en cómplice necesario para su via crucis.
¿Tendremos el valor político de arriesgarnos a defender la dignidad de los saharauis, aunque ello nos cueste nuevos quebraderos de cabeza en el Estrecho? Esa pregunta no sólo cabe formularla al actual Gobierno español sino a la oposición. Y, sobre todo, a nuestro pueblo. En nuestras manos está la vida de esa mujer ejemplar y el destino de más de doscientas mil personas que siguen hablando en hassanía pero que a veces piensan aún en español.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
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