Recientemente, el Movimiento 15-M ha reverdecido la demanda de una reforma electoral. Recuerdo perfectamente, dado que estaba en esos menesteres, que en el marco del pacto presupuestario en el 2005, el Gobierno de Zapatero firmó con IU promover una reforma electoral más proporcional. El débil compromiso y el bloqueo del resto de partidos lo impidieron.
La Constitución española establece que el sistema electoral debe ser proporcional. Es decir, que exista proporción razonable entre los votos obtenidos y los escaños logrados por las fuerzas políticas. Lo primero que aprendí en Derecho Político es que las leyes electorales eran las normas jurídicas más políticamente partidarias. Aquellos que las promulgan lo hacen a beneficio propio. Aunque, muchas veces, con el tiempo, salgan escaldados. Así, Castilla-La Mancha ha pasado a manos del PP probablemente (después de lo de Extremadura, nada es seguro) porque tiene una ley electoral que castiga a IU, la tercera opción. En tiempos remotos, el PCE apoyó la barrera del 5% de los votos para obtener concejal con el fin de cerrar el paso a las formaciones a su izquierda. Ahora en muchos sitios la barrera es para ellos.
En muchas ocasiones, se le echa la culpa al bueno de Víctor D´Hondt de los males de la actual ley electoral. Este señor fue un jurista belga de finales del diecinueve que entre sus muchos estudios, tuvo la ocurrencia de inventar una fórmula para atribuir los votos en escaños. Cierto es que esta fórmula no es puramente proporcional; hay otras que la clavan mejor. Pero no es menos cierto que son otros los factores que alteran de forma más determinante la proporcionalidad.
En España, no hay un único sistema electoral; en cada nivel institucional existe uno propio. Por una parte, se encuentra el concerniente a la elección al Parlamento Europeo, que al igual que el municipal, tiene una proporcionalidad razonable al ser una sola circunscripción. Por otra parte, cada CCAA ha hecho de su capa un sayo; en algún caso salvajadas.
Al margen del Senado cuyo sistema es mayoritario y con escaso poder, donde mayor desproporción existe, es en el sistema de elección al Congreso. Su desproporción se debe básicamente a dos hechos. El establecimiento de la provincia como distrito electoral al que se le atribuye un mínimo de dos diputados y el escaso número de diputados en relación con la población española. Esto provoca un cóctel donde las opciones minoritarias de ámbito estatal les es casi imposible obtener un escaño. Excepción hecha de circunscripciones grandes como Madrid, Barcelona y alguna otra. Por ello, sería de interés una revisión del mismo. Una fórmula lógica, utilizada en otros espacios europeos, sería establecer un colegio electoral de restos donde irían los votos de aquellas opciones que no hayan sacado escaños en sus distritos. También se podría dejar a la provincia con un mínimo de un escaño en vez de los dos, que pasarían a las más pobladas. O ampliar el número de diputados, poco popular en la actualidad. Otras propuestas como la de listas abiertas, forman parte de otro debate pero tienen interés.
Soy consciente de que la reforma electoral sólo se pondrá en la mesa cuando sea una exigencia previa para acceder al poder. Tal como pasó en Gran Bretaña donde los demócratas liberales pusieron esa condición a los conservadores. Sin embargo, el pueblo británico rechazó en el mes de mayo en referéndum esa reforma por un aplastante 69% de Noes. Por lo visto, o no están tan descontentos con su actual sistema mayoritario, o no es asunto ciudadano dada la baja participación que hubo.