jueves. 28.03.2024

¿Por qué un banco público?

Casi todos los países del mundo disponen de bancos públicos y aquellos que no lo tenían por la vía de la nacionalización de bancos disponen de este instrumento a fin de poder manejar la presente crisis económica.

Casi todos los países del mundo disponen de bancos públicos y aquellos que no lo tenían por la vía de la nacionalización de bancos disponen de este instrumento a fin de poder manejar la presente crisis económica. En el caso de España si el gobierno quiere canalizar los créditos del Instituto de Crédito Oficial de manera eficiente y eso quiere decir en buena medida, pensar en el interés general, debería de disponer de una entidad pública para ello ya que como está la situación, es muy difícil que los bancos inyecten recursos a las pequeñas y medianas empresas. Y esto es algo más que una suposición teórica.

La falta de crédito ha creado un círculo vicioso de depresión en el consumo que tiene un recorrido bien conocido. Si el banco no te presta para compra, por ejemplo, un piso, el constructor no vende, este no puede pagarle a sus proveedores, estos tienen que despedir a sus empleados y estos trabajadores ya no pueden pagar sus deudas ni destinar recursos a consumo, las empresas no ingresan, el estado no recauda IVA, el estado no dispone de margen para realizar gasto público, las empresas que dependen del estado no ingresan y con todo la economía se contrae a un ritmo acelerado. Con un banco público, quizás, el gobierno no tendría tantos dolores de cabeza a la hora de distribuir el crédito.

La eficiencia de un banco público no está garantizada, como casi nada en esta vida, por eso junto a la creación de esta institución de crédito público hay que establecer los criterios para otorgarlos de manera planificada. No se trata de dar crédito por dar crédito sino de hacer circular el dinero de manera que se revierta el círculo vicioso de la recesión económica. De nada serviría dar créditos para que los receptores de este dinero los depositen en un banco para obtener rentas o los saquen del país y luego se declaren en concurso como pasó en EEUU.

Dar créditos con criterios de eficiencia, es decir pensando en el interés general, permitiría además no tener que adoptar medidas fiscales de dudosa eficacia tales como el aumento del IVA, bajar el impuesto de sociedades, supresión del impuesto sobre las ventas, la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y otras del mismo estilo que, siendo además contradictorias entre sí, favorecen una menor recaudación pública, constituyen un mecanismo cuyo impacto es muy reducido y que, además, de no atacar el fondo del problema puede favorecer prácticas contraproducentes como es la de mejorar la contabilidad empresarial vía ahorro sin inversión.

Pero pensar en un banco público no nos debe llevar a pensar en un banco minorista es decir, un banco comercial como los conocemos pero sí un sistema complementario a la Banca privada, para hacer llegar el crédito y atender necesidades sectoriales específicas allí donde la Banca privada, por razones de riesgo o falta de know how no lo hace o lo hace de forma insuficiente además de disponer de capacidad para hacer frente a ocasionales restricciones de crédito privado, dentro o fuera de esta crisis.

Durante buena parte de los años setenta, los años ochenta y la primera mitad de los años noventa en España era años de coeficientes bancarios, de economía dirigida, de intervencionismo estatal en el sector financiero y aún más, durante muchas décadas tuvimos bancos públicos y a los privados se les imponían fuertes coeficientes de inversión para que la economía siguiera la senda que se deseaba. Sin embargo, en los años ochenta, en tiempos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan se adoptó el modelo del capitalismo popular, privatizando todo aquello que tuviera un mínimo interés para el mercado, aunque se supiera que en muchos casos se compraba para hacerlo desaparecer y quitarse un molesto competidor. España no tardó en copiar este modelo y también privatizó todas las empresas públicas y en particular los bancos públicos, origen espurio de Argentaria.

Hoy a lo más que se llega es a que los bancos aceptan las ayudas del gobierno pero sin hacer demasiado caso, a pesar de las inyecciones de dinero estatal que están recibiendo, a las demandas de contraprestaciones sobre todo en lo relativo a dar créditos a empresas y particulares. Con ello ha quedado claro que la política de “la persuasión moral” a la que apeló Rodrigo Rato en su etapa ministerial, en lugar de la “intervención efectiva” no ha servido para nada puesto que en estos momentos, las entidades financieras están dispuestas a dejarse persuadir sólo hasta cierto punto.

Así pues cuando el sistema no funciona, es necesario tomar las medidas necesarias para resolver los problemas de los ciudadanos y aquí sí que apunto directamente a la acción del gobierno del que depende el ICO. Este Instituto de Crédito Oficial anuncia que da cantidades ingentes de préstamos para las pequeñas y medianas empresas, pero a su vez establece que los préstamos los darán los bancos pero sin establecer mecanismo para asegurar que el crédito vaya a sus destinatarios en condiciones concretas. Tenemos unas cajas de ahorros que se han estado durante años preocupando de invertir el dinero de los depositantes en promociones inmobiliarias y paquetes de acciones bursátiles, cuando se supone que deberían haberse preocupado en promover las inversiones productivas y generadores de empleo en sus zonas de influencia. Y finalmente tenemos unos bancos, que van por libre y que además hacen muy bien, ya que estos sí que tienen propietario y son sus accionistas los que deben decidir cómo se gestionan.

Ante esta situación podemos seguir sin hacer nada como hace este y el anterior gobierno o podemos tratar por ejemplo de crear un banco público para canalizar la política financiera del Gobierno que pase por algo más que gestionar los productivos tóxicos. Tenemos como base la infraestructura del ICO, la posibilidad de dotarle del capital público necesario para que pueda operar junto con los bancos privados y con las cajas de ahorros en el sistema financiero ocupando el nicho que estos no quieren, es decir, dar préstamos a un precio razonable a pequeñas empresas y particulares. Evidentemente, habría que acometer profundas reformas estructurales en esta entidad, y en particular, dotarle de la necesaria independencia de las presiones políticas que hasta ahora han sufrido las cajas de ahorros. Pero lo importante no es lo difícil que pueda ser hacer esto, sino la necesidad que tenemos de ello. No hay nada imposible si se tiene la voluntad de hacerlo.

Esta banca pública tendría capacidad para absorber los activos y pasivos de aquellos bancos pequeños y cajas de ahorros que puedan resultar afectados irreversiblemente por la crisis pero no sería su única función sino que sería una función complementaria a su objetivo principal y con ello, podría ser una forma de conseguir “limpiar” poco a poco el panorama actual de cajas de ahorro y cajas rurales de dudosa gestión. Tenemos miles de prejubilados bancarios con gran experiencia en la gestión del riesgo bancario y todavía jóvenes, que estarían encantados de prestar un servicio a su país y poder estar activos durante unos años más.

No nos engañemos, esta crisis va a ser larga y no se resolverá con medidas coyunturales. Si tenemos un problema duradero, busquemos soluciones duraderas.

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